José Manuel Villarejo ha sido el protagonista del día en el juicio del caso Kitchen. El comisario jubilado de la policía española, que hace años que desfila por los juzgados y que forma parte de la cúpula de la policía patriótica, ha estado tres horas ininterrumpidas contestando las preguntas del fiscal en una declaración enrevesada en la que se ha dedicado a disparar a torta y a siniestra y ha puesto varios nombres sobre la mesa. Uno de los destacados ha sido el de Mariano Rajoy, a quien ha acusado de beneficiarse del espionaje ilegal a Luis Bárcenas: "Se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bienes en el extranjero por si había algo que le afectara a él. Todos los que están imputados fueron engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu [un whisky]", ha dicho. "Posiblemente, quiso subirse al carro, aprovecharse del tema y «Si hay algo de mi [negocio], también lo quiero»", ha añadido más tarde. Previamente, ha asegurado que el expresidente del gobierno español le pedía "a través de terceros" que le informara "directamente" de su actividad porque "no se fiaba" de lo que le explicara el ministro Jorge Fernández Díaz.

Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez han enterrado el hacha de guerra y, negación tras negación, han ejecutado con luces y taquígrafos un pacto de no agresión. Después de dos meses de juicio y más de 150 testigos, los dos principales acusados del caso Kitchen han entrado en escena: han seguido el guion previsto y han negado cualquier implicación en el espionaje a Luis Bárcenas. La Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro del Interior y para el exsecretario de Estado de Seguridad. Sus declaraciones han tenido una pacificación que fue inexistente durante la instrucción, muchos puntos de conexión y una contradicción palmaria. El denominador común ha sido desentenderse de las cloacas del Estado. Jorge Fernández Díaz ha relatado que tuvo conocimiento de la Kitchen, "como el común de los mortales", a finales del 2015, cuando "empezó a aparecer" en los medios de comunicación: "Hasta entonces no había oído hablar de ella ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me había hablado de ella", ha asegurado. Francisco Martínez también ha negado que ordenara un dispositivo contra el extesorero del PP: "Jamás ordené investigaciones sobre nada", ha dicho.

Un año y un día después de que Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE, irrumpiera en la actualidad, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. En los últimos 366 días, Santos Cerdán ha dimitido como número 3 del PSOE, ha entrado en prisión y ha salido de ella, y Díez ha pasado del anonimato a la primera plana política. Y ahora la Audiencia Nacional ha conectado definitivamente sus caminos. El juez Santiago Pedraz cree que, junto con otra gente, urdieron una red con el objetivo de "desestabilizar y obstaculizar" de manera "sistemática y continuada" cualquier causa judicial que pudiera salpicar a Pedro Sánchez. Santos Cerdán, que era el "líder" y tomaba las decisiones "estratégicas", encargó a Leire Díez en abril de 2024 la "coordinación y ejecución" de todas las actuaciones. El plan implicaba ofrecer "remuneraciones o favores" a funcionarios de la Guardia Civil, investigados o fiscales "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". En el punto de mira estaban, especialmente, los jueces que empezaban a investigar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.

La sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid se ha despertado con la visita de agentes de la Unidad de Acción Operativa de la Guardia Civil. Llevaban una orden judicial para que se les facilitara toda una serie de información vinculada a un caso bajo secreto que hace meses que investiga la Audiencia Nacional. En caso de que los socialistas se hubieran negado a facilitar la documentación a los policías, incluso tenían firmada una autorización para registrar la sede del partido. ¿Qué buscaba allí el juez Santiago Pedraz?

Uno de los dos informes de la UDEF –la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional– que han servido al juez para imputar José Luis Rodríguez Zapatero se queja de los palos en las ruedas que la SEPI –el brazo inversor del Estado y quien dio luz verde al rescate de Plus Ultra– puso durante la investigación. "La documentación remitida era incompleta y presentaba carencias que impedían su análisis", concluye el documento, al que ha tenido acceso el ARA. El juez tuvo que hacer una segunda petición de información porque la primera remesa de documentación era insuficiente: "Algunas de las carpetas están vacías de contenido y no tienen documentación y otros archivos no pueden ser abiertos", dice la UDEF. También lamenta que los correos electrónicos que aportó eran del año 2025, cuatro años después del rescate. "Cabe señalar que estos correos existen o han existido", puntualiza la UDEF. "Queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación", añade en otro momento.

Plus Ultra es la empresa que está en el epicentro de la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate público de 53 millones de euros que recibió presuntamente gracias a la influencia del expresidente español. Ahora bien, la aerolínea no es el único cliente del entramado societario de Julio Martínez Martínez dirigido supuestamente por el exlíder socialista desde la sombra. Tanto la UDEF en los informes policiales como el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto de imputación hablan de una organización consolidada que buscaba lucrarse gracias a la "intervención directa" de Zapatero en "operaciones internacionales de alto valor". La comisión recibida presuntamente de los directivos venezolanos de Plus Ultra sería solo una de las vías de ingresos de la trama.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero no es solo la imputación de un expresidente español (que ya es mucho). Es también la imputación del máximo hombre de confianza de Pedro Sánchez después de que haya caído su entorno más cercano: José Luis Ábalos, en prisión preventiva, y Santos Cerdán. Zapatero es el último pilar del líder del PSOE que queda en entredicho por una trama de presunta corrupción.

El juez José Luis Calama ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero porque cree que era el "núcleo decisorio y estratégico" de una "red" que ejercía influencias. "Su liderazgo no se manifiesta de manera formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en la medida de lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas", dice el auto al que ha tenido acceso el ARA. Subraya que este rol "se deduce" de "múltiples evidencias" y pone especial énfasis en algunas de las conversaciones que salen reflejadas en el sumario –en las que no participa directamente Zapatero.

No es fácil encontrar una foto suya, tampoco en Google, pero su discreción contrasta con la envergadura de las macrocausas que suele tener entre manos. José Luis Calama Teixeira, el juez que justamente este miércoles cumple 67 años y que ha imputado al expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, hace tres décadas que pertenece a la carrera judicial española y desde 2018 ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional, donde ha destacado por la investigación del espionaje a diversos miembros del gobierno español con Pegasus.

4.311 días después de la confesión de Jordi Pujol, el juicio contra su familia ha quedado visto para sentencia. En medio, ha habido una ardua investigación judicial que se alargó seis años, una estancia de ocho meses del primogénito del expresidente de la Generalitat en prisión y un sumario de 80.000 folios. El 24 de noviembre de 2025 la Audiencia Nacional dio el pistoletazo de salida al juicio: 38 sesiones, 200 testigos, 17 acusados defendidos por la élite del derecho penal catalán y dos acusaciones. Tres jueces y una incógnita por responder: la fortuna que la familia Pujol tenía en Andorra era una herencia o era fruto de la corrupción? Estos han sido los mejores momentos en la Audiencia Nacional.

Nadie discute que la familia Pujol tenía dinero en Andorra. ¿Pero de dónde provenía la fortuna? ¿De la herencia del abuelo Florenci, de la corrupción o de favores inconfesables? Esto es lo que, durante 38 sesiones y seis meses, ha intentado resolver la Audiencia Nacional. Ahora, tres jueces que han escuchado a 200 testigos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de los diecisiete acusados deberán emitir un veredicto: condena o absolución. Este jueves se ha celebrado la última sesión en San Fernando de Henares y el caso Pujol ha quedado visto para sentencia catorce años después del inicio de la causa. La sentencia podría estar lista a finales de julio.

Durante casi dos horas y media, Cristóbal Martell ha intentado desmontar la acusación de la Fiscalía contra Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de prisión. El abogado de la familia ha arrancado con vehemencia para evidenciar la falta de pruebas que avalen la "grandilocuente afirmación" que el expresidente de la Generalitat tejió una "red de clientelismo" para lucrarse de comisiones ilegales a cambio de obra pública: "Cuando una acusación empieza con un frontispicio tan altisonante y ambicioso, uno espera columnas que sostengan con fundamento esta afirmación gruesa. Nada", ha proclamado. "¿Con esto se satisface un escrito del ministerio fiscal y se lleva a una sala de un estado democrático?", se ha preguntado con ironía en un momento de su intervención. "No parece razonable llevar esto a una sala de justicia en un estado de derecho de garantías", ha añadido en otro momento.

Después de casi seis meses, el juicio del caso Pujol llega –ahora sí– a la recta final, y si los pronósticos optimistas del tribunal se cumplen el jueves quedará visto para sentencia. Este lunes han terminado las declaraciones de los acusados, con los cuatro empresarios que quedaron pendientes hace diez días. A las ocho y media de la mañana los abogados mantenían una distendida tertulia futbolística mientras esperaban que les dejaran entrar. Y, entre bambalinas, periodistas y letrados aprovechaban los recesos para hacer quinielas sobre cuál sería el veredicto del fiscal. Finalmente, Fernando Bermejo ha optado por mantener las peticiones de pena de prisión que solicitó la Fiscalía Anticorrupción inicialmente: 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, 17 años para Mercè Gironès –su exmujer–, 14 años para Josep Pujol, 8 años para sus hermanos y 5 años para los nueve empresarios. "Si no ha habido sentido común hasta ahora, ¿por qué lo habrá ahora?", se preguntaba un rato antes uno de los abogados. Y otro aconsejaba excluir a los empresarios que no tienen nada que ver con obras públicas: "Entre privados, es mucho más difícil mantener la acusación, y el filtro del Supremo no es fácil de superar", avisaba, pensando ya en un posible recurso. Pero el fiscal ha seguido adelante.

El juez “progresista” –o si más no propuesto por los de Podemos– José Ricardo de Prada hizo ir el lunes a primera hora al presidente Jordi Pujol a la Audiencia Nacional en Madrid. Más que hacerle declarar, lo que se deseaba era someterlo a otro examen forense para exhibirlo como trofeo herido, si no abatido. Y esto, para después poder tratarlo de discapacidad y retirarlo de la causa y mantener abierta para siempre la sospecha de una hipotética culpabilidad, cosa de la que él mismo se quiso defender hasta el final. ¡Quizás aquí estaba el riesgo!

La última vez que hubo una expectación similar en San Fernando de Henares fue el 24 de noviembre del año pasado. Una multitud de periodistas esperaba desde primera hora de la mañana con un frío glacial la llegada de la familia Pujol. Era el día que comenzaba lo que se ha bautizado como el juicio de la década, aunque después de aquella jornada el foco mediático no ha vuelto a ser el mismo. En Madrid los comentarios en las tertulias han sido mínimos en los últimos meses y el juicio no ha abierto portadas ningún otro día que no fuera el primero. Hasta este lunes 27 de abril, donde volvía a haber más o menos los mismos periodistas, esta vez pasando calor y con la máxima expectación por la decisión ampliamente incomprendida del presidente del tribunal, Ricardo de Prada, de hacer ir presencialmente a Jordi Pujol a la capital española. "Ha descubierto el mar Mediterráneo", ironizaba un letrado, cuando han decidido excluir de la causa al expresidente por incapacidad.

Después de la decisión de excluir al presidente Jordi Pujol de la causa, el plato fuerte en la Audiencia Nacional ha sido la declaración de su hijo mayor, para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión por cinco delitos. La primera entrega ha durado casi tres horas, hasta que su abogado ha pedido ponerle fin al verlo "manifiestamente cansado". El fiscal Fernando Bermejo se ha dedicado a repasar al detalle sus negocios y el primogénito ha defendido a capa y espada su trabajo. "Lo que he hecho está bien hecho" y "no hay nada que ocultar", ha reivindicado en dos momentos del interrogatorio.

Se ha acabado el juicio para Jordi Pujol. El tribunal lo ha dejado fuera de la causa por incapacidad de defenderse. Ha pasado lo que avanzamos que podía pasar el miércoles de la semana pasada. Lo han dejado fuera porque el hombre no estaba en condiciones y porque, en el fondo, les era mucho más cómodo apartarlo de la causa que tener que absolverlo, que, a la vista del juicio, era lo que iba a pasar. Pocos minutos antes de las once de la mañana, dos horas después de la llegada del expresidente a la Audiencia, el presidente del tribunal, José Ricardo Prada, lo ha explicado así:Presidente del tribunal: “El tribunal tenía un especialísimo interés en tener una entrevista con el señor Jordi Pujol Soley y conocer de primera mano cuál era su situación personal. (...) La conclusión que extrae o ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento y capacidades en este juicio. Con ello, se acuerda que a partir de este momento queda… No quiero usar la palabra ‘expulsado’, pero sí, efectivamente, queda fuera del procedimiento. (...) La decisión de la sala ha dependido de los informes médicos existentes anteriormente, del informe médico forense, que ya se había aportado al inicio de las sesiones de la vista, y del último informe médico que ha emitido el médico forense al tribunal. Y, como digo, también del contacto personal imprescindible, ya que es el tribunal quien tiene que tomar la decisión y no puede diferir esta decisión a nadie más”.En esta conversación que ha dicho el juez, Pujol ha dicho a los médicos que quería declarar, que es lo que tenía que decir. Pujol no es de esconderse, y si lo hubieran de apartar de la causa lo tenía que hacer el juez, no pedirlo él. Pero, obviamente, todo el mundo sabía que Pujol no estaba en condiciones de declarar, porque se cansa enseguida, no oye bien, se repite y hace repetir, tiene cerca de 96 años, camina con andador y se levanta tarde. Las preguntas que nos hemos hecho estos días subsisten: si los médicos ya habían dicho que no podía ir, si para tener esta conversación final con Pujol no hacía falta hacerlo ir a Madrid, ¿por qué le han hecho ir?  Pues para que no se dijera que era  blando, y para que… Ya les avancé el miércoles pasado. Les dije: “No piensen que esto que diré ahora es una pirueta exagerada. Que lo hagan ir a Madrid también puede tener otro sentido (además del escarnio): que el juez se cubra y pueda decir que, después de hacerlo ir y de hacerlo examinar por los forenses, lo sacan de la causa. En el fondo es muy posible que el tribunal prefiera decir que no lo pueden juzgar a tenerlo que absolver, que viendo cómo ha ido el juicio no sería nada descartable”. Y así ha sido. Eso sí, que antes pague la pena del telediario, si no es más. El presidente Pujol queda fuera de la causa, pero el juicio a sus hijos continúa. Pujol no tendrá una absolución de la justicia penal. Tendrá el juicio de la historia. Buenos días.

Jordi Pujol i Soley ha quedado finalmente fuera de la causa judicial que tiene a su familia en el epicentro después de catorce años de instrucción. El procedimiento, que comenzó en 2012 en torno a su hijo mayor y que se agravó con la confesión sobre la herencia del abuelo Florenci en 2014, ha terminado en el caso del expresidente porque no está en condiciones de ser juzgado. Ha pasado demasiado tiempo y sus habilidades cognitivas ya no son las adecuadas. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que ha comunicado su exclusión del procedimiento después de haberle visto en persona. Como habían dicho ya repetidamente los médicos, los jueces han constatado la "imposibilidad" de que Jordi Pujol continúe como acusado con "plenitud de conocimientos y capacidades".

Ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal y ahora tampoco Soraya Sáenz de Santamaría recuerdan nada de la operación Kitchen. Este lunes ha sido el turno de la exvicepresidenta española, que ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, exhibiendo problemas de memoria similares a los del expresidente del PP. "No lo recuerdo" ha sido la frase que más ha repetido en un interrogatorio que ha durado escasamente un cuarto de hora. Sáenz de Santamaría, que también fue portavoz del ejecutivo de Rajoy entre 2011 y 2016, ha afirmado que no tuvo "constancia alguna" de esta operación durante su época de gobierno.

Jordi Pujol i Soley será el gran protagonista este lunes en la Audiencia Nacional. El expresidente de la Generalitat ha tenido que viajar hasta Madrid para que un médico forense examine su salud y el tribunal del juicio a su familia dictamine si puede declarar como acusado o lo exime de la causa. Ahora bien, a lo largo de 31 sesiones y 200 testigos, las referencias hacia él han sido mínimas, tangenciales y con cuentagotas. Quien ha estado en el centro de todos los interrogatorios ha sido su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. En relación con el expresidente catalán, ha habido agradecimientos, recuerdos de saludos de pasada y anécdotas, pero no se ha hecho ninguna alusión a tratos de favor o comisiones ilegales a cambio de obra pública. La investigación judicial concluyó que la familia Pujol aprovechó su "posición privilegiada de ascendencia" para "acumular un patrimonio desmesurado" que estaba "directamente relacionado" con "actividades corruptas". La Fiscalía sostiene que Jordi Pujol tejió una "red de clientelismo" y pide nueve años de prisión para el expresidente de la Generalitat. Ahora bien, hasta ahora la acusación no ha presentado pruebas que acrediten su implicación. ¿Qué han dicho los testigos que han hablado de él?