¿Adiós a los centros de educación especial?

BarcelonaAhora hace cuatro años se aprobó un decreto que tenía que garantizar el derecho de todos los niños y niñas con discapacidad a ir a una escuela ordinaria. La nueva normativa preveía que los centros de educación especial, donde entonces había unos 7.000 niños, se fueran vaciando y se incorporara este alumnado a los centros ordinarios. Pero en educación demasiado a menudo hay una diferencia abismal entre la teoría y la práctica, entre y la ley y la realidad: ahora los centros de educación especial acogen a mil alumnos más que en 2017, hasta el punto de que el curso pasado 7.818 alumnos iban a alguna de las 103 escuelas de educación especial que hay en Catalunya. Una anomalía que el Síndic de Greuges ha pedido revertir cerrando de manera progresiva los centros de educación especial para "hacer efectivo el modelo de educación inclusiva" en Catalunya.

Según un informe presentado este martes en el Parlament y elaborado en el marco del Pacto contra la Segregación Escolar, el Síndic reclama un plan para reducir como mínimo un 70% el alumnado escolarizado en los centros especiales, y pasar de 7.800 alumnos a 2.500, los que tengan una discapacidad más grave. Estos 5.000 alumnos entrarían en las escuelas e institutos ordinarios, que hoy por hoy ya escolarizan a cerca de 30.000 alumnos con lo que antes se conocía como necesidades educativas especiales y que ahora se denominan necesidades específicas de apoyo educativo de tipo A, es decir, con discapacidad o trastornos de conducta. En paralelo, los centros de educación especial que se cerraran, dice el Síndic, se tendrían que reorientar y transformar para ser proveedores de servicios y recursos para la escuela ordinaria, los llamados CEEPSIR, que ya existen y que haría falta "consolidar y desplegar" más. Es, por lo tanto, la misma idea que ya recoge la nueva ley de educación española, la Lomloe o ley Celaá, que establece que los centros especiales cierren en un plazo de 10 años.

Pero para hacer todo esto hacen falta dos cosas más: más recursos -más docentes y más personal de apoyo en los centros ordinarios-, y sobre todo, cree el Síndic, un "cambio de paradigma cultural", porque todavía hay resistencias "importantes" tanto por parte de algunas familias, que consideran que sus hijos no estarán lo suficientemente bien atendidos en los centros convencionales, como por parte de algunos docentes, que piensan que la atención del alumnado con discapacidad "es responsabilidad del personal de apoyo" y que incluirlos en la dinámica del aula depende de este personal adicional.

No todo se arregla con más inversión

"La principal conclusión del informe es que la falta de recursos no es el único obstáculo para la educación inclusiva", considera Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic para la defensa de niños y adolescentes. Es decir, si bien reconoce los "déficits estructurales" en los centros ordinarios, golpeados por la saturación de los equipos de asesoramiento psicopedagógico (EAP), el despliegue "todavía insuficiente" de los recursos de los SIEI (apoyo intensivo para la escolarización inclusiva) y la "insuficiencia" del personal de atención, el Síndic recuerda a la vez que en los últimos años se han triplicado el número de SIEI y se han doblado las horas de veladores, y que esto no se ha traducido en una mejora del modelo de educación inclusiva. "Uno de los obstáculos estructurales es, por encima de todo, la falta de cambio cultural", sentencia el Síndic.

Está de acuerdo con él Marta Cruz, presidenta del grupo de ayuda mutua inclusiva Gamin, una entidad que hace piña para resolver problemas (sobre todo burocráticos) a las familias de niños con diversidad funcional. "No creemos que sea un problema de recursos, es un problema de replanteamiento social -dice-. Todos somos ciudadanos: no nos tenemos que plantear si podemos poner o no una enfermera, es que si un niño lo necesita, lo tiene que tener y basta". Cruz reivindica la obviedad de que los niños con discapacidad "forman parte de la sociedad" igual que el resto. "Quizás molestan en la escuela ordinaria, pero decir que un niño molesta en la escuela es decir que no es un niño con los mismos derechos que el resto", sentencia.

Es por eso que desde Gamin celebran el informe del Síndic y están de acuerdo con el cierre progresivo de los centros de educación especial. "Ya tocaría, vamos 10 años tarde", afirma, y denuncia que es "inaceptable" que siga habiendo escuelas de educación especial y se derive a niños ahí. Si tantas familias siguen apostando por ellas, explica, es porque no tienen lugar en la escuela ordinaria: "Pocas escuelas tienen la capacidad real de atender a las personas con diversidad. Soportar a estos alumnos y tenerlos de manera digna demasiadas veces significar dejar que estén en una silla, pero esto no significa que estén incluidos".

De hecho, desde el Síndic proponen un programa de formación del personal docente y de apoyo sobre el modelo de inclusión para que puedan "modificar la práctica profesional" y la dinámica del aula para incluir a estos alumnos. En total, el informe aporta 17 recomendaciones, entre las cuales también hay hacer cambios normativos, como actualizar el decreto de servicios educativos y regular el ámbito del ocio para reconocer el derecho de los niños a ir de colonias.