Cristina Narbona se ha desvinculado completamente de las maniobras que presuntamente instigó Leire Díez para desestabilizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La presidenta del PSOE, que se intercambió mensajes de WhatsApp con la entonces militante socialista el día que el presidente español comenzó los cinco días de reflexión, ha dejado claro que “no tenía el mínimo conocimiento” de la supuesta trama que está investigando la Audiencia Nacional. Lo ha dicho a preguntas de los periodistas después de una declaración como testigo de menos de media hora ante el juez Santiago Pedraz. Leire Díez le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes”. “Por hechos, yo entendí hechos. Por supuesto, nada que ver con lo que se está investigando”, ha puntualizado. Según ha podido saber el ARA, a puerta cerrada ha dicho que Díez le llamó porque “quería colaborar y ayudar” y “tenía información útil para el partido”. “Me refiero a información, nada de cloacas”, ha matizado. Eso sí, ha reconocido que los informes de la Guardia Civil que se han conocido las últimas semanas describen “indicios preocupantes”.

Las causas del entorno del PSOE tienen algunos vasos comunicantes. Uno de estos denominadores comunes son los principales investigados –José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García–, que se repiten en diferentes juzgados. Pero otro son personas que nunca habían estado en política, que no estaban inicialmente en el radar y que se han acabado convirtiendo en piezas clave de las investigaciones que están en marcha.

Santiago Pedraz estrecha el círculo sobre el entorno de Pedro Sánchez. El juez que está investigando el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional ha decidido investigar a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE antes de que llegara a la Moncloa y presidente de Correos del 2018 al 2023. Da este paso después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción a raíz de el último informe de la Guardia Civil, que concluyó que él tuvo una “participación relevante y preeminente” en la presunta trama. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntaba que él y Díez habrían “trabajado estrechamente en la consecución de los objetivos” de la supuesta organización, tanto en la presunta adjudicación irregular de contratos en el entorno de la SEPI como en los intentos de desestabilizar causas judiciales vinculadas a los socialistas.

Giro de guion cuando faltan pocos días para que termine el juicio de la Kitchen. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, instructor del caso, ha accedido finalmente a investigar los audios de las conversaciones de María Dolores de Cospedal y José Manuel Villarejo sobre la operación para intentar robar a Luis Bárcenas información que pudiera comprometer al PP. La exsecretaria general del PP, que también fue ministra de Defensa, había sido hasta ahora uno de los grandes nombres protegidos de la causa, pero finalmente la justicia ha decidido poner la lupa por unas grabaciones que también salpican al expresidente Mariano Rajoy.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional da por acreditado que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participó directamente del "operativo parapolicial delictivo" conocido como caso Kitchen y tuvo el "control" del chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, que actuó como confident. El fiscal César de Rivas ha concluido este martes ante el tribunal que este dispositivo ilegal no perseguía recuperar el dinero oculto de Bárcenas, sino "boicotear" la investigación judicial del caso Gürtel y arrebatarle documentación "comprometedora" para la cúpula del partido.

Los últimos días José Luis Rodríguez Zapatero ha desplegado su estrategia de defensa en múltiples frentes: cuatro escritos en cuatro días. El último paso que ha dado el expresidente español ha sido arremeter con mucha dureza contra la UDEF, a quien responsabiliza de que sus agendas y las conversaciones con su secretaria hayan acabado esparcidas en los medios de comunicación. Denuncia que es un “auténtico disparate”, una “difusión indiscriminada” con un “resultado desolador” y “el atentado más grave que puede hacerse” contra los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones. Esta última petición, a la cual ha tenido acceso el ARA, se suma a los otros movimientos que ha hecho recientemente para intentar invalidar los chats que lo incriminan. Son todas conversaciones entre terceros que hablan de él y que fueron la base de su imputación. Hasta ahora, su hoja de ruta se centra en atacar el origen y legitimidad de las pruebas.

Hay una comparativa entre dos jueces de moda que últimamente hace fortuna: José Luis Calama, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Peinado, que ha enviado a Begoña Gómez a juicio después de una instrucción de dos años. A nadie se le escapa que la manera de pivotar las dos grandes causas mediáticas en las que están inmersos es diferente. No en vano por los pasillos del Congreso voces de alta jerarquía de la Moncloa reconocen que Calama "no es" Peinado, como muestra de que la investigación sobre el expresidente español, aún embrionaria, no tiene las extravagancias de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. La meridiana distancia entre ambos se ha hecho patente, especialmente, en dos cuestiones: la adopción de medidas cautelares y la imputación de personas que previamente han declarado como testigos con la obligación de decir la verdad. Vamos por partes.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española ha abierto un nuevo frente para José Luis Rodríguez Zapatero. Un informe al que ha tenido acceso el ARA revela que el expresidente español habría recibido 200.000 euros de una empresa peruana –Grupo Gloria– a cambio de "mediar o influir" en "diversos litigios millonarios" que la compañía mantenía en Bolivia. Los habría cobrado a través de un "contrato simulado" con una sociedad interpuesta –Focus Social– a través de tres facturas: una de 100.000 euros en 2024 y dos de 50.000 euros en 2025. Con esta finalidad "se habría reunido o contactado" con "altas esferas políticas" de Bolivia, como el presidente Luis Arce, los ministros de Economía y Justicia y el procurador general del estado. En el centro de la diana había una sanción de 107 millones de dólares que había recibido la filial cementera de la empresa –Soboce–.

Leire Díez hace días que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional por haber urdido presuntamente –y de la mano de Santos Cerdán– una estructura para hacer descarrilar las causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La instrucción dará un paso más a partir de la semana que viene con la declaración del abogado Jacobo Teijelo como investigado y una batería de 24 testigos que comenzarán a desfilar ante Santiago Pedraz. Según el juez, lo que hacía la conocida como fontanera del PSOE era ofrecer "remuneraciones o favores" a cambio de información o actos que ayudaran a torpedear las investigaciones incómodas para los socialistas. Algunos de sus interlocutores creían que lo que les decía era "fantaseoso", una "pérdida de tiempo" o una "intriga", a pesar de que Leire Díez sacaba pecho de tener capacidad de maniobrar en altas instancias para conseguir sus propósitos. ¿Adónde llegaban los tentáculos que aseguraba que tenía?

Al día siguiente de que José Luis Rodríguez Zapatero declarara como investigado, el juez José Luis Calama mueve ficha y da un paso más: imputa a sus dos hijas –Alba Rodríguez y Laura Rodríguez– y a su secretaria –Gertrudis Alcázar–. El magistrado lo ha hecho después de que se lo solicitara el PP, como líder de las acusaciones populares, apuntando a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Era una petición inicial de Hazte Oír que la Fiscalía Anticorrupción avaló posteriormente. ¿Por qué las investiga?

El miércoles por la mañana fue una jornada muy estresante para los medios en general y para Espejo público en particular. La sesión de control en el Congreso de los Diputados coincidía con la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Con el arranque del programa de Susanna Griso, a las nueve de la mañana, el expresidente imputado ya había llegado al edificio. Ya tenían la imagen de la jornada: Zapatero bajando del coche y subiendo las escaleras que le conducían al interior de los juzgados.Espejo público disponía de tres puntos de vista diferentes de aquel instante. El primero, un plano general, más lejano, en el que se veía a Zapatero de perfil bajando del coche. El segundo, más cerrado, en el que aparecía de espaldas saliendo del vehículo. Y el tercero, muy similar, que captaba el instante en que se giraba para saludar y enfilaba escaleras arriba. El programa unió estas tres escenas para dilatar un poco la secuencia. Era una triple entrada a la Audiencia Nacional. Como la declaración de Zapatero era simultánea a la sesión de control, el programa partió la pantalla en varias partes. Pero la bajada del coche de Zapatero era una obsesión, hasta el punto de que mantuvieron prácticamente todo el programa las imágenes en bucle: la entrada en la Audiencia Nacional una y otra vez. En grande, en pequeño, en un lateral, en la zona central, en el ángulo inferior o en la parte superior. Lo iban variando en función del espacio de que disponían, de las conexiones con los reporteros y de los temas que iban desarrollando. Pero el expresidente siempre estaba allí, en algún lugar u otro. Entre las nueve de la mañana y más allá de la una del mediodía, vimos cómo Zapatero entraba en la Audiencia Nacional hasta 286 veces (quizás con un mínimo margen de error que me permitirán, después de pasarme cuatro horas observando el bucle televisivo como quien mira el tambor de la lavadora en marcha). Más de setenta veces cada hora. De lado, de espaldas o saludando. Dependiendo de la hora añadían también unas cuantas imágenes de las joyas confiscadas entre medias, fusionando la escena de la salida del coche con el botín de la caja fuerte. Hacia las once de la mañana aportaron un detalle de creatividad: repitieron nuevamente las imágenes añadiendo un rótulo que, supuestamente, reproducía los insultos que le habían proferido algunos viandantes. Hasta dieciocho veces recuperaron las imágenes con el añadido de “¡SINVERGÜENZA!” y “¡CHORIZO!” en letras amarillas enormes. A partir de la una del mediodía, Zapatero salió de los juzgados por la puerta de invitados, lo que cogió desprevenidos a la mayoría de los medios. Pero consiguieron una fugaz escena del socialista marchándose que repitieron a cámara lenta hasta 28 veces. “¡Nos han jugado al despiste!”, lamentaba Griso, y el tertuliano Toni Cantó comentaba que la columna del edificio le había jugado a favor porque lo tapaba un poco. El placer de la condena del televisor. Entonces reiteraban en dos recuadros la secuencia de llegada y de salida de manera simultánea. Zapatero por partida doble en la Audiencia Nacional. La satisfacción del trabajo bien hecho.

José Luis Rodríguez Zapatero reitera su inocencia y niega ante el juez José Luis Calama que influyera de alguna manera en el rescate de Plus Ultra, el préstamo de 53 millones de euros que recibió la compañía aérea por parte del gobierno español en marzo de 2021. Según ha podido saber el ARA, así lo ha dicho durante la declaración en la Audiencia Nacional de este miércoles, que ha arrancado poco después de las nueve de la mañana y que lo ha convertido en el primer expresidente del gobierno español desde la restitución de la democracia que declara como imputado en una investigación judicial. Está acusado de tráfico de influencias, blanqueo de dinero, delito fiscal y contrabando. Zapatero ha dicho que "nunca" tuvo contacto directo con Plus Ultra y ha negado que pidiera a alguna autoridad o funcionario que propiciara el rescate. Ha puntualizado que la única persona con la que ha tratado es Julio Martínez Sola, el presidente de la aerolínea, a quien no conoció hasta 2024. Ahora bien, las explicaciones no han convencido al juez Calama, que cree que Zapatero "no ha conseguido desvirtuar" los indicios de criminalidad que hay contra él y que "derivan de diversas y diferentes fuentes de prueba".

El caso Kitchen ha sentado en el banquillo de los acusados a la cúpula del ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, acusada de espiar a Luis Bárcenas e intentar robarle información que pudiera comprometer al PP. Durante toda la investigación, el juez Manuel García-Castellón trazó una fina pero robusta línea para circunscribir al ministerio los hechos bajo sospecha y dejar al partido al margen. Ahora bien, durante la instrucción hubo otras figuras relevantes que fueron investigadas o a quienes la Fiscalía solicitó imputar. En la lista no figura Mariano Rajoy: en septiembre de 2021 la Fiscalía apuntó a una “posible responsabilidad” del expresidente del Gobierno español, pero nunca nadie pidió formalmente que se le investigara. Como testigo, y a pesar de que hay un audio de María Dolores de Cospedal que le implica directamente en la operación, negó haber destruido pruebas de la caja B del PP. ¿Quiénes son los diez salvados?

Las joyas de la familia Zapatero son hoy el principal foco de tensión en la política española. El expresidente del gobierno acaba de ser imputado en una pieza separada de la que ya estaba instruyendo el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La consecuencia inmediata, más allá de que le volverán a citar para declarar, es que tan pronto se han iniciado acciones judiciales sobre sus joyas, José Luis Rodríguez Zapatero ya no las puede regularizar. El artículo 305.4 del Código Penal establece que lo podría haber hecho antes de que el juez de instrucción comunicase formalmente la apertura de diligencias.

Las joyas de Zapatero llenan titulares desde hace días y, desde este viernes, protagonizan una nueva pieza separada del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama ha acordado investigar también al expresidente español por la posesión de estos objetos de valor porque considera que existen indicios de presuntos delitos fiscales y de contrabando. La base de su decisión es la tasación preliminar de las joyas –localizadas en el despacho del exlíder del PSOE–, que han sido valoradas en 1.323.915 euros. El informe de la tasación, al que ha tenido acceso el ARA, analiza el precio de mercado estimado (impuestos incluidos) de hasta 79 joyas, entre las que destacan collares de más de 220.000 euros y pendientes de 80.000.

José Manuel Villarejo es un nombre que permite establecer un puente entre el caso Kitchen –la supuesta operación para robar a Luis Bárcenas información comprometedora sobre la caja B del PP– y el caso Leire Díez –las presuntas maniobras para "obstaculizar" causas judiciales que salpican a Pedro Sánchez–. El comisario jubilado ha continuado declarando esta mañana en el juicio que se celebra desde hace dos meses sobre el espionaje al extesorero del PP, pero antes de acceder a la Audiencia Nacional se ha detenido diez minutos con los periodistas. Sin aclarar si se reunió con la conocida como "fontanera" del PSOE, se ha presentado como una víctima: "Durante todos estos años las supuestas cloacas han ido contra mí y han ido a destruirme", ha denunciado. Y ha recordado que los socialistas, que son acusación popular en el caso Kitchen, le piden más años de prisión que la Fiscalía: "¿Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para ponerme más años en prisión? ¿No se dan cuenta de que es una estupidez?", se ha preguntado con ironía.

José Manuel Villarejo ha sido el protagonista del día en el juicio del caso Kitchen. El comisario jubilado de la policía española, que hace años que desfila por los juzgados y que forma parte de la cúpula de la policía patriótica, ha estado tres horas ininterrumpidas contestando las preguntas del fiscal en una declaración enrevesada en la que se ha dedicado a disparar a torta y a siniestra y ha puesto varios nombres sobre la mesa. Uno de los destacados ha sido el de Mariano Rajoy, a quien ha acusado de beneficiarse del espionaje ilegal a Luis Bárcenas: "Se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bienes en el extranjero por si había algo que le afectara a él. Todos los que están imputados fueron engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu [un whisky]", ha dicho. "Posiblemente, quiso subirse al carro, aprovecharse del tema y «Si hay algo de mi [negocio], también lo quiero»", ha añadido más tarde. Previamente, ha asegurado que el expresidente del gobierno español le pedía "a través de terceros" que le informara "directamente" de su actividad porque "no se fiaba" de lo que le explicara el ministro Jorge Fernández Díaz.

Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez han enterrado el hacha de guerra y, negación tras negación, han ejecutado con luces y taquígrafos un pacto de no agresión. Después de dos meses de juicio y más de 150 testigos, los dos principales acusados del caso Kitchen han entrado en escena: han seguido el guion previsto y han negado cualquier implicación en el espionaje a Luis Bárcenas. La Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro del Interior y para el exsecretario de Estado de Seguridad. Sus declaraciones han tenido una pacificación que fue inexistente durante la instrucción, muchos puntos de conexión y una contradicción palmaria. El denominador común ha sido desentenderse de las cloacas del Estado. Jorge Fernández Díaz ha relatado que tuvo conocimiento de la Kitchen, "como el común de los mortales", a finales del 2015, cuando "empezó a aparecer" en los medios de comunicación: "Hasta entonces no había oído hablar de ella ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me había hablado de ella", ha asegurado. Francisco Martínez también ha negado que ordenara un dispositivo contra el extesorero del PP: "Jamás ordené investigaciones sobre nada", ha dicho.

Un año y un día después de que Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE, irrumpiera en la actualidad, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. En los últimos 366 días, Santos Cerdán ha dimitido como número 3 del PSOE, ha entrado en prisión y ha salido de ella, y Díez ha pasado del anonimato a la primera plana política. Y ahora la Audiencia Nacional ha conectado definitivamente sus caminos. El juez Santiago Pedraz cree que, junto con otra gente, urdieron una red con el objetivo de "desestabilizar y obstaculizar" de manera "sistemática y continuada" cualquier causa judicial que pudiera salpicar a Pedro Sánchez. Santos Cerdán, que era el "líder" y tomaba las decisiones "estratégicas", encargó a Leire Díez en abril de 2024 la "coordinación y ejecución" de todas las actuaciones. El plan implicaba ofrecer "remuneraciones o favores" a funcionarios de la Guardia Civil, investigados o fiscales "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". En el punto de mira estaban, especialmente, los jueces que empezaban a investigar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.

La sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid se ha despertado con la visita de agentes de la Unidad de Acción Operativa de la Guardia Civil. Llevaban una orden judicial para que se les facilitara toda una serie de información vinculada a un caso bajo secreto que hace meses que investiga la Audiencia Nacional. En caso de que los socialistas se hubieran negado a facilitar la documentación a los policías, incluso tenían firmada una autorización para registrar la sede del partido. ¿Qué buscaba allí el juez Santiago Pedraz?