Totalmente organizados y dispuestos a todo. Esta es la tesis que defiende el juez que ha enviado a prisión a los ocho detenidos por los disturbios del pasado sábado, el día en el que las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél fueron más intensas e incluso se tiraron cócteles Molotov y se intentó quemar una furgoneta antidisturbios de la Guardia Urbana en la Rambla de Barcelona. Los ocho detenidos y enviados a prisión, según las diligencias del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, estarían detrás del ataque a la furgoneta, así como del asalto a cuatro oficinas bancarias, el Hotel NH de la Rambla de Catalunya y el Zara de la Plaça Catalunya. Los desperfectos provocados solo en este último establecimiento tendrían un coste de unos 500.000 euros, siempre según las diligencias. El juez los imputa a los ocho (siete italianos y uno con nacionalidad española) los delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a agentes de la autoridad, manifestación o reunión ilícita, pertenencia a grupo criminal y homicidio en grado de tentativa. La suma de todos estos delitos "puede lograr en todos los casos una pena igual o superior a los dos años de prisión".

El juzgado de guardia de Barcelona ha decretado prisión provisional y sin fianza para ocho de los detenidos en los disturbios del sábado en Barcelona. Son los que forman el grupo que desde la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, dedicada a la lucha antiterrorista, vinculan con el movimiento anarquista y los disturbios en la capital catalana que dejaron la imagen de una furgoneta de la Guardia Urbana quemando. Se los investiga por los delitos de pertenencia a un grupo criminal, intento de homicidio –por el incendio de la furgoneta con un agente adentro–, atentado contra los agentes de la autoridad, manifestación o reunión ilícita, desórdenes públicos y daños. Los detenidos comparecieron este martes ante el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona y solo respondieron a las preguntas de su defensa.

Después de dos semanas de movilizaciones y disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, el vicepresidente, Pere Aragonès, ha comparecido este miércoles ante la Diputación Permanente del Parlament para expresar el posicionamiento del Govern. "Condenamos sin paliativos toda la violencia y expresamos el apoyo a los Mossos d'Esquadra y a las policías locales", ha expresado el también president en funciones. Ante las críticas al ejecutivo por no criticar de forma lo suficientemente contundente los disturbios, Aragonès ha querido cerrar filas ahora con los cuerpos de seguridad y ha aseverado que ningún "daño" a bienes públicos o privados ni acto de "saqueo" forma parte de la libertad de expresión y de manifestación.

Que los disturbios posteriores a las manifestaciones y protestas de estos días -que tienen el encarcelamiento de Pablo Hasél como detonante pero que incluyen una larga diversidad de reivindicaciones- estaban cogiendo un cariz preocupante ya se percibió con el asalto a la comisaría de los Mossos de Vic, el mismo 16 de febrero. Pero ya había larvas de unos niveles más altos de agresividad. Diez días antes se había lanzado un artefacto incendiario contra la sede de la Policía Local de Matadepera y la estación de tren de Vic fue gravemente vandalizada. Y todavía el 31 de octubre una manifestación en Barcelona contra las restricciones anticovid -vinculada por los Mossos a grupos de extrema derecha- ya acabó con 14 detenidos, 23 policías heridos y varios saqueos.

No ha habido unidad en Barcelona a la hora de decidir cuál era la mejor respuesta política ante el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y de los disturbios que se han ocasionado durante las protestas para pedir su liberación. El pleno ha discutido este viernes hasta cinco propuestas diferentes, cada una con el sello y la ideología de un partido diferente. El mínimo común denominador de todas era la condena de los hechos violentos y los destrozos de mobiliario urbano y tiendas, pero solo dos han quedado aprobadas: la que los comunes han pactado con ERC y JxCat -sin el apoyo de los socialistas, que son sus socios de gobierno-, que pide tramitar de manera urgente el indulto para Hasél, Valtònyc y cualquier artista condenado por delitos similares, y la del PSC, que se ciñe al rechazo "sin matices" de los hechos violentos que se han vivido estos días y al reconocimiento a los servicios de emergencias, limpieza y mantenimiento. Los socialistas han defendido, durante el largo -y agrio- debate de las proposiciones sobre los disturbios, que no era el momento de entrar en las causas de las protestas ni acelerar debates sobre el modelo policial, sino solo de condenar la violencia.

Rodeados de grandes marcas como Pull&Bear, Zara, Vodafone u Orange, todavía hay negocios familiares que sobreviven en la calle Gran de Gràcia. Una es la casi centenaria tienda Vall, de bolsas, maletas y complementos. La fundaron en 1923 los bisabuelos de Esther Vall, en un local en el número 165, que nació como una cestería y tienda de muebles. Con los años, el negocio ha ido derivando hacia los complementos y han abierto una tienda en la calle Escorial y, hace justo dos meses, otra en el número 108, en la esquina con Ros de Olano. Esther, junto con su hermana, son la cuarta generación de la familia que saca adelante este negocio en el corazón de Gràcia. Hace una semana que están "desesperadas": "El primer día de los disturbios nos hicieron pintadas con ácido y el sábado nos rompieron los cristales. En resumen: todo fatal", explica al ARA. A pesar de que los grandes titulares de los disturbios se los han llevado las tiendas de las multinacionales saqueadas, el caso de Esther pone voz a pequeños negocios que también se han visto afectados por los disturbios de estos días contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Como esto es un sainete, hoy plantearemos el artículo en tres escenas cómicas y un epílogo dramático. 

Hace una semana que estamos dando vueltas en círculos a la libertad de expresión y de manifestación, a la violencia de algunos manifestantes, a las unidades antidisturbios de los Mossos. De esta niebla espesa empiezan a salir dos evidencias: la primera es que emergencia económica, emergencia nacional y emergencia generacional es una suma que pondría cualquier país al borde del estallido social. Así está Catalunya en estos momentos. Pero el país tiene a la gente, el talento y parte de las herramientas que hacen falta para salir adelante. Y por eso (segunda evidencia) es imperativo que los partidos que pueden hacer gobierno lo hagan con más sentido de estado (es decir, pensando en el país y no en el partido) y más rápidamente que hasta ahora. Ya hace nueve días de las elecciones y el Govern, es decir, un primerísimo instrumento de servicio a la gente y de autoridad reconocida por todo el mundo, ya es urgente.  

Para algunos, parecéis intocables. El pilar sobre el cual descansan nuestras ciudades: los contenedores que nos dimos entre todos. Para otros, sois material inflamable. Jóvenes que queman toda la mierda que acumuláis adentro para emitir señales de humo con la esperanza de que alguien les vea.

Una cuarentena de mandos de los Mossos d'Esquadra se han reunido esta mañana en el complejo central de Egara en la reunión semanal de la cúpula, centrada, lógicamente, en las protestas de los últimos tres días en Catalunya por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Han mostrado preocupación por la violencia que se ha visto en la calle y por el hecho que la policía sea un objetivo de los manifestantes. Por eso todos los que han intervenido han expresado su apoyo a la plantilla. Según fuentes del cuerpo, el jefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, ha querido hacer explícito este apoyo a los agentes de la comisaría de Vic y a todos los que se han encontrado en una situación de peligro, aparte de pedir a los mandos que sean próximos en unos días que ha definido de "complicados".

El presidente español, Pedro Sánchez, toma partido en la disputa abierta entre los socios de gobierno en el Estado a raíz de las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasél. Después de un alud de críticas desde la derecha por la defensa desde Podemos de los disturbios -tanto el PP, como Cs y Vox han pedido de nuevo la dimisión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a pesar de que no ha hecho ningún pronunciamiento en este sentido-, Sánchez ha defendido este viernes desde Mérida que "en una democracia plena como la española es inadmisible cualquier tipo de violencia". El líder socialista no ha hecho una condena explícita de los disturbios, pero sí ha asegurado que "la democracia ampara la libertad de manifestación, de expresión, incluso los pensamientos más infames y absurdos, pero no la violencia". "La violencia es la negación de la democracia", ha añadido.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer qué pasó en el caso de la chica que perdió un ojo previsiblemente por el impacto de un proyectil de foam durante la primera noche de disturbios en Barcelona después de las manifestaciones por la libertad de Pablo Hasél. El director del cuerpo, Pere Ferrer, ha dicho que ya se han puesto en contacto con la familia de la afectada, a quien ha asegurado que agentes de la unidad de mediación visitaron en el hospital, y también con el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia, que son quienes alertaron del caso, y ha prometido "máxima transparencia". El comisario Joan Carles Molinero ha explicado en rueda de prensa después de la segunda noche de disturbios que están analizando la trazabilidad de los proyectiles que se dispararon y que determinarán si se utilizaron siguiendo todos los protocolos internos. Según el cuerpo, durante la primera noche de disturbios se dispararon 300 proyectiles de foam en diferentes ciudades catalanas y la segunda, 120. La chica herida tiene 19 años y hoy será operada en el Hospital Clínic de Barcelona.

El conseller del Interior, Miquel Sàmper, ha condenado con "mayúscula y negrita" los disturbios que se produjeron ayer en diferentes ciudades catalanas después de las concentraciones de protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél, y ha subrayado que "la violencia no está nunca amparada ni permitida en el derecho a manifestación". Sobre todo ha lamentado la violencia "gratuita" contra los Mossos y la Guardia Urbana y los disturbios en la comisaría de Vic, donde los agentes tuvieron que recurrir al código 33, que solo se utiliza en casos de extrema gravedad.

Lo ha hecho, ha confesado unos hechos que no ha cometido. Peor todavía, ha asumido pagar una cuantiosa indemnización por la reparación de los daños de una furgoneta policial que no ha dañado y una indemnización por las lesiones de un agente que se cayó mientras lo golpeaba para detenerlo. Esta decisión duele en el alma de cualquiera: defender la propia dignidad y la verdad, o claudicar y comprar seguridad. Esta confesión engrosará las envenenadas estadísticas que el día de mañana serán usadas para demostrar que el sistema funciona: los cuerpos policiales redactan atestados, la Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen acusaciones en base a estos atestados y, finalmente, se dicta una sentencia que cierra el círculo y valida todo el engranaje. Una vez cerrado el acuerdo, se hará un juicio, denominado de conformidad, que se reduce a que las acusaciones rebajan la pena para asegurar un no ingreso en prisión, a cambio de la admisión de los hechos y de la pena por parte de la persona encausada. Nuestra confesión servirá para demostrar que los agentes policiales detuvieron a quien correspondía, que la Fiscalía y las otras acusaciones también acusaban a quienes correspondía y que la sentencia ha condenado a quien era culpable. ¿Qué muestra más indudable hay que una confesión para demostrar la culpabilidad de alguien?