María Tardón (Zarzuela del Pinar, Segovia, 1957) es jueza de la Audiencia Nacional desde el 2018, cuando tomó el relevo de Carmen Lamela, la magistrada que en septiembre del 2017 envió a los Jordis a prisión. Tardón, madre soltera y una apasionada del cine, ha hecho cameos en cinco películas y ha completado muchas etapas del Camino de Santiago. Empezó a trabajar a los dieciséis años en una empresa de chocolate mientras estudiaba derecho a distancia y hace 39 años que ejerce de jueza. Tuvo solo un paréntesis de cuatro años para dar el salto a la política como teniente de alcaldía de Seguridad con el PP de Madrid de 1999 al 2003. Ahora está en la primera línea de la actualidad porque investigará la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y su pasado en el PP ha llevado al ministro Óscar Puente a “dudar de su imparcialidad”.

Una jueza de la Audiencia Nacional investigará la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio. Después de dos informes iniciales de la policía española, que apuntaban a la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, María Tardón decidió el lunes que es competente para abrir una causa e investigar la posibilidad de que se haya cometido un delito contra la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito de organización criminal. El primer movimiento que ha hecho ha sido pedir al ministerio del Interior toda la documentación que desclasificó e hizo pública el gobierno español. Ahora bien, los expertos consultados por el ARA coinciden en que la investigación tendrá poco recorrido para conseguir que alguien asuma responsabilidades penales. “Es una especie de brindis al sol, es completamente impensable que Marruecos colabore”, dice Manuel Cancio, catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. “La jueza se topará con un muro que hará que sea muy difícil seguir adelante, Marruecos no colaborará y no entregará a ciudadanos marroquíes”, añade Ramon Ragués, catedrático de derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

El PSOE mantiene inalterado el guion que ha instaurado desde que estalló el caso Leire Díez y continúa levantando un muro entre Ferraz y la conocida como fontanera socialista. Ahora ha sido el turno de Ana María Fuentes, la actual gerente del partido, que ha declarado en la Audiencia Nacional como investigada por falsedad en documento mercantil. La Guardia Civil y el juez Santiago Pedraz sospechan que falseó facturas y notas de encargo para hacer llegar dinero a Leire Díez y, de paso, disimular los pagos. Fuentes presentes en la declaración explican al ARA que Ana María Fuentes ha cargado las culpas a Santos Cerdán, que en aquel momento era el secretario de organización del partido y también está investigado, alegando que él era quien tomaba las decisiones y quien ordenaba y daba el visto bueno a las órdenes de encargo, a las facturas y a los pagos. Ella ha defendido que hacía lo que él le decía, que se limitaba a pagar y que “no controlaba” expresa y específicamente en qué se gastaba el dinero.

La Audiencia Nacional ha decidido abrir una causa penal para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio. Después de el aval de la Fiscalía y de recibir los informes que encargó a la policía española y a la Guardia Civil, la jueza María Tardón considera que es competente para analizar unos hechos que cree que podrían enmarcarse en tres delitos: uno que compromete la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros –en conexión con un delito de homicidio imprudente por los 83 cadáveres que se encontraron en aguas españolas– y de organización criminal. “Nos encontramos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”, sostiene. “Se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado”, añade la jueza, que recuerda que Pedro Sánchez presentó los hechos como una “violación de la integridad territorial de España”. Además, apunta que los hechos los promovió una “pluralidad de personas aún no identificadas” y justifica que un “flujo migratorio masivo” es “uno de los métodos característicos” de la guerra híbrida.

La Fiscalía es partidaria de que la Audiencia Nacional abra formalmente una causa penal sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio. Así lo expresa el informe que ha entregado el fiscal Jesús Alonso, que concluye que la jueza es competente para investigar los hechos. Después de haber recibido el pronunciamiento del ministerio público y los informes de la policía española y de la Guardia Civil, la magistrada María Tardón tomará una decisión en los próximos días. La Fiscalía argumenta que el “principal resultado” de la entrada de migrantes afectó a Ceuta y justifica que la ley del poder judicial permite que la jurisdicción española ponga la lupa sobre “conductas desarrolladas fuera del territorio nacional” cuando existan “elementos de conexión suficientes” y cuando los “efectos jurídicamente relevantes” se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español.

Quince años después del anuncio del cese definitivo de la actividad armada, los presos de ETA vuelven a ser de actualidad porque los regímenes de semilibertad han enfrentado durante los últimos meses al gobierno del País Vasco con la Fiscalía y la Audiencia Nacional. A lo largo de 2026, dos jueces de vigilancia penitenciaria han revocado cinco decisiones del ejecutivo que comparten el PNB y el PSE. La justicia ha puesto especialmente en duda las prisas a la hora de otorgar regímenes del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que sirve para que un preso salga de la cárcel para llevar a cabo un programa específico de tratamiento que vaya encaminado a su reinserción; o terceros grados, que permiten hacer vida fuera de la cárcel y volver solo para dormir.

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha preguntado a la Guardia Civil si recibió "alguna información los días previos que hubiera podido alertar" de la "entrada irregular masiva" de miles de personas a Ceuta provenientes de Marruecos entre el 30 y 31 de julio pasado. En una providencia a la que ha tenido acceso el ARA, la magistrada solicita a la Jefatura de Información del instituto armado que informe del "dispositivo desarrollado por los diferentes efectivos de la Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo que respecta a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales.

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, rectifica y acepta ahora estudiar el incidente de nulidad que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado ha admitido parcialmente la petición sobre una posible vulneración de algunos de sus derechos. En su momento, Calama rechazó el incidente de nulidad de la causa porque había presentado el escrito "fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso a las actuaciones". Ahora, sin embargo, el juez ha comprobado que algunas de las resoluciones que pide que se anulen le fueron notificadas más tarde y, por lo tanto, el plazo no habría vencido para todas.

El juez mueve ficha para radiografiar los presuntos pagos que hizo el PSOE a Leire Díez en el marco de las supuestas maniobras instigadas para desestabilizar y obstaculizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. Santiago Pedraz quiere profundizar en la sospecha de que una serie de facturas abonadas por el partido sirvieron para sufragar la actividad de la conocida como fontanera del PSOE de manera encubierta. El magistrado de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Guardia Civil –avalada por la Fiscalía Anticorrupción– y ha requerido información a doce bancos sobre los movimientos y los saldos de 81 cuentas que tienen relación con la causa. Seis de ellas son del PSOE. Además, hay 62 de Ismael Oliver y de su bufete de abogados, once vinculadas con Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, y una de Jacobo Teijelo, que es uno de los abogados de Santos Cerdán.

Antes de las vacaciones de verano, José Luis Calama ha movido ficha para profundizar en la investigación patrimonial de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras un nuevo informe de la UDEF, ha dado luz verde a una batería de peticiones de información para seguir la pista del dinero relacionado con la presunta “estructura organizada y estable orientada al ejercicio de influencias ilícitas”. El auto, al que ha tenido acceso el ARA, autoriza a la policía española a acceder a 57 cuentas de doce bancos. 25 son del expresidente español, de sus dos hijas y su secretaria –que también están investigadas– y de Julio Martínez Martínez. Los otros 32 son de empresas vinculadas con la supuesta trama. En el caso de Zapatero, la petición es al Banco Santander, a CaixaBank y al BBVA, tres bancos donde tiene seis cuentas bancarias.

El gigante sueco de la moda H&M no podrá revisar los bolsos personales ni los armarios de sus empleados, como hacía hasta ahora para controlar si habían robado. La Audiencia Nacional ha declarado nula esta práctica y ordena a la empresa que deje de llevarla a cabo "inmediatamente".

La estrategia de defensa del empresario Julio Martínez Martínez se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza para José Luis Rodríguez Zapatero. El amigo y presunto testaferro del expresidente del gobierno español la ha puesto en práctica esta semana aconsejado por la abogada María Dolores Márquez de Prado. Es de quien iba acompañado este martes cuando compareció como investigado en la Audiencia Nacional, un escenario que Márquez de Prado conoce muy bien. Esta reconocida penalista ejerció de fiscal allí durante diecisiete años. Una etapa en la que se ganó el apodo de "indomable". Justamente por ser un quebradero de cabeza para otro exlíder socialista, el expresidente español Felipe González durante su etapa en la Moncloa.

Cuando el 21 de febrero de 2024 la Guardia Civil lo detuvo, Víctor de Aldama era presidente del Zamora CF y su nombre nunca había aparecido relacionado con el gobierno español. Dos años y medio después, su colaboración “activa” en las investigaciones judiciales que salpican a Pedro Sánchez lo ha convertido en una bomba de relojería para el PSOE. No solo por la “cooperación plena y continua” con la justicia que ha desembocado en la condena de José Luis Ábalos y Koldo García, sino porque, sacando pecho de los beneficios que comporta destapar el pastel, se ha convertido en un camino a seguir para otras personas. Y es un punto débil de la defensa que hace la Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta misma semana hemos tenido algunos ejemplos. 

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la misma entidad, Roberto Rosselli, implicados en el caso Zapatero, han dimitido de sus cargos. Lo han hecho mientras eran investigados por el préstamo que recibió la empresa durante la pandemia, tal como han avanzado fuentes de la ACB y ha confirmado EFE.

“Yo lo tendré al acabar el consejo [de ministros], así hemos quedado”. Este es el mensaje de la discordia al que se aferra Jorge Fernández Díaz para intentar conseguir la absolución en el juicio del caso Kitchen, que ha entrado en la recta final en la Audiencia Nacional tras casi cuatro meses. ¿De dónde sale? Es un SMS que el 2 de agosto de 2013 habría enviado presuntamente el entonces ministro del Interior a su número dos, Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad. Es una de las pruebas que desembocaron en la imputación de Fernández Díaz –en septiembre de 2020– y que lo han conducido al banquillo de los acusados. La Fiscalía pide quince años de prisión. Ahora bien, desde el primer día él niega la autenticidad. “Nosotros mantenemos la tesis de que estos mensajes no existieron nunca. Si existieron, no fueron ni enviados ni reenviados por él”, ha defendido su abogado, Jesús Mandri, durante el informe final. Considera que experimentaron una “clara manipulación” y una “creación ad hoc” y que es “inverosímil” sostener que los mensajes procedían del exministro. En cambio, fuentes de las acusaciones los avalan aduciendo que no tiene ningún sentido que Francisco Martínez pusiera negro sobre blanco algo que lo incriminaba.

Julio Martínez Martínez se ha convertido en una de las piezas clave de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos se conocieron en 2011, cuando el expresidente le vendió una casa en Almería, se hicieron amigos y se aficionaron a salir a correr juntos. La UDEF cree que era su testaferro. 24 horas después de trastocar la estrategia de defensa de Zapatero asegurando que él era quien “marcaba los pasos a seguir” en el rescate de Plus Ultra, el empresario ha estado cuatro horas declarando ante el juez José Luis Calama como investigado y ha ratificado al detalle la confesión sobre la intervención del expresidente. A pesar de ello, ha dicho que no sabe en quién influyó o con quién habló para que la aerolínea consiguiera la ayuda pública. Fuentes presentes en la declaración explican a el ARA que ha relatado que él se limitaba a transmitir a Zapatero lo que le decían los clientes, que no entraba en las gestiones que él hacía y que él no le reportaba si iba a ver a alguien.

El Tribunal Constitucional comenzará a mirar de nuevo la amnistía dentro de dos meses, el 22 de septiembre, porque en total, ¿qué son sesenta días en la vida de una persona que espera justicia, exiliada o inhabilitada, desde hace casi nueve años? Ya no vendrá de aquí.

El 19 de mayo a primera hora, una noticia estalló como un obús inesperado: un juez de la Audiencia Nacional imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias. Un mes más tarde, quien en los últimos años ha sido fiel escudero y celador de Pedro Sánchez declaraba ante José Luis Calama durante casi tres horas y negaba de raíz todas las sospechas. Pero se dejaba un tema en el tintero: las joyas con valor de 1,3 millones de euros que la policía española encontró en la caja fuerte de su despacho. Una semana más tarde, la UDEF abrió una nueva vía y apuntó que Zapatero cobró 200.000 euros por influir en Bolivia a favor de una empresa peruana. Desde entonces, las filtraciones y las quejas de la defensa del expresidente español han sido las únicas novedades de una causa sobre la que todavía planean muchas incógnitas. Desde aquel momento, y a pesar de los interrogantes que permanecen abiertos, la Moncloa mantiene el apoyo cerrado al expresidente español y Pedro Sánchez reitera la “confianza” en él.

La directora general de la Guardia Civil ha vuelto a la Audiencia Nacional para declarar como investigada por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez. Su nombre afloró después de que la Unidad Central Operativa (UCO) descubriera que se había reunido con la conocida como fontanera del PSOE, a pesar de que ella se ha desmarcado desde el primer momento de la presunta trama para torpedear investigaciones judiciales. Según ha podido saber el ARA, ante el juez ha afirmado que es una “víctima” de Santos Cerdán, que era el número tres del partido y con quien “nunca” tuvo una “buena relación”, y ha asegurado que si hubiera sabido que Leire Díez iba de su parte, se habría negado a recibirla. Ha añadido que no vio “nada oscuro” en los contactos con ella y que nunca hablaron de las investigaciones internas en el seno de la Guardia Civil.

Ni presiones ni órdenes para no investigar el entorno de Pedro Sánchez. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, que está investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez, se ha defendido ante el juez Santiago Pedraz. El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, aseguró que en julio de 2024 él instó a los agentes a “ponerse de perfil” en las causas judiciales con afectaciones políticas y les conminó a no ser proactivos y ceder el protagonismo de impulsar las causas a los jueces. Manuel Llamas ha estado declarando durante más de dos horas y ha negado cualquier maniobra para torpedear u obstaculizar las investigaciones: ha asegurado que en ningún momento dijo que se debían poner de perfil y ha negado cualquier tipo de presión.