Ya somos más de 8 millones (y subiendo): el boom de población se acelera

La vivienda se ha convertido en el gran problema de la sociedad catalana

29/11/2025

BarcelonaCuando el ARA nació a finales del 2011 con la promesa de salir a buscar –y contar– “el mundo que viene”, el país apenas rozaba los 7,5 millones de habitantes. La meta de los 8 millones se vislumbraba en el horizonte todavía lejano del 2030, pero la realidad ha desmentido las previsiones y la cifra ha llegado mucho antes de lo esperado, concretamente con siete años de antelación –a finales del 2023–. La explicación de lo que los demógrafos ya han bautizado como el segundo boom demográfico del siglo XXI –y eso que apenas hemos pasado el primer cuarto– está primordialmente en la llegada de población extranjera. Sin ese factor, el país estaría perdiendo población total desde hace prácticamente ocho años. De hecho, el crecimiento natural de Catalunya, es decir, la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, se ha ido desacelerando en los últimos quince años hasta entrar en tasas negativas en los últimos siete. Desde 2018 hay más entierros que partes.

La tasa de fecundidad encadena mínimos históricos. Hay que remontarse a los años de la posguerra –concretamente en 1952– para encontrar un escenario en el que las catalanas tuvieran tan pocos hijos. En 2024, la tasa se situó en 1,08 hijos por mujer, que tocó fondo y continuó una tendencia que se arrastra desde hace tiempo y que tiene múltiples causas. La edad en la que las mujeres tienen su primer hijo no ha parado de retrasarse y se sitúa ya en los 32,6 años de media.

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Y no, no es que haya una desafección por tener descendencia, porque las encuestas siguen apuntando a un deseo de tener más hijos de los que acaban teniendo. Todo ello hace pensar, pues, en causas que no sólo tienen que ver con cambios sociales y culturales, como mudanzas en los valores o prioridades vitales, sino que también se explican en buena parte por la creciente dificultad de acceder a una vivienda oa un trabajo que dé estabilidad económica. A esto hay que sumarle la falta persistente de políticas de conciliación reales y la inexistencia de redes de cuidado asequibles, por citar sólo algunos de los elementos que no juegan a favor para remontar una natalidad bajo mínimos.

Con este panorama, queda claro que si la curva poblacional se ha encaramado como lo ha hecho en la última década, ha sido por el poder enorme de atracción de nueva población –sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, ​​pero no sólo–. Y eso que la década empezaba con grandes incertidumbres tras encadenar dos recesiones económicas que mermaron a la población –hubo retorno de muchos extranjeros a sus países de origen por la falta de oportunidades laborales aquí–. Con los brotes verdes y la recuperación de la economía, sin embargo, la remontada demográfica ha sido continuada –salvo la breve sacudida de la pandemia– y cada vez más acelerada.

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"Catalunya está creciendo a un ritmo bastante rápido, del orden del 1,5% de media anual", apuntó al ARA recientemente la profesora de la UB Arlinda Garcia Coll, experta en movimientos migratorios y residenciales, que añadió que a partir del 2%, los demógrafos consideran que el crecimiento. Hoy, según el Idescat, la población extranjera de Cataluña representa un 18% del total y existe una gran diversidad de orígenes: un 21,5% provienen de la Unión Europea, un 23%, de países de América del Sur y un 17,7%, del Norte de África, por citar las principales áreas de procedencia.

Un cambio fulgurante

Los 700.000 nuevos habitantes que ha ganado Cataluña en términos netos desde 2014 se han repartido por varias zonas del país. Todo el entorno de Barcelona, ​​el área metropolitana y el Vallès –tanto Occidental como Oriental– fueron focos receptores principales, pero no fueron los únicos. La población también ha experimentado crecimientos importantes en algunas zonas de la costa de Tarragona, como el Baix Penedès, y de Girona, tal y como recogió el ARA en una exhaustiva radiografía reciente. "Tiene todo el sentido del mundo. Crecen las zonas que dan más trabajo: la metrópoli y la costa. También hay algunos polos de crecimiento puntuales, como alguna capital comarcal, como Guissona, por la industria, y en el norte del mapa también crecen en población algunos puntos de turismo de nieve y montaña", explica Garcia Coll.

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El resultado es que hay velocidad de crecimiento y renovación poblacional. "Los vecinos que perciben que ha habido un cambio fulgurante tienen razón, así es", resume, a la vista de los datos, el doctor en sociología Andreu Domingo, subdirector del Centro de Estudios Demográficos (CED) y vicepresidente del Institut d'Estudis Catalans.

El caso de la capital, Barcelona, es singular en este aspecto. La ciudad, pese a su atractivo indiscutible, no ha disparado a su población en estos años de crecimiento, sino que se ha mantenido con fluctuaciones ligeras. Lo ocurrido puede explicarse, lisa y llanamente, con una sola palabra: sustitución. Si no crece tanto es porque las personas que llegan a vivir acaban sustituyendo –y expulsando también en algunos casos, fruto de los elevados precios de la vivienda, por ejemplo– a las que ya vivían. De 2014 a 2024, Barcelona ha pasado de 1,6 millones de habitantes a 1,7, un aumento de poco más del 5%.

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La población autóctona de la ciudad retrocede y en el 2019 se produjo un punto de inflexión: por primera vez los empadronados no nacidos en la ciudad superaron a los que sí son barceloneses de nacimiento y que hoy representan sólo el 45% de los vecinos. En cuanto a los barceloneses nacidos en el extranjero, son ya un tercio del total.

Pero si en los últimos quince años existe un fenómeno singular que ha crecido con fuerza principalmente en la ciudad de Barcelona y su área más cercana es el de los expados. A pesar de ser pocos sobre el número total, la llegada de éstos inmigrantes de nivel socioeconómico alto, procedentes de países desarrollados –a menudo con rentas por encima de la media catalana y estatal– y que se instalan por trabajo, estudios o simplemente buscando un cambio de vida, ha cambiado la fisonomía de comercios y de los barrios en los que más se concentran. El Ayuntamiento de Barcelona calcula que la cifra rondaba los 100.000 en 2023. Mientras, por un lado, llega nueva población, por otro lado, la capital catalana detecta una fuga imparable de familias jóvenes y con hijos pequeños que hacen las maletas para ir a vivir en otros municipios. Los barceloneses envejecen –el padrón sitúa la edad media en 44 años– y los menores de 16 años son menos que nunca y ya sólo representan al 12% de los vecinos, según los datos del padrón del 2024. Tras esta emigración hay, eminentemente, un acceso a la vivienda cada vez más imposible por el piso cada vez más imposible.

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La ola expansiva de la vivienda

El encarecimiento de la vivienda ha sido, sin duda, el principal motor de las migraciones internas en Cataluña, que han ido in crescendo en los últimos años y que han llegado a cotas insólitas en algunos municipios de la primera y segunda corona metropolitana. Barcelona ha expulsado a población, pero también lo han hecho muchos otros municipios, lo que ha provocado una ola expansiva que se ve reflejada en muchos padrones. L'Hospitalet de Llobregat o Sant Cugat del Vallès, por citar sólo dos ejemplos, han ganado un 11% y un 13% de población en la última década, respectivamente, muy por encima del 5% que ha crecido Barcelona. Terrassa, la tercera ciudad con más habitantes del país, registró 13.000 nuevos empadronamientos sólo el pasado año. Aproximadamente la mitad eran extranjeros recién llegados pero unos 6.000 venían de otros municipios del área metropolitana.

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Hoy, prácticamente uno de cada cuatro catalanes –el 23%– lleva cinco años o menos llegando a su municipio de residencia, según datos del 2024 del Idescat. En algunos lugares la cifra de nuevos vecinos sube hasta suponer un tercio del total, como ocurre en la comarca del Baix Penedès –en Calafell o en Cunit–, donde la llegada de familias que buscan vivienda más barata también se junta con jubilados que desde la pandemia utilizan como principal la segunda residencia.

Todos estos movimientos internos son, en gran medida, la expresión del problema crítico que es –y se ha mantenido a lo largo de estos quince años– la vivienda en nuestro país. Ninguna de las políticas adoptadas hasta ahora ha logrado aliviar la sensación de angustia que le coloca hoy como el primer quebradero de cabeza cuando se pregunta a los ciudadanos. Si a principios de siglo el problema eran las hipotecas y la burbuja financiera, después de la pandemia ha sido la escalada interminable del precio del alquiler. Y ahora, más de quince años después de la crisis inmobiliaria, con políticas de regulación de los alquileres, que no han servido para que dejen de estar muy altos, se produce la tormenta perfecta. Acceder o pagar un alquiler es más difícil que nunca, pero comprar una casa, prácticamente también.

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En Barcelona y cercanías, la regulación de los alquileres ha encontrado rendijas como el alquiler de temporada, contratos de corta duración ya precio libre –imposibles de asumir en términos de inseguridad para muchas familias– y la oferta de quienes no lo han caído a mínimos, lo que ha convertido en una auténtica jungla la búsqueda de un jungla. Algunos propietarios han optado preferiblemente por retirarlo del mercado o ponerlo a la venta.

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Todo esto, con la presión añadida que supone el turismo sobre el parque inmobiliario, que convive con miles de pisos turísticos que, pese a estar regulados y con las licencias encontradas de hace años, tensionan aún más la oferta. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ha prometido eliminar los 10.000 pisos turísticos de la ciudad para hacerles viviendas residenciales en 2029.

La creciente demanda de vivienda en un contexto de incremento de la población tensiona el mercado en muchos municipios. Expertos del sector abogan por ampliar el parque disponible como solución, es decir, construir más, y aquí parece que es hacia donde se encaminan también algunas medidas de las administraciones. La Generalitat ha anunciado la construcción de más de 200.000 nuevos pisos públicos en los próximos años. El problema, claro, es que todo esto no puede hacerse de un día para otro y el cuello de botella ya lo tenemos encima, que amenaza no sólo a la economía sino también a la cohesión social, con grandes colectivos –en especial jóvenes, familias trabajadoras y migrantes– excluidos del mercado.

En paralelo con la nueva construcción, hay expertos que insisten en que es necesario abordar otros aspectos regulatorios para cambiar algunas reglas que rigen el mercado inmobiliario. Tras la regulación de los alquileres vigentes, la Generalitat ha anunciado ahora que estudia medidas para detener la compra especulativa de vivienda, una promesa todavía con muchas incertidumbres por concretar en términos de viabilidad e impacto sobre el mercado.

Planificar: la urgencia en los servicios públicos

El boom demográfico no puede menospreciar todos los retos de cohesión social y de integración que comporta. Los planes que se hicieron para la Catalunya de los 8 millones son papel mojado porque se ha llegado antes de lo previsto. Muchos municipios explicaban al ARA hace pocos meses que han visto cómo el crecimiento de la última década les ha venido encima sin ir acompañado de un refuerzo en otros servicios, como los sociales, sanitarios o de atención a la dependencia. Por otra parte, las infraestructuras de transporte tampoco se han reforzado para responder a las nuevas necesidades de movilidad de la población.

La planificación que muchos municipios critican que han echado de menos hasta ahora es la gran asignatura pendiente para los próximos años. Las proyecciones demográficas apuntan a que el crecimiento de la población continuará y, más allá de si serán 10 millones o no los catalanes dentro de unas décadas, es necesario prepararse y descongestionar unos servicios públicos que ya hoy envían señales de saturación. Detectar las zonas donde es posible crecer con nuevas construcciones –los barrios nuevos del futuro– es un primer paso, pero es necesario abordar también la rehabilitación de muchos núcleos antiguos y desatascar proyectos históricos de servicios básicos prometidos y nunca ejecutados. Hablamos de nuevos hospitales comarcales, de residencias, de mayor y mejor transporte y de refuerzo de la atención social allí donde la creciente población lo hace hoy más urgente.