Hay una comparativa entre dos jueces de moda que últimamente hace fortuna: José Luis Calama, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Peinado, que ha enviado a Begoña Gómez a juicio después de una instrucción de dos años. A nadie se le escapa que la manera de pivotar las dos grandes causas mediáticas en las que están inmersos es diferente. No en vano por los pasillos del Congreso voces de alta jerarquía de la Moncloa reconocen que Calama "no es" Peinado, como muestra de que la investigación sobre el expresidente español, todavía embrionaria, no tiene las extravagancias de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. La meridiana distancia entre ambos se ha hecho patente, especialmente, en dos cuestiones: la adopción de medidas cautelares y la imputación de personas que previamente han declarado como testigos con la obligación de decir la verdad. Vamos por partes.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española ha abierto un nuevo frente para José Luis Rodríguez Zapatero. Un informe al que ha tenido acceso el ARA revela que el expresidente español habría recibido 200.000 euros de una empresa peruana –Grupo Gloria– a cambio de "mediar o influir" en "diversos litigios millonarios" que la compañía mantenía en Bolivia. Los habría cobrado a través de un "contrato simulado" con una sociedad interpuesta –Focus Social– a través de tres facturas: una de 100.000 euros en 2024 y dos de 50.000 euros en 2025. Con esta finalidad "se habría reunido o contactado" con "altas esferas políticas" de Bolivia, como el presidente Luis Arce, los ministros de Economía y Justicia y el procurador general del estado. En el centro de la diana había una sanción de 107 millones de dólares que había recibido la filial cementera de la empresa –Soboce–.

Leire Díez hace días que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional por haber urdido presuntamente –y de la mano de Santos Cerdán– una estructura para hacer descarrilar las causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La instrucción dará un paso más a partir de la semana que viene con la declaración del abogado Jacobo Teijelo como investigado y una batería de 24 testigos que comenzarán a desfilar ante Santiago Pedraz. Según el juez, lo que hacía la conocida como fontanera del PSOE era ofrecer "remuneraciones o favores" a cambio de información o actos que ayudaran a torpedear las investigaciones incómodas para los socialistas. Algunos de sus interlocutores creían que lo que les decía era "fantaseoso", una "pérdida de tiempo" o una "intriga", a pesar de que Leire Díez sacaba pecho de tener capacidad de maniobrar en altas instancias para conseguir sus propósitos. ¿Adónde llegaban los tentáculos que aseguraba que tenía?

Al día siguiente de que José Luis Rodríguez Zapatero declarara como investigado, el juez José Luis Calama mueve ficha y da un paso más: imputa a sus dos hijas –Alba Rodríguez y Laura Rodríguez– y a su secretaria –Gertrudis Alcázar–. El magistrado lo ha hecho después de que se lo solicitara el PP, como líder de las acusaciones populares, apuntando a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Era una petición inicial de Hazte Oír que la Fiscalía Anticorrupción avaló posteriormente. ¿Por qué las investiga?

El miércoles por la mañana fue una jornada muy estresante para los medios en general y para Espejo público en particular. La sesión de control en el Congreso de los Diputados coincidía con la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Con el arranque del programa de Susanna Griso, a las nueve de la mañana, el expresidente imputado ya había llegado al edificio. Ya tenían la imagen de la jornada: Zapatero bajando del coche y subiendo las escaleras que le conducían al interior de los juzgados.Espejo público disponía de tres puntos de vista diferentes de aquel instante. El primero, un plano general, más lejano, en el que se veía a Zapatero de perfil bajando del coche. El segundo, más cerrado, en el que aparecía de espaldas saliendo del vehículo. Y el tercero, muy similar, que captaba el instante en que se giraba para saludar y enfilaba escaleras arriba. El programa unió estas tres escenas para dilatar un poco la secuencia. Era una triple entrada a la Audiencia Nacional. Como la declaración de Zapatero era simultánea a la sesión de control, el programa partió la pantalla en varias partes. Pero la bajada del coche de Zapatero era una obsesión, hasta el punto de que mantuvieron prácticamente todo el programa las imágenes en bucle: la entrada en la Audiencia Nacional una y otra vez. En grande, en pequeño, en un lateral, en la zona central, en el ángulo inferior o en la parte superior. Lo iban variando en función del espacio de que disponían, de las conexiones con los reporteros y de los temas que iban desarrollando. Pero el expresidente siempre estaba allí, en algún lugar u otro. Entre las nueve de la mañana y más allá de la una del mediodía, vimos cómo Zapatero entraba en la Audiencia Nacional hasta 286 veces (quizás con un mínimo margen de error que me permitirán, después de pasarme cuatro horas observando el bucle televisivo como quien mira el tambor de la lavadora en marcha). Más de setenta veces cada hora. De lado, de espaldas o saludando. Dependiendo de la hora añadían también unas cuantas imágenes de las joyas confiscadas entre medias, fusionando la escena de la salida del coche con el botín de la caja fuerte. Hacia las once de la mañana aportaron un detalle de creatividad: repitieron nuevamente las imágenes añadiendo un rótulo que, supuestamente, reproducía los insultos que le habían proferido algunos viandantes. Hasta dieciocho veces recuperaron las imágenes con el añadido de “¡SINVERGÜENZA!” y “¡CHORIZO!” en letras amarillas enormes. A partir de la una del mediodía, Zapatero salió de los juzgados por la puerta de invitados, lo que cogió desprevenidos a la mayoría de los medios. Pero consiguieron una fugaz escena del socialista marchándose que repitieron a cámara lenta hasta 28 veces. “¡Nos han jugado al despiste!”, lamentaba Griso, y el tertuliano Toni Cantó comentaba que la columna del edificio le había jugado a favor porque lo tapaba un poco. El placer de la condena del televisor. Entonces reiteraban en dos recuadros la secuencia de llegada y de salida de manera simultánea. Zapatero por partida doble en la Audiencia Nacional. La satisfacción del trabajo bien hecho.

José Luis Rodríguez Zapatero reitera su inocencia y niega ante el juez José Luis Calama que influyera de alguna manera en el rescate de Plus Ultra, el préstamo de 53 millones de euros que recibió la compañía aérea por parte del gobierno español en marzo de 2021. Según ha podido saber el ARA, así lo ha dicho durante la declaración en la Audiencia Nacional de este miércoles, que ha arrancado poco después de las nueve de la mañana y que lo ha convertido en el primer expresidente del gobierno español desde la restitución de la democracia que declara como imputado en una investigación judicial. Está acusado de tráfico de influencias, blanqueo de dinero, delito fiscal y contrabando. Zapatero ha dicho que "nunca" tuvo contacto directo con Plus Ultra y ha negado que pidiera a alguna autoridad o funcionario que propiciara el rescate. Ha puntualizado que la única persona con la que ha tratado es Julio Martínez Sola, el presidente de la aerolínea, a quien no conoció hasta 2024. Ahora bien, las explicaciones no han convencido al juez Calama, que cree que Zapatero "no ha conseguido desvirtuar" los indicios de criminalidad que hay contra él y que "derivan de diversas y diferentes fuentes de prueba".

El caso Kitchen ha sentado en el banquillo de los acusados a la cúpula del ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, acusada de espiar a Luis Bárcenas e intentar robarle información que pudiera comprometer al PP. Durante toda la investigación, el juez Manuel García-Castellón trazó una fina pero robusta línea para circunscribir al ministerio los hechos bajo sospecha y dejar al partido al margen. Ahora bien, durante la instrucción hubo otras figuras relevantes que fueron investigadas o a quienes la Fiscalía solicitó imputar. En la lista no figura Mariano Rajoy: en septiembre de 2021 la Fiscalía apuntó a una “posible responsabilidad” del expresidente del Gobierno español, pero nunca nadie pidió formalmente que se le investigara. Como testigo, y a pesar de que hay un audio de María Dolores de Cospedal que le implica directamente en la operación, negó haber destruido pruebas de la caja B del PP. ¿Quiénes son los diez salvados?

Las joyas de la familia Zapatero son hoy el principal foco de tensión en la política española. El expresidente del gobierno acaba de ser imputado en una pieza separada de la que ya estaba instruyendo el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La consecuencia inmediata, más allá de que le volverán a citar para declarar, es que tan pronto se han iniciado acciones judiciales sobre sus joyas, José Luis Rodríguez Zapatero ya no las puede regularizar. El artículo 305.4 del Código Penal establece que lo podría haber hecho antes de que el juez de instrucción comunicase formalmente la apertura de diligencias.

Las joyas de Zapatero llenan titulares desde hace días y, desde este viernes, protagonizan una nueva pieza separada del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama ha acordado investigar también al expresidente español por la posesión de estos objetos de valor porque considera que existen indicios de presuntos delitos fiscales y de contrabando. La base de su decisión es la tasación preliminar de las joyas –localizadas en el despacho del exlíder del PSOE–, que han sido valoradas en 1.323.915 euros. El informe de la tasación, al que ha tenido acceso el ARA, analiza el precio de mercado estimado (impuestos incluidos) de hasta 79 joyas, entre las que destacan collares de más de 220.000 euros y pendientes de 80.000.

José Manuel Villarejo es un nombre que permite establecer un puente entre el caso Kitchen –la supuesta operación para robar a Luis Bárcenas información comprometedora sobre la caja B del PP– y el caso Leire Díez –las presuntas maniobras para "obstaculizar" causas judiciales que salpican a Pedro Sánchez–. El comisario jubilado ha continuado declarando esta mañana en el juicio que se celebra desde hace dos meses sobre el espionaje al extesorero del PP, pero antes de acceder a la Audiencia Nacional se ha detenido diez minutos con los periodistas. Sin aclarar si se reunió con la conocida como "fontanera" del PSOE, se ha presentado como una víctima: "Durante todos estos años las supuestas cloacas han ido contra mí y han ido a destruirme", ha denunciado. Y ha recordado que los socialistas, que son acusación popular en el caso Kitchen, le piden más años de prisión que la Fiscalía: "¿Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para ponerme más años en prisión? ¿No se dan cuenta de que es una estupidez?", se ha preguntado con ironía.

José Manuel Villarejo ha sido el protagonista del día en el juicio del caso Kitchen. El comisario jubilado de la policía española, que hace años que desfila por los juzgados y que forma parte de la cúpula de la policía patriótica, ha estado tres horas ininterrumpidas contestando las preguntas del fiscal en una declaración enrevesada en la que se ha dedicado a disparar a torta y a siniestra y ha puesto varios nombres sobre la mesa. Uno de los destacados ha sido el de Mariano Rajoy, a quien ha acusado de beneficiarse del espionaje ilegal a Luis Bárcenas: "Se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bienes en el extranjero por si había algo que le afectara a él. Todos los que están imputados fueron engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu [un whisky]", ha dicho. "Posiblemente, quiso subirse al carro, aprovecharse del tema y «Si hay algo de mi [negocio], también lo quiero»", ha añadido más tarde. Previamente, ha asegurado que el expresidente del gobierno español le pedía "a través de terceros" que le informara "directamente" de su actividad porque "no se fiaba" de lo que le explicara el ministro Jorge Fernández Díaz.

Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez han enterrado el hacha de guerra y, negación tras negación, han ejecutado con luces y taquígrafos un pacto de no agresión. Después de dos meses de juicio y más de 150 testigos, los dos principales acusados del caso Kitchen han entrado en escena: han seguido el guion previsto y han negado cualquier implicación en el espionaje a Luis Bárcenas. La Fiscalía pide 15 años de prisión para el exministro del Interior y para el exsecretario de Estado de Seguridad. Sus declaraciones han tenido una pacificación que fue inexistente durante la instrucción, muchos puntos de conexión y una contradicción palmaria. El denominador común ha sido desentenderse de las cloacas del Estado. Jorge Fernández Díaz ha relatado que tuvo conocimiento de la Kitchen, "como el común de los mortales", a finales del 2015, cuando "empezó a aparecer" en los medios de comunicación: "Hasta entonces no había oído hablar de ella ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me había hablado de ella", ha asegurado. Francisco Martínez también ha negado que ordenara un dispositivo contra el extesorero del PP: "Jamás ordené investigaciones sobre nada", ha dicho.

Un año y un día después de que Leire Díez, conocida como fontanera del PSOE, irrumpiera en la actualidad, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza. En los últimos 366 días, Santos Cerdán ha dimitido como número 3 del PSOE, ha entrado en prisión y ha salido de ella, y Díez ha pasado del anonimato a la primera plana política. Y ahora la Audiencia Nacional ha conectado definitivamente sus caminos. El juez Santiago Pedraz cree que, junto con otra gente, urdieron una red con el objetivo de "desestabilizar y obstaculizar" de manera "sistemática y continuada" cualquier causa judicial que pudiera salpicar a Pedro Sánchez. Santos Cerdán, que era el "líder" y tomaba las decisiones "estratégicas", encargó a Leire Díez en abril de 2024 la "coordinación y ejecución" de todas las actuaciones. El plan implicaba ofrecer "remuneraciones o favores" a funcionarios de la Guardia Civil, investigados o fiscales "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". En el punto de mira estaban, especialmente, los jueces que empezaban a investigar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez.

La sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid se ha despertado con la visita de agentes de la Unidad de Acción Operativa de la Guardia Civil. Llevaban una orden judicial para que se les facilitara toda una serie de información vinculada a un caso bajo secreto que hace meses que investiga la Audiencia Nacional. En caso de que los socialistas se hubieran negado a facilitar la documentación a los policías, incluso tenían firmada una autorización para registrar la sede del partido. ¿Qué buscaba allí el juez Santiago Pedraz?

Uno de los dos informes de la UDEF –la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional– que han servido al juez para imputar José Luis Rodríguez Zapatero se queja de los palos en las ruedas que la SEPI –el brazo inversor del Estado y quien dio luz verde al rescate de Plus Ultra– puso durante la investigación. "La documentación remitida era incompleta y presentaba carencias que impedían su análisis", concluye el documento, al que ha tenido acceso el ARA. El juez tuvo que hacer una segunda petición de información porque la primera remesa de documentación era insuficiente: "Algunas de las carpetas están vacías de contenido y no tienen documentación y otros archivos no pueden ser abiertos", dice la UDEF. También lamenta que los correos electrónicos que aportó eran del año 2025, cuatro años después del rescate. "Cabe señalar que estos correos existen o han existido", puntualiza la UDEF. "Queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación", añade en otro momento.

Plus Ultra es la empresa que está en el epicentro de la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate público de 53 millones de euros que recibió presuntamente gracias a la influencia del expresidente español. Ahora bien, la aerolínea no es el único cliente del entramado societario de Julio Martínez Martínez dirigido supuestamente por el exlíder socialista desde la sombra. Tanto la UDEF en los informes policiales como el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto de imputación hablan de una organización consolidada que buscaba lucrarse gracias a la "intervención directa" de Zapatero en "operaciones internacionales de alto valor". La comisión recibida presuntamente de los directivos venezolanos de Plus Ultra sería solo una de las vías de ingresos de la trama.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero no es solo la imputación de un expresidente español (que ya es mucho). Es también la imputación del máximo hombre de confianza de Pedro Sánchez después de que haya caído su entorno más cercano: José Luis Ábalos, en prisión preventiva, y Santos Cerdán. Zapatero es el último pilar del líder del PSOE que queda en entredicho por una trama de presunta corrupción.

El juez José Luis Calama ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero porque cree que era el "núcleo decisorio y estratégico" de una "red" que ejercía influencias. "Su liderazgo no se manifiesta de manera formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en la medida de lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas", dice el auto al que ha tenido acceso el ARA. Subraya que este rol "se deduce" de "múltiples evidencias" y pone especial énfasis en algunas de las conversaciones que salen reflejadas en el sumario –en las que no participa directamente Zapatero.

No es fácil encontrar una foto suya, tampoco en Google, pero su discreción contrasta con la envergadura de las macrocausas que suele tener entre manos. José Luis Calama Teixeira, el juez que justamente este miércoles cumple 67 años y que ha imputado al expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra, hace tres décadas que pertenece a la carrera judicial española y desde 2018 ejerce como magistrado de la Audiencia Nacional, donde ha destacado por la investigación del espionaje a diversos miembros del gobierno español con Pegasus.

4.311 días después de la confesión de Jordi Pujol, el juicio contra su familia ha quedado visto para sentencia. En medio, ha habido una ardua investigación judicial que se alargó seis años, una estancia de ocho meses del primogénito del expresidente de la Generalitat en prisión y un sumario de 80.000 folios. El 24 de noviembre de 2025 la Audiencia Nacional dio el pistoletazo de salida al juicio: 38 sesiones, 200 testigos, 17 acusados defendidos por la élite del derecho penal catalán y dos acusaciones. Tres jueces y una incógnita por responder: la fortuna que la familia Pujol tenía en Andorra era una herencia o era fruto de la corrupción? Estos han sido los mejores momentos en la Audiencia Nacional.