El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, rectifica y acepta ahora estudiar el incidente de nulidad que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado ha admitido parcialmente la petición sobre una posible vulneración de algunos de sus derechos. En su momento, Calama rechazó el incidente de nulidad de la causa porque había presentado el escrito "fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso a las actuaciones". Ahora, sin embargo, el juez ha comprobado que algunas de las resoluciones que pide que se anulen le fueron notificadas más tarde y, por lo tanto, el plazo no habría vencido para todas.

El juez mueve ficha para radiografiar los presuntos pagos que hizo el PSOE a Leire Díez en el marco de las supuestas maniobras instigadas para desestabilizar y obstaculizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. Santiago Pedraz quiere profundizar en la sospecha de que una serie de facturas abonadas por el partido sirvieron para sufragar la actividad de la conocida como fontanera del PSOE de forma encubierta. El magistrado de la Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Guardia Civil –avalada por la Fiscalía Anticorrupción– y ha requerido información a doce bancos sobre los movimientos y los saldos de 81 cuentas que tienen relación con la causa. Seis de ellas son del PSOE. Además, hay 62 de Ismael Oliver y de su bufete de abogados, once vinculados con Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, y una de Jacobo Teijelo, que es uno de los abogados de Santos Cerdán.

Antes de las vacaciones de verano, José Luis Calama ha movido ficha para profundizar en la investigación patrimonial de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras un nuevo informe de la UDEF, ha dado luz verde a una batería de peticiones de información para seguir la pista del dinero relacionado con la presunta “estructura organizada y estable orientada al ejercicio de influencias ilícitas”. El auto, al que ha tenido acceso el ARA, autoriza a la policía española a acceder a 57 cuentas de doce bancos. 25 son del expresidente español, de sus dos hijas y su secretaria –que también están investigadas– y de Julio Martínez Martínez. Los otros 32 son de empresas vinculadas con la supuesta trama. En el caso de Zapatero, la petición es al Banco Santander, a CaixaBank y al BBVA, tres bancos donde tiene seis cuentas bancarias.

El gigante sueco de la moda H&M no podrá revisar los bolsos personales ni los armarios de sus empleados, como hacía hasta ahora para controlar si habían robado. La Audiencia Nacional ha declarado nula esta práctica y ordena a la empresa que deje de llevarla a cabo "inmediatamente".

La estrategia de defensa del empresario Julio Martínez Martínez se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza para José Luis Rodríguez Zapatero. El amigo y presunto testaferro del expresidente del gobierno español la ha puesto en práctica esta semana aconsejado por la abogada María Dolores Márquez de Prado. Es de quien iba acompañado este martes cuando compareció como investigado en la Audiencia Nacional, un escenario que Márquez de Prado conoce muy bien. Esta reconocida penalista ejerció de fiscal allí durante diecisiete años. Una etapa en la que se ganó el apodo de "indomable". Justamente por ser un quebradero de cabeza para otro exlíder socialista, el expresidente español Felipe González durante su etapa en la Moncloa.

Cuando el 21 de febrero de 2024 la Guardia Civil lo detuvo, Víctor de Aldama era presidente del Zamora CF y su nombre nunca había aparecido relacionado con el gobierno español. Dos años y medio después, su colaboración “activa” en las investigaciones judiciales que salpican a Pedro Sánchez lo ha convertido en una bomba de relojería para el PSOE. No solo por la “cooperación plena y continua” con la justicia que ha desembocado en la condena de José Luis Ábalos y Koldo García, sino porque, sacando pecho de los beneficios que comporta destapar el pastel, se ha convertido en un camino a seguir para otras personas. Y es un punto débil de la defensa que hace la Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta misma semana hemos tenido algunos ejemplos. 

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la misma entidad, Roberto Rosselli, implicados en el caso Zapatero, han dimitido de sus cargos. Lo han hecho mientras eran investigados por el préstamo que recibió la empresa durante la pandemia, tal como han avanzado fuentes de la ACB y ha confirmado EFE.

“Yo lo tendré al acabar el consejo [de ministros], así hemos quedado”. Este es el mensaje de la discordia al que se aferra Jorge Fernández Díaz para intentar conseguir la absolución en el juicio del caso Kitchen, que ha entrado en la recta final en la Audiencia Nacional tras casi cuatro meses. ¿De dónde sale? Es un SMS que el 2 de agosto de 2013 habría enviado presuntamente el entonces ministro del Interior a su número dos, Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad. Es una de las pruebas que desembocaron en la imputación de Fernández Díaz –en septiembre de 2020– y que lo han conducido al banquillo de los acusados. La Fiscalía pide quince años de prisión. Ahora bien, desde el primer día él niega la autenticidad. “Nosotros mantenemos la tesis de que estos mensajes no existieron nunca. Si existieron, no fueron ni enviados ni reenviados por él”, ha defendido su abogado, Jesús Mandri, durante el informe final. Considera que experimentaron una “clara manipulación” y una “creación ad hoc” y que es “inverosímil” sostener que los mensajes procedían del exministro. En cambio, fuentes de las acusaciones los avalan aduciendo que no tiene ningún sentido que Francisco Martínez pusiera negro sobre blanco algo que lo incriminaba.

Julio Martínez Martínez se ha convertido en una de las piezas clave de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos se conocieron en 2011, cuando el expresidente le vendió una casa en Almería, se hicieron amigos y se aficionaron a salir a correr juntos. La UDEF cree que era su testaferro. 24 horas después de trastocar la estrategia de defensa de Zapatero asegurando que él era quien “marcaba los pasos a seguir” en el rescate de Plus Ultra, el empresario ha estado cuatro horas declarando ante el juez José Luis Calama como investigado y ha ratificado al detalle la confesión sobre la intervención del expresidente. A pesar de ello, ha dicho que no sabe en quién influyó o con quién habló para que la aerolínea consiguiera la ayuda pública. Fuentes presentes en la declaración explican a el ARA que ha relatado que él se limitaba a transmitir a Zapatero lo que le decían los clientes, que no entraba en las gestiones que él hacía y que él no le reportaba si iba a ver a alguien.

El Tribunal Constitucional comenzará a mirar de nuevo la amnistía dentro de dos meses, el 22 de septiembre, porque en total, ¿qué son sesenta días en la vida de una persona que espera justicia, exiliada o inhabilitada, desde hace casi nueve años? Ya no vendrá de aquí.

El 19 de mayo a primera hora, una noticia estalló como un obús inesperado: un juez de la Audiencia Nacional imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias. Un mes más tarde, quien en los últimos años ha sido fiel escudero y celador de Pedro Sánchez declaraba ante José Luis Calama durante casi tres horas y negaba de raíz todas las sospechas. Pero se dejaba un tema en el tintero: las joyas con valor de 1,3 millones de euros que la policía española encontró en la caja fuerte de su despacho. Una semana más tarde, la UDEF abrió una nueva vía y apuntó que Zapatero cobró 200.000 euros por influir en Bolivia a favor de una empresa peruana. Desde entonces, las filtraciones y las quejas de la defensa del expresidente español han sido las únicas novedades de una causa sobre la que todavía planean muchas incógnitas. Desde aquel momento, y a pesar de los interrogantes que permanecen abiertos, la Moncloa mantiene el apoyo cerrado al expresidente español y Pedro Sánchez reitera la “confianza” en él.

La directora general de la Guardia Civil ha vuelto a la Audiencia Nacional para declarar como investigada por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez. Su nombre afloró después de que la Unidad Central Operativa (UCO) descubriera que se había reunido con la conocida como fontanera del PSOE, a pesar de que ella se ha desmarcado desde el primer momento de la presunta trama para torpedear investigaciones judiciales. Según ha podido saber el ARA, ante el juez ha afirmado que es una “víctima” de Santos Cerdán, que era el número tres del partido y con quien “nunca” tuvo una “buena relación”, y ha asegurado que si hubiera sabido que Leire Díez iba de su parte, se habría negado a recibirla. Ha añadido que no vio “nada oscuro” en los contactos con ella y que nunca hablaron de las investigaciones internas en el seno de la Guardia Civil.

Ni presiones ni órdenes para no investigar el entorno de Pedro Sánchez. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, que está investigado por prevaricación y obstrucción a la justicia en el marco del caso Leire Díez, se ha defendido ante el juez Santiago Pedraz. El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste, aseguró que en julio de 2024 él instó a los agentes a “ponerse de perfil” en las causas judiciales con afectaciones políticas y les conminó a no ser proactivos y ceder el protagonismo de impulsar las causas a los jueces. Manuel Llamas ha estado declarando durante más de dos horas y ha negado cualquier maniobra para torpedear u obstaculizar las investigaciones: ha asegurado que en ningún momento dijo que se debían poner de perfil y ha negado cualquier tipo de presión.

Cristina Narbona se ha desvinculado completamente de las maniobras que presuntamente instigó Leire Díez para desestabilizar causas judiciales del entorno de Pedro Sánchez. La presidenta del PSOE, que se intercambió mensajes de WhatsApp con la entonces militante socialista el día que el presidente español comenzó los cinco días de reflexión, ha dejado claro que “no tenía el mínimo conocimiento” de la supuesta trama que está investigando la Audiencia Nacional. Lo ha dicho a preguntas de los periodistas después de una declaración como testigo de menos de media hora ante el juez Santiago Pedraz. Leire Díez le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes” y ella la remitió a Santos Cerdán porque él, como secretario de organización del partido, se encargaba de la política de comunicación. Según ha podido saber el ARA, a puerta cerrada ha dicho que Díez la llamó porque “quería colaborar y ayudar” y tenía “información útil para el partido”. “Me refiero a información, nada de cloacas”, ha puntualizado. Eso sí, ha reconocido que los informes de la Guardia Civil describen “indicios preocupantes”.

Las causas del entorno del PSOE tienen algunos vasos comunicantes. Uno de estos denominadores comunes son los principales investigados –José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García–, que se repiten en diferentes juzgados. Pero otro son personas que nunca habían estado en política, que no estaban inicialmente en el radar y que se han acabado convirtiendo en piezas clave de las investigaciones que están en marcha.

Santiago Pedraz estrecha el círculo sobre el entorno de Pedro Sánchez. El juez que está investigando el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional ha decidido investigar a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE antes de que llegara a la Moncloa y presidente de Correos del 2018 al 2023. Da este paso después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción a raíz de el último informe de la Guardia Civil, que concluyó que él tuvo una “participación relevante y preeminente” en la presunta trama. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntaba que él y Díez habrían “trabajado estrechamente en la consecución de los objetivos” de la supuesta organización, tanto en la presunta adjudicación irregular de contratos en el entorno de la SEPI como en los intentos de desestabilizar causas judiciales vinculadas a los socialistas.

Giro de guion cuando faltan pocos días para que termine el juicio de la Kitchen. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, instructor del caso, ha accedido finalmente a investigar los audios de las conversaciones de María Dolores de Cospedal y José Manuel Villarejo sobre la operación para intentar robar a Luis Bárcenas información que pudiera comprometer al PP. La exsecretaria general del PP, que también fue ministra de Defensa, había sido hasta ahora uno de los grandes nombres protegidos de la causa, pero finalmente la justicia ha decidido poner la lupa por unas grabaciones que también salpican al expresidente Mariano Rajoy.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional da por acreditado que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participó directamente del "operativo parapolicial delictivo" conocido como caso Kitchen y tuvo el "control" del chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, que actuó como confident. El fiscal César de Rivas ha concluido este martes ante el tribunal que este dispositivo ilegal no perseguía recuperar el dinero oculto de Bárcenas, sino "boicotear" la investigación judicial del caso Gürtel y arrebatarle documentación "comprometedora" para la cúpula del partido.

Los últimos días José Luis Rodríguez Zapatero ha desplegado su estrategia de defensa en múltiples frentes: cuatro escritos en cuatro días. El último paso que ha dado el expresidente español ha sido arremeter con mucha dureza contra la UDEF, a quien responsabiliza de que sus agendas y las conversaciones con su secretaria hayan acabado esparcidas en los medios de comunicación. Denuncia que es un “auténtico disparate”, una “difusión indiscriminada” con un “resultado desolador” y “el atentado más grave que puede hacerse” contra los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones. Esta última petición, a la cual ha tenido acceso el ARA, se suma a los otros movimientos que ha hecho recientemente para intentar invalidar los chats que lo incriminan. Son todas conversaciones entre terceros que hablan de él y que fueron la base de su imputación. Hasta ahora, su hoja de ruta se centra en atacar el origen y legitimidad de las pruebas.

Hay una comparativa entre dos jueces de moda que últimamente hace fortuna: José Luis Calama, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Peinado, que ha enviado a Begoña Gómez a juicio después de una instrucción de dos años. A nadie se le escapa que la manera de pivotar las dos grandes causas mediáticas en las que están inmersos es diferente. No en vano por los pasillos del Congreso voces de alta jerarquía de la Moncloa reconocen que Calama "no es" Peinado, como muestra de que la investigación sobre el expresidente español, aún embrionaria, no tiene las extravagancias de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. La meridiana distancia entre ambos se ha hecho patente, especialmente, en dos cuestiones: la adopción de medidas cautelares y la imputación de personas que previamente han declarado como testigos con la obligación de decir la verdad. Vamos por partes.