Durante casi dos horas y media, Cristóbal Martell ha intentado desmontar la acusación de la Fiscalía contra Jordi Pujol Ferrusola, que se enfrenta a 29 años de prisión. El abogado de la familia ha arrancado con vehemencia para evidenciar la falta de pruebas que avalen la "grandilocuente afirmación" que el expresidente de la Generalitat tejió una "red de clientelismo" para lucrarse de comisiones ilegales a cambio de obra pública: "Cuando una acusación empieza con un frontispicio tan altisonante y ambicioso, uno espera columnas que sostengan con fundamento esta afirmación gruesa. Nada", ha proclamado. "¿Con esto se satisface un escrito del ministerio fiscal y se lleva a una sala de un estado democrático?", se ha preguntado con ironía en un momento de su intervención. "No parece razonable llevar esto a una sala de justicia en un estado de derecho de garantías", ha añadido en otro momento.

Después de casi seis meses, el juicio del caso Pujol llega –ahora sí– a la recta final, y si los pronósticos optimistas del tribunal se cumplen el jueves quedará visto para sentencia. Este lunes han terminado las declaraciones de los acusados, con los cuatro empresarios que quedaron pendientes hace diez días. A las ocho y media de la mañana los abogados mantenían una distendida tertulia futbolística mientras esperaban que les dejaran entrar. Y, entre bambalinas, periodistas y letrados aprovechaban los recesos para hacer quinielas sobre cuál sería el veredicto del fiscal. Finalmente, Fernando Bermejo ha optado por mantener las peticiones de pena de prisión que solicitó la Fiscalía Anticorrupción inicialmente: 29 años para Jordi Pujol Ferrusola, 17 años para Mercè Gironès –su exmujer–, 14 años para Josep Pujol, 8 años para sus hermanos y 5 años para los nueve empresarios. "Si no ha habido sentido común hasta ahora, ¿por qué lo habrá ahora?", se preguntaba un rato antes uno de los abogados. Y otro aconsejaba excluir a los empresarios que no tienen nada que ver con obras públicas: "Entre privados, es mucho más difícil mantener la acusación, y el filtro del Supremo no es fácil de superar", avisaba, pensando ya en un posible recurso. Pero el fiscal ha seguido adelante.

El juez “progresista” –o si más no propuesto por los de Podemos– José Ricardo de Prada hizo ir el lunes a primera hora al presidente Jordi Pujol a la Audiencia Nacional en Madrid. Más que hacerle declarar, lo que se deseaba era someterlo a otro examen forense para exhibirlo como trofeo herido, si no abatido. Y esto, para después poder tratarlo de discapacidad y retirarlo de la causa y mantener abierta para siempre la sospecha de una hipotética culpabilidad, cosa de la que él mismo se quiso defender hasta el final. ¡Quizás aquí estaba el riesgo!

La última vez que hubo una expectación similar en San Fernando de Henares fue el 24 de noviembre del año pasado. Una multitud de periodistas esperaba desde primera hora de la mañana con un frío glacial la llegada de la familia Pujol. Era el día que comenzaba lo que se ha bautizado como el juicio de la década, aunque después de aquella jornada el foco mediático no ha vuelto a ser el mismo. En Madrid los comentarios en las tertulias han sido mínimos en los últimos meses y el juicio no ha abierto portadas ningún otro día que no fuera el primero. Hasta este lunes 27 de abril, donde volvía a haber más o menos los mismos periodistas, esta vez pasando calor y con la máxima expectación por la decisión ampliamente incomprendida del presidente del tribunal, Ricardo de Prada, de hacer ir presencialmente a Jordi Pujol a la capital española. "Ha descubierto el mar Mediterráneo", ironizaba un letrado, cuando han decidido excluir de la causa al expresidente por incapacidad.

Después de la decisión de excluir al presidente Jordi Pujol de la causa, el plato fuerte en la Audiencia Nacional ha sido la declaración de su hijo mayor, para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión por cinco delitos. La primera entrega ha durado casi tres horas, hasta que su abogado ha pedido ponerle fin al verlo "manifiestamente cansado". El fiscal Fernando Bermejo se ha dedicado a repasar al detalle sus negocios y el primogénito ha defendido a capa y espada su trabajo. "Lo que he hecho está bien hecho" y "no hay nada que ocultar", ha reivindicado en dos momentos del interrogatorio.

Se ha acabado el juicio para Jordi Pujol. El tribunal lo ha dejado fuera de la causa por incapacidad de defenderse. Ha pasado lo que avanzamos que podía pasar el miércoles de la semana pasada. Lo han dejado fuera porque el hombre no estaba en condiciones y porque, en el fondo, les era mucho más cómodo apartarlo de la causa que tener que absolverlo, que, a la vista del juicio, era lo que iba a pasar. Pocos minutos antes de las once de la mañana, dos horas después de la llegada del expresidente a la Audiencia, el presidente del tribunal, José Ricardo Prada, lo ha explicado así:Presidente del tribunal: “El tribunal tenía un especialísimo interés en tener una entrevista con el señor Jordi Pujol Soley y conocer de primera mano cuál era su situación personal. (...) La conclusión que extrae o ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento y capacidades en este juicio. Con ello, se acuerda que a partir de este momento queda… No quiero usar la palabra ‘expulsado’, pero sí, efectivamente, queda fuera del procedimiento. (...) La decisión de la sala ha dependido de los informes médicos existentes anteriormente, del informe médico forense, que ya se había aportado al inicio de las sesiones de la vista, y del último informe médico que ha emitido el médico forense al tribunal. Y, como digo, también del contacto personal imprescindible, ya que es el tribunal quien tiene que tomar la decisión y no puede diferir esta decisión a nadie más”.En esta conversación que ha dicho el juez, Pujol ha dicho a los médicos que quería declarar, que es lo que tenía que decir. Pujol no es de esconderse, y si lo hubieran de apartar de la causa lo tenía que hacer el juez, no pedirlo él. Pero, obviamente, todo el mundo sabía que Pujol no estaba en condiciones de declarar, porque se cansa enseguida, no oye bien, se repite y hace repetir, tiene cerca de 96 años, camina con andador y se levanta tarde. Las preguntas que nos hemos hecho estos días subsisten: si los médicos ya habían dicho que no podía ir, si para tener esta conversación final con Pujol no hacía falta hacerlo ir a Madrid, ¿por qué le han hecho ir?  Pues para que no se dijera que era  blando, y para que… Ya les avancé el miércoles pasado. Les dije: “No piensen que esto que diré ahora es una pirueta exagerada. Que lo hagan ir a Madrid también puede tener otro sentido (además del escarnio): que el juez se cubra y pueda decir que, después de hacerlo ir y de hacerlo examinar por los forenses, lo sacan de la causa. En el fondo es muy posible que el tribunal prefiera decir que no lo pueden juzgar a tenerlo que absolver, que viendo cómo ha ido el juicio no sería nada descartable”. Y así ha sido. Eso sí, que antes pague la pena del telediario, si no es más. El presidente Pujol queda fuera de la causa, pero el juicio a sus hijos continúa. Pujol no tendrá una absolución de la justicia penal. Tendrá el juicio de la historia. Buenos días.

Jordi Pujol i Soley ha quedado finalmente fuera de la causa judicial que tiene a su familia en el epicentro después de catorce años de instrucción. El procedimiento, que comenzó en 2012 en torno a su hijo mayor y que se agravó con la confesión sobre la herencia del abuelo Florenci en 2014, ha terminado en el caso del expresidente porque no está en condiciones de ser juzgado. Ha pasado demasiado tiempo y sus habilidades cognitivas ya no son las adecuadas. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que ha comunicado su exclusión del procedimiento después de haberle visto en persona. Como habían dicho ya repetidamente los médicos, los jueces han constatado la "imposibilidad" de que Jordi Pujol continúe como acusado con "plenitud de conocimientos y capacidades".

Ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal y ahora tampoco Soraya Sáenz de Santamaría recuerdan nada de la operación Kitchen. Este lunes ha sido el turno de la exvicepresidenta española, que ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, exhibiendo problemas de memoria similares a los del expresidente del PP. "No lo recuerdo" ha sido la frase que más ha repetido en un interrogatorio que ha durado escasamente un cuarto de hora. Sáenz de Santamaría, que también fue portavoz del ejecutivo de Rajoy entre 2011 y 2016, ha afirmado que no tuvo "constancia alguna" de esta operación durante su época de gobierno.

Jordi Pujol i Soley será el gran protagonista este lunes en la Audiencia Nacional. El expresidente de la Generalitat ha tenido que viajar hasta Madrid para que un médico forense examine su salud y el tribunal del juicio a su familia dictamine si puede declarar como acusado o lo exime de la causa. Ahora bien, a lo largo de 31 sesiones y 200 testigos, las referencias hacia él han sido mínimas, tangenciales y con cuentagotas. Quien ha estado en el centro de todos los interrogatorios ha sido su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. En relación con el expresidente catalán, ha habido agradecimientos, recuerdos de saludos de pasada y anécdotas, pero no se ha hecho ninguna alusión a tratos de favor o comisiones ilegales a cambio de obra pública. La investigación judicial concluyó que la familia Pujol aprovechó su "posición privilegiada de ascendencia" para "acumular un patrimonio desmesurado" que estaba "directamente relacionado" con "actividades corruptas". La Fiscalía sostiene que Jordi Pujol tejió una "red de clientelismo" y pide nueve años de prisión para el expresidente de la Generalitat. Ahora bien, hasta ahora la acusación no ha presentado pruebas que acrediten su implicación. ¿Qué han dicho los testigos que han hablado de él?

La Audiencia Nacional no quiere caer en el edadismo –la discriminación por motivos de edad– con Jordi Pujol. Según ha podido saber el ARA, así lo ha argumentado el presidente del tribunal que está juzgando el caso Pujol, José Ricardo de Prada, al inicio de la sesión del juicio de este viernes, la última antes de las declaraciones de los acusados. Llega tres días después de que se supiera que el expresidente de la Generalitat tendrá que viajar el lunes a Madrid para que un médico forense lo examine y acredite si está en condiciones de continuar en el banquillo de los acusados. "El tribunal no quiere caer en el edadismo", ha verbalizado el juez Prada antes de que arrancase la sesión pública y después de que uno de los abogados de la familia Pujol le pidiese abordar el tema. Es decir, no quieren dejar de citarlo por su avanzada edad. Ahora bien, Jordi Pujol no solo tiene 95 años, sino que también tiene marcadores de alzhéimer en la sangre. "Quiero que el señor Jordi Pujol Soley participe en el procedimiento teniendo la certeza de que está en condiciones de poder soportar el juicio", ha añadido el juez. "El tribunal no parte del prejuicio, quiere ver exactamente sus capacidades para determinar si debe continuar o no", ha rematado. La defensa de Jordi Pujol ha optado por no presentar ningún escrito nuevo porque considera que la decisión está tomada y no hay margen para modificarla. Y se inclina porque Jordi Pujol se traslade a Madrid en coche. Todavía no se sabe a ciencia cierta si entrará por el parking o no.

Nueve años después de testificar por el caso Gürtel, Mariano Rajoy ha vuelto a la Audiencia Nacional para declarar por el caso Kitchen. Ha llegado a San Fernando de Henares a las 9:40 horas en coche y ha accedido a las dependencias judiciales por el aparcamiento. Ha estado respondiendo durante treinta minutos, en una declaración que ha comenzado protagonizada por monosílabos y evasivas y que ha acabado con tres alegatos en los que se ha desmarcado de los hechos y ha echado una mano a las defensas de los acusados. La frase estrella ha llegado nada más arrancar, durante el interrogatorio de la abogada del PSOE, que le ha preguntado si él era M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas: "Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y después cada cual me llama como quiere; pregúntaselo a ellos". Después de este primer lucimiento, se ha dedicado a negarlo todo categóricamente. "¿Le entregó a Bárcenas un sobre con el remanente de la caja B? ¿Introdujo en la trituradora la última página de los papeles de Bárcenas? ¿Tiene conocimiento de que Bárcenas fuera presionado o intimidado por orden de responsables del partido?", ha preguntado la abogada del PSOE. Son tres cuestiones que el extesorero del PP aseguró el lunes cuando declaró como testigo. "Absolutamente falso", se ha limitado a contestar Rajoy en las tres ocasiones.

Jordi Pujol i Soley tendrá que ir personalmente a Madrid el próximo lunes para que lo examine un médico forense. Si este da luz verde, Pujol tendrá que declarar como acusado en el juicio contra su familia y varios empresarios que se está celebrando en la Audiencia Nacional desde hace cinco meses. En noviembre, cuando comenzó el juicio, cinco forenses dijeron que "no está en condiciones físicas ni cognitivas" para ser juzgado. Han pasado cinco meses y volvemos a las andadas, el tribunal quiere reexaminar Pujol.Hoy los hijos se reúnen con su abogado, Cristóbal Martell, pero no hay nada que hacer para impedir el viaje. De capacidades cognitivas, Jordi Pujol está más o menos igual que en noviembre, aunque en un obvio proceso de regresión. Piensen que a principios de junio, de aquí menos de dos meses, cumplirá 96 años. Al parecer, Pujol no entiende por qué pudo declarar desde casa, telemáticamente, cuando empezó el juicio y, en cambio, ahora le hacen ir, aunque, por grande que sea, entiende que las imágenes de él pasando hacia la Audiencia y al banquillo de los acusados son muy golosas.La pregunta persiste: ¿por qué no quieren que Pujol declare ahora telemáticamente? ¿Por qué no se fían de lo que dijeron los forenses en noviembre? Porque desde noviembre Pujol puede no haber empeorado, pero seguro que no ha mejorado. ¿Y por qué no envían a los forenses a Barcelona y lo examinan aquí? El presidente Puigdemont montó ayer el grito en el cielo: “No pueden ser más miserables", denuncia. Cree que la Audiencia Nacional busca "el escarnio" y una foto para "humillar no solo a una persona, sino sobre todo aquello que representa", y dice que si no fuera por la condición de exiliado habría acompañado a Pujol a Madrid "con mucho gusto". Es verdad que a Pujol lo hemos visto no hace muchas semanas yendo a votar a las elecciones del Barça. Y que asiste a actos públicos. Pero no nos confundamos. Una cosa es ir a votar, que solo requiere un esfuerzo físico, y otra es sentarse en un juicio en el que te acusan y piden prisión para ti, y en el que tú te tienes que defender. Todo el mundo que ha hablado con Pujol dice que no oye, que hace repetir las preguntas y que te vuelve a preguntar una cosa que solo hace un momento que le has contestado.Si hablamos de justicia, la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para el expresidente catalán por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. ¿Pero saben qué pasa? Que a lo largo de treinta sesiones, con un 95% del juicio celebrado, con testimonios periciales y cara a cara, el nombre del expresidente prácticamente ni se ha mencionado. Por lo tanto, y que no piensen que esto que diré ahora es una pirueta exagerada, que lo hagan ir a Madrid también puede tener otro sentido (además del escarnio): que el juez se cubra, pueda decir que, después de habérselo hecho ir y de haberlo examinado por los forenses, lo sacan de la causa. En el fondo es muy posible que el tribunal estime más decir que no lo pueden juzgar que haberlo de absolver, que viendo cómo ha ido el juicio no sería nada descartable.Buenos días.

Jordi Pujol i Soley tendrá que ir "personalmente" a Madrid el lunes 27 de abril para que un médico forense le examine como paso previo a su declaración como acusado en el juicio contra su familia y nueve empresarios que está en marcha en la Audiencia Nacional desde hace cinco meses. Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso el ARA, que cita al expresidente de la Generalitat a las 9.30 horas de la mañana, a pesar de que los forenses dijeron en noviembre que "no está en condiciones físicas ni cognitivas" para ser juzgado. Ahora la Audiencia Nacional le vuelve a ofrecer la posibilidad de aportar los "documentos que estime conveniente a efectos de su valoración médica". A las 10 h comenzarán las declaraciones de los acusados. Además, el médico forense tendrá que estar presente "durante todo el tiempo que dure" la declaración de Pujol.

Un audio en el que se oye a Mariano Rajoy en el despacho de la séptima planta de la sede de la calle Génova recibiendo un sobre de dinero en efectivo y destruyendo la documentación que demostraba la existencia de la caja B del PP. Este ha sido uno de los protagonistas de la esperada declaración de Luis Bárcenas como perjudicado en el juicio del caso Kitchen. Él grabó al entonces presidente del gobierno español porque quería que “quedara claro” que la caja B del PP –acreditada en la sentencia del caso Gürtel que acabó desembocando en la moción de censura de Pedro Sánchez– “existía con conocimiento de todas las instancias responsables del partido”. Ahora bien, el archivo de audio nunca vio la luz y fue presuntamente robado por la policía patriótica. Es esto, precisamente, lo que se está juzgando en el juicio que está en marcha desde principios de abril en la Audiencia Nacional, que debe dirimir las maniobras de las cloacas del Estado para espiar al extesorero del PP y robarle información que pudiera salpicar a la cúpula del PP. Luis Bárcenas, que es acusación particular de la causa, ha apuntado que el impulsor de la operación Kitchen fue el mismo Partido Popular para intentar destruir las pruebas de la trama Gürtel, de la que estaba al tanto Rajoy, según ha relatado. Solicita 41 años de prisión para los dos principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien era su número dos, Francisco Martínez.

El juicio contra la familia Pujol Ferrusola ha entrado en la recta final. Esta semana ha estado protagonizada por los peritos propuestos por las acusaciones y las defensas para valorar los negocios del hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Y el plato fuerte ha sido el careo entre dos expertos de Hacienda y tres especialistas propuestos por la defensa del primogénito, que comenzó el martes y terminará el próximo viernes en una sesión extraordinaria. En total, acabarán siendo más de diez horas de declaración.

Después de tres meses escuchando testimonios, el juicio contra la familia Pujol Ferrusola está inmerso en las declaraciones de los peritos, que deben arrojar luz sobre los negocios del hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Dos de los que comparecieron este martes en la Audiencia Nacional fueron nombres que emergieron en los medios de comunicación en el mes de julio en el marco del caso Montoro: Francisco Piedras y Manuel de Vicente-Tutor. Son inspectores de Hacienda, son socios directores de Equipo Económico –el bufete que fundó Cristóbal Montoro y que está en el epicentro de la presunta trama de corrupción– y están investigados por los juzgados de Tarragona.

Ya el día previo al inicio del juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, el PP avanzó que su estrategia era la de hacer un cortafuegos. "Feijóo no es la Kitchen", proclamaron fuentes del partido. Este ha sido el planteamiento de los populares a lo largo del primer y segundo día de vista oral. El argumentario que repiten los actuales dirigentes del PP tanto en público como en privado es que se trata de un asunto relacionado con el pasado, que no tiene absolutamente nada que ver con Alberto Núñez Feijóo y el equipo del actual presidente popular. En este sentido, la segunda sesión de este martes del juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, ha dado un poco más de aire al PP actual por el hecho de que ha descartado sentar al partido en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo. El PSOE, que ejerce de acusación popular, había pedido suspender el juicio y volver a la fase previa de instrucción para poder imputar tanto al PP como persona jurídica como a la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, que había aparecido en audios hablando de la cuestión y citando al entonces presidente español, Mariano Rajoy. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha argumentado que no se puede retrasar aún más el juicio de unos hechos que datan de 2013. “Ya tocaba”, ha subrayado, avalando así la instrucción del polémico juez Manuel García-Castellón, ahora ya jubilado.

El juicio del caso Kitchen ha arrancado este lunes con un nombre en boca de todos, pero ausente en el banquillo de los acusados: el Partido Popular. La Audiencia Nacional está juzgando la presunta operación que se orquestó en el seno del ministerio del Interior, presuntamente auspiciada por Jorge Fernández Díaz, para robar a Luis Bárcenas información comprometedora para el PP. La Fiscalía pide penas de hasta diecinueve años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero ha dejado fuera del perímetro de la causa al PP y a María Dolores de Cospedal, que fue secretaria general de los populares de 2008 a 2018. Durante la primera sesión, en el trámite de cuestiones previas, el PSOE –que está personado en el caso como acusación popular– ha querido poner énfasis en la "conexión política" y ha conminado al tribunal a juzgar también al PP como partícipe a título lucrativo –o responsable civil subsidiario– alegando que se benefició de la operación parapolicial, que pretendía ocultar las pruebas del caso Gürtel, que es lo que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Los socialistas también han solicitado que se suspenda el juicio para reabrir la investigación sobre Cospedal y su exmarito, Ignacio López del Hierro.

Año 2013. Mariano Rajoy gobierna España con mayoría absoluta y salen a la luz los papeles de Luis Bárcenas, que revelan la existencia de una caja B en el PP. A raíz de esto, el ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, diseña y –según el relato de la Fiscalía– pone en marcha una “ilícita operación policial de inteligencia” con la voluntad de robar a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, información y pruebas que incriminen a dirigentes populares en el marco del caso Gürtel. El objetivo final es “impedir” que lleguen a manos de los investigadores. Cinco años más tarde, aquel juicio por corrupción acaba con la sentencia que propicia la moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y ahora, trece años después, la cúpula de la policía patriótica se sienta en el banquillo de los acusados, con peticiones de quince años de prisión por parte de la Fiscalía, en un juicio que arranca el lunes en la Audiencia Nacional y que deberá arrojar luz a las maniobras de las cloacas del Estado para proteger al PP. Los principales delitos de los que están acusados son encubrimiento, malversación, soborno, revelación de secretos y tráfico de influencias.

Tomada la decisión por parte de la Audiencia Nacional de enviar a juicio al BBVA como persona jurídica así como a su expresidente Francisco González, la Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha y reclama 173 años de cárcel para el exdirectivo y más de 180 millones de euros de multa para la entidad financiera. Ésta es la petición de pena del ministerio público por el caso de espionaje relacionado con la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, según consta en el escrito de acusación del ministerio público. Concretamente, a González se le piden cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho activo y otros 168 años por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos (cuatro años de reclusión por cada uno).