Después de catorce sesiones, el primer juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ha quedado visto para sentencia. Ahora el tribunal, encabezado por Andrés Martínez Arrieta, tendrá que dictaminar si condena a quien fue ministro de Transportes y número tres del PSOE y a quien se convirtió en su permanente mano derecha y si hace caso a la Fiscalía o al PP en la pena de prisión para el “nexo corruptor” de la presunta trama. Durante un mes, el Tribunal Supremo ha sido testigo de cómo uno de los primeros hombres fuertes de Pedro Sánchez se sentaba en el banquillo de los acusados y ha visto escenas de impacto en un juicio que quedará para la historia.

Que el Partido Popular tiene una concepción patrimonialista de la justicia (de las instituciones en general, pero de la justicia en particular: recordemos a Ignacio Cosidó en su etapa como senador, presumiendo que el partido controlaba –es solo un ejemplo– la sala segunda del Supremo “por la puerta de atrás”) es un hecho sabido. Esta semana, sin embargo, el PP ha dado, en su condición de acusación popular, un paso en este camino inédito hasta ahora: dictar cuál debe ser la pena de prisión que le corresponde a un acusado por un juicio en curso. Y acusar a la Fiscalía de estar “sometida al gobierno” cuando se niega a cumplir su dictado.Es lo que ha pasado con el empresario (aceptamos empresario como eufemismo) Víctor de Aldama. El PP hizo saber a la ciudadanía que considera que la pena adecuada para este personaje serían cinco años de prisión, una condena que le permitiría precisamente eludir el ingreso en una institución penitenciaria esgrimiendo un par de tecnicismos (tecnicismos, y perdón por la broma). La Fiscalía contestó de inmediato que no, que pide siete, de años, como ya había establecido en su escrito. La réplica del PP, en boca de Feijóo en persona, es que la Fiscalía ha tirado así por tierra el derecho de toda persona que colabora con la justicia a obtener beneficios penales a cambio de esa colaboración.La “colaboración” del tal Aldama con la justicia ha consistido hasta ahora en plantarse ante los jueces y encender durante siete horas un ventilador que esparcía mentiras, fabulaciones, medias verdades y algún hecho cierto, todo mezclado de cualquier manera, con un tufillo de relato de parte y prefabricado que tira de espaldas, y verbalizado con un lenguaje impresentable y tabernero. Que sea Feijóo (y no alguien de rango inferior dentro del partido) quien salga en su defensa quiere decir que Aldama es un vip, una pieza considerada clave dentro de la estrategia que tiene diseñada el PP para acosar y tumbar al odiado Pedro Sánchez, y con él su gobierno. Aldama, recordemos, es un acusado en un juicio en curso: que desde un partido político se llegue al extremo de indicar cuál ha de ser la pena que se le puede imponer es un intento grave de interferir la justicia.Debemos suponer que no viene de aquí: en el caso en que está acusado Aldama, el exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos se enfrenta a una petición de 24 años de prisión por unos delitos muy parecidos a los que cometió la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que no tan solo no ha ido a prisión sino que hizo caer al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y recibió una indemnización de diez mil euros por los perjuicios causados a su honor. Las conclusiones salen solas, y los socialistas no tienen derecho a lamentarse mucho, porque la práctica de la guerra sucia judicial viene de muy atrás y el PSOE hizo muy poco para impedirla.Sea como sea, que un partido se atreva a decir cuáles han de ser las penas que se han de sentenciar en un proceso judicial todavía abierto, aunque sea como acusación popular, es algo más que preocupante. Si este es un partido que se dice de gobierno (y lo es), las maneras de su gobierno futurible solo podrán ser autoritarias.

Visto para sentencia. El juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo, que arrancó hace un mes, ha llegado a su fin. Ha sido el momento para que la Fiscalía Anticorrupción, el PP –que lidera las acusaciones populares– y las tres defensas verbalizaran sus conclusiones. El primero en tomar la palabra ha sido el fiscal. "El número uno no era el presidente del gobierno español, como, con notable alivio, le atribuye Aldama", ha dicho en la parte inicial de su discurso. Fue la nueva acusación del empresario y el fiscal Alejandro Luzón se ha desmarcado por completo. Eso sí, ha destacado que José Luis Ábalos estaba en la "cúspide" o en el "engranaje esencial" de la organización. A su parecer, él, Koldo García y Víctor de Aldama –junto con otras personas– conformaron una "verdadera organización criminal" que nació de un "pacto corruptor que interesaba a todos" fruto de la "insistencia" y la "poca resistencia" y que no se "diluyó y agotó" hasta que Ábalos fue destituido como ministro en julio de 2021.

"Un caso mediático juzgado hace tiempo con una condena clara". Así ha resumido José Luis Ábalos el caso de las mascarillas, por el que afronta una pena de entre 24 y 30 años de prisión. El exministro de Transportes, que lleva cinco meses en Soto del Real, ha sido el último de los acusados en declarar, después de que la semana pasada lo hicieran Víctor de Aldama y Koldo García. El que fuera el hombre fuerte de Pedro Sánchez en la Moncloa y en Ferraz ha declarado durante casi seis horas y, exhibiendo un conocimiento minucioso de los informes de la Guardia Civil, ha negado haber recibido dinero por parte de Aldama: "Decir que se me entregaron en mano me parece grosero. Entiendo por qué se hace. Le digo que no y no hay ninguna evidencia en absoluto". Asimismo, ha criticado el "sesgo permanente" del instituto armado y ha denunciado una "cierta intencionalidad" durante toda la investigación: "Me llama la atención las ganas de imputarme a mí y de encontrarme algo".

Día clave en el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo. Después de diez sesiones, ha llegado el turno de las declaraciones de los tres acusados: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El único que ha podido ser interrogado este miércoles ha sido el empresario y presunto conseguidor de la trama, que se avino a colaborar con la justicia hace un año y medio cuando estaba en prisión preventiva –"qué invento", replicó Pedro Sánchez– y para quien la Fiscalía pide una pena muy inferior a la del resto de acusados. Igual que hizo en aquel momento inicial de la investigación, ha decidido explayarse, estirar la manta y apuntar directamente a Pedro Sánchez. Sin aportar pruebas y valiéndose solo de su palabra, ha dado detalles minuciosos para intentar acreditar su acceso privilegiado a las esferas de poder, ha relatado al dedillo la hoja de ruta de la presunta corrupción y ha expresado "arrepentimiento". "Si hay una jerarquía de una banda criminal, Sánchez está en el primer escalafón", ha dicho. "A mí se me transmitía que el presidente lo sabía todo", ha añadido en una declaración que se ha alargado más de seis horas y media.

Víctor de Aldama se sienta en el banquillo de los acusados del primer juicio del caso Koldo junto a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes, y Koldo García, que era su asesor. Es el presunto conseguidor de la trama de las mascarillas y se enfrenta a penas de prisión mucho inferiores –la Fiscalía le pide siete años de prisión, un tercio de la petición que hace para el ex número tres del PSOE– porque ha colaborado activamente con la justicia desde el inicio de la causa. En las últimas dos sesiones, se ha puesto de manifiesto que Aldama tenía capacidad para moverse en la sede del ministerio de Transportes, en el complejo de Nuevos Ministerios, como si fuera uno más. Una circunstancia que sorprendía a algunos de los testigos que han desfilado por el Tribunal Supremo.

El testigo clave de la tercera sesión del juicio contra José Luis Ábalos era Carmen Pano. Y su declaración ha seguido el guion previsto: tal como dijo en la Audiencia Nacional, durante la instrucción en el Supremo y en la comisión de investigación del Senado, ha reiterado que fue dos veces a la sede del PSOE a llevar bolsas de dinero a petición de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo y que también se sienta en el banquillo de los acusados. En total, fueron 90.000 euros en dos entregas de 45.000 euros en octubre de 2020. “Me estaban esperando en el segundo piso nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta”, ha explicado la empresaria. Ahora bien, su declaración ha tenido contradicciones con las de otros testigos y no ha aclarado a quién supuestamente entregó el dinero en la sede del PSOE. ¿Qué pasó en realidad? Lo que suscita menos dudas es la primera entrega de dinero. Ella sacó del banco 45.000 euros que le había transferido Claudio Rivas, un socio de Aldama, y los llevó al despacho de Aldama. Allí él le dijo que no podía salir y le pidió si podía hacerle el “favor” de llevarlos a la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid. Y los llevó hasta allí en taxi. Hasta aquí, según su testimonio, todo encaja.

La imagen de este martes en el Tribunal Supremo era trascendente: se ha sentado en el banquillo de los acusados quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ha comenzado el juicio a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, acusados de organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y por hacer favores políticos.

“Un acuerdo que tenía por objeto la futura comisión de delitos a medida que se fuesen presentando las oportunidades de cometer’los”. Después de un año y medio de investigación, así es como resumió el juez Leopoldo Puente la operativa que ha llevado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al banquillo de los acusados. El entonces ministro se valía de su “valiosa influencia”, el asesor aprovechaba sus “oficios” y el empresario y presunto facilitador buscaba empresas o particulares que quisieran hacer gestiones con la administración para hacer valer sus intereses de manera “arbitraria”. Todo ello, según la Fiscalía Anticorrupción, a cambio del “pago continuado de cantidades de dinero elevadas” en el marco de un “convenio criminal”. Y esta semana el Tribunal Supremo da el pistoletazo de salida al juicio, que será el primero relacionado con el caso Koldo –hay otras ramas investigadas en la Audiencia Nacional, como las adjudicaciones de obras públicas que salpican a Santos Cerdán–. Quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez está en la prisión de Soto del Real desde finales de noviembre, renunció al acta de diputado hace dos meses y ahora se enfrenta a entre 24 y 30 años de prisión. Sobre la mesa habrá nueve delitos, entre los cuales destacan los de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

La legislatura de Pedro Sánchez está cada vez más pendiente de los tribunales. La angustia se esparce entre las filas socialistas especialmente después de una semana que ha dejado dos novedades: cinco detenciones que han hecho emerger dos nuevas causas –que siguen secretas– y un informe de la Guardia Civil que vuelve a salpicar a José Luis Ábalos. Son investigaciones en curso, precisamente, sobre temas que golpean el corazón de la hoja de ruta política del presidente español y la génesis de su llegada a la Moncloa. De los cinco detenidos, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al exmilitante socialista Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Todos ellos han salido a la calle con medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas) después de que la fiscalía no haya reclamado su ingreso en prisión.

El Tribunal Supremo pide 60.000 euros de fianza al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva desde hace dos semanas, y los envía a juicio junto con el empresario Víctor de Aldama por organización criminal. Así lo ha dictado en un auto este jueves el magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa de presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil publicó este lunes el informe sobre la presunta implicación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la trama Koldo/Ábalos relacionada con la compra de mascarillas y macetas de antígenos durante la pandemia. El texto señalaba la "influencia" que tuvo el comisionista Víctor de Aldama en la compra de material sanitario del gobierno canario que durante la pandemia presidía Torres. Ahora bien, no constata el cobro de ninguna comisión por parte del ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Es precisamente de eso de lo que ha salido a sacar pecho esta tarde Torres: "En ninguna de las páginas del informe hay ninguna actuación delictiva del gobierno que tuve el honor de presidir", ha afirmado en rueda de prensa. El ministro, en este sentido, ha anunciado una demanda contra De Aldama por intromisión en su honor y el de su familia, en su intimidad y en la propia imagen.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala la "influencia" que pudo tener el comisionista Víctor de Aldama sobre el gobierno canario de Ángel Víctor Torres (PSOE), actual ministro de Política Territorial, en la compra de contratos de mascarillas y test de antígenos durante la pandemia. En concreto, el informe de la UCO presentado este lunes en la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso el ARA, apunta que esa influencia de Aldama se habría producido a través del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. De este modo, el gobierno de las Islas Canarias de Ángel Víctor Torres se vería salpicado, según el informe de la UCO, por la presunta trama de corrupción que rodea a Aldama, Ábalos y Koldo y que tiene su origen en presuntos cobros ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia. Por ese motivo, el PP ha pedido el cese inmediato del ministro.

La estrategia del despecho es una de las más útiles para hacer emerger la corrupción a la superficie mediática, y Telecinco tiene la mano rota en ello. Mayte Zaldívar es el gran referente desde que, en el 2004, salió, en directo, explicando cómo su exmarido, Julián Muñoz, guardaba en casa bolsas de basura llenas de fajos de billetes. Resentida por los cuernos que el alcalde de Marbella le había puesto con Isabel Pantoja, levantó la liebre de uno de los casos más relevantes de malversación de fondos públicos y prevaricación urbanística de España. Dos años más tarde, Cachuli entraba en prisión. El lunes fue el turno de la exmujer de José Luis Ábalos, que decidió hablar, harta de los engaños y las vejaciones de quien fue su marido. El exministro de Transportes intentó sin éxito detener la emisión por la vía judicial. Carolina Perles contó una historia sórdida y terrible de comisiones, prostitutas, Viagra, fiestas y drogas para complementar la precaria gestión de su cartera como ministro.

En la trama del caso Montoro hay un elemento clave que los investigadores están tratando de descifrar: como Equipo Económico, el bufete vinculado al exministro de Hacienda, desvió el dinero que presuntamente pagaba grandes empresas para que el PP aprobara leyes a medida de sus intereses. Para ello, según el juez, el despacho creó un entramado de sociedades pantalla que le giraban facturas pero que, en la práctica, no tenían ni más actividad comercial ni socios distintos a los de Equipo Económico. De este modo, el dinero no salía del perímetro de colaboradores de Montoro que se quedaron el negocio cuando, supuestamente, el expopular se desvinculó (algo que el instructor también cuestiona). Y aquí es donde toma protagonismo la figura de Luis Miguel Triguero López, empresario experto en creación expreso de sociedades mercantiles que no es un desconocido para quienes han seguido la letra pequeña de escándalos vinculados a corruptelas económicas y políticas en España en los últimos años.

"Ni he mentido ni he ocultado información". Así ha salido del paso la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado le han preguntado por qué en su última comparecencia afirmó que no conocía al empresario Víctor de Aldama aunque ahora admite que se reunió allí en noviembre de 2020. reunido con él. Después de que Aldama dijera que había estado en la sede de la Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares, la expresidenta isleña relató que repasó la agenda con su equipo y que "solo" le cuadra que Aldama acompañara como asesor al directivo de Air Europa Pepe Hidalgo en el Consolat de Mar en una ocasión.

Aterrizaron en un espacio oscuro, húmedo y lleno de desechos: el compactador de basura. El agua sucia cubría el suelo y el aire olía a metal oxidado. Trozos de trastos, circuitos rotos, restos orgánicos... Ahí acababan las cosas olvidadas por el Imperio. Y quizás también las personas. Con un ruido seco y mecánico, una de las paredes del compartimento empezó a moverse inexorablemente. Luego la otra. El compactador se activaba. Las paredes empezaban a juntarse. No había salida. La sala se convertiría en una tumba de metal.

Aún lleva cola la semana más sórdida de la política española, con el espectáculo que Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Víctor de Aldama protagonizaron el miércoles en un hotel de Madrid. Tres personajes hasta hace poco prácticamente desconocidos.

Ha sido cuestión de días: de desconocida en primera página. Empezó a asomarse la semana pasada, tímidamente, en este análisis hasta que esta mañana ha aterrizado en nuestra portada y en la de todos los diarios.

Ramón del Valle-Inclán (Vilanova de Arousa, 1866 - Santiago de Compostela, 1936) fue una figura clave de la literatura española del primer tercio del siglo XX con obras como Luces de Bohemia, donde desarrolla la teoría del esperpento. Desde entonces esta palabra ha servido para definir espectáculos tragicómicos como el vivido este miércoles en un hotel de Madrid con la comparecencia de la ya exmilitante del PSOE Leire Díez y la irrupción del empresario acusado de corrupción Víctor de Aldama para increparla. Pero vamos a palmos.