Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), tendrá que devolver 82.341 euros por los cobros indebidos que percibió cuando estaba al frente del organismo. Así lo ha establecido el Tribunal de Cuentas, que estima parcialmente la petición que habían hecho tanto la abogada de la OAC como la Fiscalía a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas que alertaba de estas irregularidades. El órgano fiscalizador ve acreditada la responsabilidad contable de De Alfonso en el cobro de sobresueldos que no le correspondían, a través de complementos que se añadían a sus nóminas.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación sobre el escándalo de la extinta dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El objetivo, según ha avanzado El Nacional y confirman fuentes del ministerio público al ARA, es esclarecer si el organismo dependiente del departamento de Derechos Sociales incurrió en una "posible responsabilidad contable" por las irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados. Todo ello, después de que la Sindicatura de Cuentas detectara más de 167 millones pagados indebidamente en el conjunto de prestaciones entre 2016 y 2022. De éstos, 4,7 millones correspondían a los indebidos a jóvenes extutelados, que el Gobierno ha aprobado condonar este martes, una decisión pactada entre PSC, ERC y Comuns.

Desde 2015 que la Casa Real audita sus cuentas y, por primera vez desde entonces, ha terminado un ejercicio en números rojos. La institución cerró 2024 con un déficit de 99.591,80 euros, según el informe anual del Tribunal de Cuentas hecho público este lunes. En el año anterior, por el contrario, el resultado fue positivo, con un saldo de 379.996 euros. En 2022 la Casa Real también cerró el ejercicio con un superávit de 407.402 euros.

Cuando el Tribunal de Cuentas dio a conocer la sanción de más de 800.000 euros en Vox por financiación irregular, en una escueta nota de prensa del pasado 30 de abril informó de que dos consejeros emitieron un voto particular en contra de la resolución. Se trata de Javier Morillas y José Manuel Otero, que algunas fuentes consultadas por el ARA adscriben al sector "más conservador" del organismo. Lo que no decía aquella comunicación es que, en el pleno, la votación había sido de un ajustadísimo 7 a 6 a favor de imponer esa importante multa a la formación de extrema derecha.

La extrema derecha españolista está en el punto de mira de investigaciones y sanciones por financiación irregular. Tanto Vox como Se ha Acabado la Fiesta (SALF), de Alvise Pérez, acumulan problemas en este ámbito con multas impuestas y diligencias abiertas. El Tribunal de Cuentas ya tocó la corteza a Vox el año pasado con dos sanciones que subían hasta un total de 233.000 euros, y este año de nuevo, con 862.000 euros. Incluso el PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación en el partido por financiación irregular por unas supuestas donaciones anónimas. Según ha podido saber el ARA, el ministerio público decidirá, en los próximos días, si se querella contra Vox o si archiva las diligencias. Por su parte, el Tribunal Supremo investiga a Pérez por una donación de 100.000 euros en efectivo por parte de Álvaro Portillo, un empresario de las criptomonedas y presunto estafador masivo.

El independentismo se encomendó durante el Proceso a un lema, "Europa nos mira", que hizo fortuna y el españolismo ridiculizó. Ahora, quien también se contagia a esta esperanza europea es el españolismo civil, en su caso para que la justicia tumbe la amnistía en el supuesto de malversación e impida de rebote el regreso de los exiliados –entre ellos el expresidente Carles Puigdemont–, que paralelamente tienen abierta una causa penal en el Tribunal Supremo. Paradójicamente, los que habían sacralizado las resoluciones del Tribunal Constitucional ahora han dejado de confiar en ellos porque hay mayoría progresista.

Aliança Catalana ha suspendido su primer examen ante el Tribunal de Cuentas: el ente fiscalizador ha detectado irregularidades graves en cuanto a su financiación en las elecciones que situaron a Silvia Orriols al frente de la alcaldía de Ripoll. No es, sin embargo, la única formación catalana a la que pica la corteza en el informe sobre el gasto electoral de las municipales de 2023. Juntos por Cataluña –bajo la marca Compromís Municipal– y Valents –el partido que fundó Eva Parera tras la asustada de Manuel Valls de Barcelona– también incurrieron en presuntas irregularidades sancionables. Un par de candidaturas locales catalanas también podrían recibir sanciones por malas prácticas: son Alternativa per Olèrdola y Ara Decidim Ripollet.

El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad el decreto ley que aprobó la Generalitat para avalar desde el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) la fianza que el Tribunal de Cuentas impuso por la causa del 1-O y el acción exterior. En el pleno de este jueves, los magistrados han estimado el recurso de inconstitucionalidad que había presentado Vox. Ahora bien, la decisión no tiene ningún efecto práctico, tal y como indican fuentes del TC, del Tribunal de Cuentas y de la Generalitat en el ARA, dado que posteriormente se aprobó un proyecto de ley que da cobertura.

La financiación de Vox lleva tiempo en el punto de mira del Tribunal de Cuentas. En el informe de 2019 del órgano fiscalizador ya aparecían sospechas de que, finalmente, se han visto confirmadas. El partido de extrema derecha recibió donaciones de carácter finalista, prohibidas por ley. Se trata de infracciones "muy graves contra la ley de financiación de partidos" que, una vez bajo sospecha, provocaron que a principios de año se abriera un expediente a Vox. Según ha avanzado este lunes El País y ha confirmado el Tribunal de Cuentas, el resultado son dos multas contra la formación de Santiago Abascal, que ascienden a 233.324,22 euros.

Crecen las sospechas sobre las cuentas de Vox. Tras saberse que el Parlament pide más información al líder de la formación de extrema derecha en Catalunya, Ignacio Garriga, por supuestamente haber cargado gastos personales a cargo de la cámara catalana, ahora es el Tribunal de Cuentas quien pone en cuestión las finanzas del partido a nivel estatal. El informe anual de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos del 2020 hecho público señala hoy, concretamente, 103.048,30 euros que se habrían ingresado irregularmente.

La financiación de Vox está en el punto de mira. El Tribunal de Cuentas ha señalado en sus informes de 2018 y 2019 que el partido liderado por Santiago Abascal habría recibido más de 300.000 euros a través de cajeros automáticos de ciudadanos sin identificar. La formación ultra justifica los ingresos bajo el epígrafe de "actividades promocionales" o venta de lotería, pero el ente fiscalizador considera que no está suficientemente argumentado: no puede dirimir si se trata realmente de la compra de productos del partido o si suponen donaciones anónimas que están prohibidas por ley. De ahí que el Tribunal de Cuentas le advierta que se arriesga a una infracción grave, porque es la única formación de las 32 analizadas de las que no ha identificado las donaciones.

En los próximos meses un término tomará fuerza a la política catalana: la desjudicialización. No es nuevo ni mucho menos, pero ha cogido fuerza desde que el pasado viernes la Generalitat y el Estado llegaron a un acuerdo por el cual "los dos gobiernos se comprometen a contribuir al final de la judicialización del conflicto político". En otras palabras, el compromiso de intentar frenar las causas abiertas en los tribunales vinculadas con el Procés para poder fortalecer la negociación política. Una de estas batallas se librará en el Tribunal de Cuentas, donde hay uno de los casos más mediáticos que afecta a una cuarentena de cargos vinculados al 1-O y a la acción exterior de la Generalitat, a quien se reclama 3,4 millones de euros. Este miércoles los encausados de Esquerra han dado un primer paso que pondrá a prueba si esta desjudicialización es posible.

La persecución del movimiento independentista a través del Tribunal de Cuentas llevó a sus líderes al límite cuando el órgano decidió rechazar los avales con fondos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas de 34 ex altos cargos de la Generalitat. Para afrontar esta situación –se les reclamaban hasta 5,4 millones de euros–, Junts aportó de manera cautelar los inmuebles del expresidente Artur Mas y los exconsellers condenados por el 9-N, y ERC decidió abonar 2,1 millones en metálico. Después de la renovación de su composición el noviembre pasado, el ente rectificó y decidió aceptar la aportación del ICF. Los tempos, sin embargo, son lentos y casi cuatro meses después los republicanos todavía no han recuperado el dinero: el Tribunal de Cuentas rechazó el pasado lunes sustituir los 2,1 millones de ERC por los avales del ICF argumentando que no lo podía pedir el partido. Según ha sabido el ARA, el exconseller de Exteriors Raül Romeva ya ha presentado un nuevo escrito, esta vez en nombre suyo, y la petición será previsiblemente aceptada. 

La Fiscalía mantiene su ofensiva contra el Procés en el Tribunal de Cuentas, pero reduce su dureza. La demanda presentada este miércoles contra 35 excargos del Govern por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017 rebaja hasta los 3,4 millones de euros el coste económico del Procés que reclamará en la fase de enjuiciamiento que ahora se abre. Es una tercera parte de los 9 millones de euros por los cuales los acusados tuvieron que presentar fianza. Aun así, aunque la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nombrara al frente del organismo a Manuel Martín-Granizo, de la Unión Progresista de Fiscales, el ministerio público continúa como acusación junto a Societat Civil Catalana, que hace unos días ya presentó su acusación.

El Tribunal de Cuentas ha hecho públicos este viernes los argumentos que lo llevaron a aceptar los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de la Generalitat para hacer frente a la fianza de la causa de Exteriores, que subía hasta los 5,4 millones de euros. En una resolución de 31 páginas, explicita que la acción del Govern –presentar los avales en nombre de la treintena de ex altos cargos encausados– está amparada legalmente, a pesar de que fue rechazada de entrada por parte de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas. Una decisión que fue objeto de recurso por parte de la Generalitat y que ahora avala la sala de justicia del Tribunal de Cuentas.

Primer giro de guion en la causa de Exteriores en el Tribunal de Cuentas desde que el órgano renovó sus consejeros. Este lunes la sala de justicia ha decidido aceptar los avales del Institut Català de Finances para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros, tal como ha avanzado El País y ha confirmado el ARA. Inicialmente, la delegada instructora del procedimiento rechazó este mecanismo creado por la Generalitat argumentando que no amparaba las conductas de la treintena de ex altos cargos del Govern investigados. La delegada instructora consideraba que el decreto de la Generalitat era legal, pero que no daba cobertura a aquellos casos en los que los implicados hubieran actuado con "dolo, culpa o negligencia grave".

El Tribunal de Cuentas ha levantado el embargo de cuatro propiedades que los condenados por el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 tenían como garantía para afrontar costas e intereses del juicio y la condena. Este jueves la consellera del departamento segundo de la sección de enjuiciamiento, Elena Hernáez, firmó la resolución -a la cual ha tenido acceso el ARA - y esta mañana lo han recibido las defensas del expresident de la Generalitat Artur Mas y los ex consellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. La liberación de los inmuebles se produce después de que la Caixa de Solidaritat abonara 190.828 euros que acabaron de cubrir la responsabilidad contable por el 9-N.

Manuel Martín-Granizo será el nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y tendrá en sus manos mantener o no la acusación contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por el 1-O y la acción exterior entre los años 2011 y 2017. La renovación del organismo había dejado vacante esta plaza porque quien la ocupaba, Miguel Ángel Torres, fue escogido consejero, a propuesta del PP. El Consejo Fiscal propuso este martes el nombramiento de Martín-Granizo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –de la cual también forma parte la fiscal general del Estado, Dolores Delgado–, con un voto más que Luis Rueda, el número 2 de Torres en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

La mesa del Congreso vuelve a vetar preventivamente un debate, tal como ha hecho con la monarquía y la ley de amnistía. Esta vez ha sido una proposición de ley de Junts que pretendía quitar al Tribunal de Cuentas las funciones jurisdiccionales y que no se ha admitido a trámite porque la mesa considera que contraviene la Constitución. Así lo ha decidido el órgano de gobierno de la cámara baja bajo el criterio de los letrados. Después de un examen preliminar de la proposición, los servicios jurídicos consideran que la propuesta de la formación independentista "contraviene de manera palmaria y evidente lo que dispone el artículo 136 de la Constitución".

El nuevo Tribunal de Cuentas retoma este lunes su actividad y formaliza la renovación con la celebración del primer pleno ordinario. En una institución acostumbrada al enclaustramento, las cámaras podrán entrar para grabar y fotografiar el encuentro de los doce consejeros escogidos hace unas semanas por el Congreso y el Senado. Los nuevos miembros asumirán sus nuevas carteras después de que ya se oficializara quién integra la comisión de gobierno: Enriqueta Chicano, como presidenta de la institución; María Dolores Genaro, presidenta de la sección de fiscalización, y Rebeca Laliga, presidenta de la de enjuiciamiento. Esta sección, que ejerce las funciones jurisdiccionales, tiene sobre la mesa una cuestión que tiene que resolver con una cierta celeridad: aceptar o no los avales del Institut Català de Finances (ICF) para la causa de Exteriores. La delegada instructora los rechazó, pero las defensas han presentado recurso.