El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto de su viaje de Japón y de Corea convencido de que el futuro de la acción exterior de la Generalitat pasa por Asia. Tanto es así que su gobierno ya trabaja en un plan para intensificar las relaciones entre Cataluña y el continente, que se presentará en los próximos meses, y que podría suponer abrir nuevas oficinas en China o en la India. Ahora bien, el PSC no siempre ha sido igual de entusiasta con la expansión de la red de las delegaciones en el exterior. Sin ir más lejos, en el 2023 exigió al entonces presidente, Pere Aragonès, que frenara la apertura de nuevas oficinas ese año. ¿Han cambiado los socialistas su discurso ahora que Salvador Illa manda a la Generalitat?

Salvador Illa inicia este lunes un viaje oficial a Japón y la República de Corea por reafirmar la posición de Cataluña como polo de inversión. En este contexto, el embajador de Japón en España desde el año 2022, Takahiro Nakamae, atiende al ARA en su despacho en la embajada japonesa en medio de una agenda marcada por la difusión de la Exposición Universal que este año acoge el país nipón.

El pasado miércoles 7 de mayo el Parlamento de Cataluña aprobó la ley de creación del cuerpo de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, un cuerpo funcionarial especializado en relaciones internacionales que, pese a tener cobertura estatutaria, no se había llegado a crear.

El Parlament ha aprobado la ley para crear el cuerpo de acción exterior y la Unión Europea de la Generalitat. Una iniciativa de ERC que, de hecho, venía de la anterior legislatura con el Gobierno presidido por Pere Aragonès, y que ha salido adelante este miércoles, con el aval del PSC, Comuns y CUP. Por su parte, Junts y Aliança Catalana se han desmarcado con una abstención y tanto Vox como el PP han manifestado un rechazo frontal. Incluso la derecha y la extrema derecha españolista han protagonizado un debate convulso y ha habido un fuerte rifirrafe con graves acusaciones cruzadas entre populares y republicanos.

El compromiso más llamativo del pacto de investidura entre el PSC y Esquerra Republicana es el que hace referencia al nuevo modelo de financiación singular. Acerca de la financiación singular ya se ha escrito mucho y se escribirá más en los próximos tiempos, porque la cosa va por largo. Un aspecto que no ha llamado tanto la atención es el de la acción exterior de la Generalitat. Después de años de instrumentalización de este ámbito en pro de la causa independentista, es lógico interesarse por el nuevo enfoque del Gobierno en la etapa postproceso.

La Fiscalía no afloja en su persecución ideológica del independentismo. Este miércoles se conoció a grandes rasgos cuál es finalmente la demanda que mantiene contra 35 excargos del Govern por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017, en una causa que es claramente política e injusta desde su origen. No tiene ninguna lógica que la acción exterior de la Generalitat, que en su momento fue perfectamente legal y no fue impugnada ante ningún tribunal, sea investigada por un órgano administrativo que tiene el objetivo de castigar económicamente los oponentes políticos por una causa que, en todo caso, ya ha sido juzgada en un proceso penal. Dicho esto, lo único bueno que se puede sacar de esta demanda, el contenido total de la cual todavía no se ha dado a conocer, es que el fiscal del tribunal, Manuel Martín-Granizo, de la Unión Progresista de Fiscales, rebaja considerablemente el dinero que considera que se podría haber malversado. De los nueve millones de euros iniciales se ha pasado a 3,4 millones, y, lo que es más significativo, la justificación que da para esta reducción es que "la demanda respeta y aplica un principio de libertad ideológica", de forma que considera que los debates o conferencias que se pudieran haber dado estaban amparados por la libertad de expresión.

Reunión con el gobierno de Baden-Wurttemberg con el gasoducto Midcat entre los temas de interés. Visita a las instalaciones de IBM en Stuttgart, anuncio de una inversión de 10 millones de la multinacional Freudenberg en Parets del Vallès y visita al centro de acogida de refugiados de Berlín. Es el resumen del viaje a Alemania del president de la Generalitat, Pere Aragonès, con agenda de varios días y seguimiento diario de los medios como cuando fue hace unos meses en Francia (también ha visitado Bruselas y Escocia), y que se ha parecido más a los que hacían sus predecesores antes de la eclosión del Procés que a los que hacía Quim Torra la legislatura pasada. No se lo ha escuchado hablar, al menos en público, ni de autodeterminación ni de represión –más allá de responder a alguna pregunta a la prensa catalana–, y ha focalizado los objetivos en las relaciones económicas y de solidaridad. Todo ello, mientras Puigdemont frecuenta la Catalunya Norte y organiza viajes –como el de Cerdeña que le costó la detención– focalizados en el Procés. ¿Son compatibles las estrategias de Puigdemont y de Aragonés?

En paralelo a la apertura de seis nuevas delegaciones de la Generalitat en el extranjero, la actividad exterior del Govern en las próximas semanas también tendrá el foco puesto en los viajes del presidente. Uno de los objetivos que Aragonès se fijó desde el principio del mandato fue reactivar la presencia internacional de la Presidencia de la Generalitat, truncada primero por el 155 y después por las restricciones que impuso la pandemia a la hora de viajar. Así, según ha podido saber el ARA, la próxima semana – días 16 y 17 – el presidente pondrá rumbo a Alemania. No será la única expedición que tiene prevista en los próximos meses.

En medio de la presión del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona y bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, pero la acción exterior de la Generalitat continúa. La consellera Victòria Alsina ha presentado este lunes la estrategia del Govern en el exterior, que incluye la apertura de seis nuevas delegaciones en el extranjero este 2022. Un despliegue que supone, entre otros, la llegada por primera vez de delegaciones de la Generalitat a Asia.

El Consell per la República ya tiene un gobierno, con Carles Puigdemont al frente, una asamblea de representantes, con 121 escaños, y ahora también una conselleria, "el ministerio libre de Exteriores". El ente con sede en Waterloo se quiere nutrir de "representantes en todo el mundo" que se dedicarán a "explicar el conflicto catalán". Pueden ser voluntarios.

A pesar de que desde 2015 haya una conselleria de Exteriores en la Generalitat, la acción en el extranjero es una cuestión transversal que más o menos ejercen todos los departamentos. De hecho, este era el motivo por el cual previamente había colgado de Presidencia como materia que se adentraba en todos los ámbitos del ejecutivo. Es decir, más allá de la tarea de la conselleria que ahora pilota Victòria Alsina, el resto de departamentos también tienen presencia fuera de Cataluña. Acción Climática, por ejemplo, fue quien representó a la Generalitat en la cumbre COP26; Empresa coordina las oficinas de Acción a escala empresarial, y Cultura hace políticas sectoriales a través del Institut Ramon Llull. Para combinar todas estas actividades y que la Generalitat tenga una única voz en el exterior, la actual consellera quiere que a partir de ahora todos los departamentos se coordinen al máximo. Este lunes ha reunido a los secretarios generales y altos cargos de las consellerias con este objetivo.

El gobierno español ha indultado a los nueve presos políticos independentistas condenados por el 1 de Octubre, pero las causas judiciales por el Procés van más allá: desde los exiliados procesados por el referéndum hasta el juzgado 13, pasando por las investigaciones en el Tribunal de Cuentas. Y es en este último tribunal especial donde mañana el independentismo tiene una cita importante: se le comunicará la fianza que el tribunal reclama a 41 ex cargos del Govern -entre ellos el ex president Carles Puigdemont, el ex president Artur Mas y el ex vicepresidente Oriol Junqueras- a raíz de la investigación de la actividad exterior de la Generalitat desde 2011 hasta 2017. La cifra puede llegar a los 5 millones de euros, a los que se suma ya el pago de los 4,1 millones que el propio tribunal reclama por el 1-O, que también se investiga en el mismo procedimiento. La encargada de juzgarlo será la ex ministra del PP Margarita Mariscal de Gante.

La semana pasada era el hijo del ex conseller Andreu Mas-Colell, Alex Mas, quien denunciaba en un hilo de Twitter la causa que su padre tiene abierta en el Tribunal de Cuentas. Poco después se iniciaba una campaña de recogida de firmas en Change.org para que se retiraran las acusaciones al ex conseller. Este sábado ha sido la hija de Mas-Colell, Eva Mas, quien ha ampliado esta campaña al resto de encausados y ha abierto una nueva petición en Change.org en contra de la causa que afecta a 41 cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas amenaza con pedirles una fianza millonaria.

Mientras se abre una etapa de diálogo entre la Generalitat y el gobierno español de pronóstico incierto, la represión contra el independentismo no se para. La próxima causa que está a punto de estallar es una del Tribunal de Cuentas que investiga la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. La inclusión del ex conseller Andreu Mas-Colell entre los 41 investigados ha despertado una oleada de solidaridad en la última semana y ha ayudado a popularizar el caso. La primera fecha en rojo de esta causa será el 29 y el 30 de junio. Los abogados de todos los procesados desfilarán por el Tribunal de Cuentas para conocer exactamente de qué se acusa a sus clientes y sabrán lo más importante: la fianza que tendrán que pagar, que se prevé millonaria. Los investigados, desde los ex presidents Mas y Puigdemont hasta ex consellers como Junqueras y Romeva, delegados en el exterior y altos cargos diversos, se enfrentan a un posible embargo de bienes si no pueden cubrir el dinero.

Con el edificio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fondo y el recurso de Jordi Turull contra la sentencia del Tribunal Supremo registrado, el ex conseller de la Presidencia y abogado Francesc Homs se ha referido a otro procedimiento: ha avisado de que interpondrán una querella por prevaricación contra el Tribunal de Cuentas si la magistrada instructora no cambia la manera de actuar. Homs está citado, junto con una treintena de cargos más –incluidos los ex presidents Artur Mas y Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Junqueras– el próximo 29 de junio en Madrid por presuntas irregularidades en la actividad exterior de la Generalitat desde el año 2012 hasta el 2017. Todavía no saben qué fianza les reclamarán, pero todo apunta a que será millonaria. El motivo es, básicamente, haber hecho actividad de promoción del Procés fuera de Catalunya.