El alma del Gimnàs Social Sant Pau da un paso al lado: "Lo he dado todo"

BarcelonaCompró el gimnasio por un euro cuando todo se hundía, en 2012. El proyecto había quebrado y a su madre, que trabajaba como mujer de la limpieza del gimnasio Sant Pau, en el barrio del Raval, le quedaban solo dos años para jubilarse: "Tocaba aguantar". Los trabajadores que hacía más de veinticinco años que estaban en el gimnasio se constituyeron entonces en cooperativa y empezó el giro social del espacio, permanentemente amenazado de desahucio y en el que, antes de que la pandemia lo cambiara todo, convivían usuarios que pagaban la cuota, otros que no y algunos que solo iban a ducharse. Ernest Morera, que es el alma del proyecto y también el presidente de la cooperativa, explica ahora que llega una nueva etapa al Sant Pau y que él da un paso al lado para empezar nuevos proyectos. "Lo que no he sabido dar en nueve años, no lo podré hacer ahora, lo he dado todo y el Sant Pau necesita ahora un perfil más de gestión, alguien que tenga mucha ilusión. Yo la ilusión la he ido cambiando por cansancio", asegura, después de vivir cinco años en el límite del desahucio, de "muchas presiones", "juego sucio" y "tensiones". Y de arrastrar deudas que han puesto en peligro incluso su casa.

Dice que ya se ha desvinculado del día a día de la entidad –lo ha asumido la nueva directora de la cooperativa, Lara Cáceres–, pero sigue al frente en cuanto al gran asunto pendiente: la amenaza de expulsión. Un desahucio que estaba previsto para el 30 de abril y que el juzgado aceptó aplazar al último suspiro a petición del Ayuntamiento. Morera está convencido de que las negociaciones entre el consistorio y la propiedad acabarán bien y de que el gimnasio se salvará: "Lo que nos llega es que las conversaciones avanzan y estamos seguros de que esta vez nos enteraremos de las novedades por la prensa. Entendemos que durante este mes tendría que haber resolución definitiva". Las partes implicadas en las negociaciones guardan silencio sobre las conversaciones.

Cuando haya fumata blanca, si es que llega, Morera abandonará la presidencia de la cooperativa. Y empezará una nueva etapa, en un contexto diferente: "Sin fecha de caducidad y con las cuentas saneadas". Y, por eso, se confía en un perfil más especializado de la gestión, como el de Cáceres, que ha sido gerente de Escoltes Catalans, para "dar el paso" hacia una entidad más grande. Y pasar página, también, a la etapa del gimnasio convertido en equipación de emergencia para hacer frente a la crisis del covid: "Durante la pandemia muchas entidades hemos tenido que dar un paso atrás y hemos tenido que caer en el asistencialismo. Era necesario, era lo que tocaba, pero no es nuestro proyecto". Sobre la nueva etapa, Cáceres, recién aterrizada en el espacio, habla todavía en condicional, a la espera de que se confirme la compra del local, y asegura que será un momento para fortalecer la red con las entidades del barrio y trabajar para conseguir cambios sociales en aspectos como la atención a las personas que viven en la calle: "Podremos trabajar sin la amenaza del desahucio, centrarnos en el trabajo".

"Salto al precipicio"

Los nueve años en el Sant Pau han sido nueve años "felices" pero agotadores. "El día de la primera amenaza de desahucio, en 2016, con trabajadores que hacía más de veinticinco años que estaban en la empresa y que no estaban politizados, la propiedad nos ofreció un año más de contrato de alquiler con el compromiso de que nos fuéramos, y yo les pedí que saltaran conmigo al precipicio, que no nos echarían. Eran once hogares, nos jugábamos el sueldo de un año y saltamos juntos. Lo hicimos en clave de familia".

En el saco de los buenos recuerdos pone el apoyo de niños que han estado bajo el paraguas del gimnasio y que han vuelto a defenderlo cuando ha habido amenazas de desahucio. Pero dice que le toca marcharse y que se tiene que saber salir de los lugares. Tiene proyectos en la cabeza, como sumarse al trabajo de la Fundación Volcano para impulsar una red educativa para que los niños estudien los volcanes y otros temas medioambientales, y uno más personal, que busca complicidades con entidades para poner en marcha un restaurante en el que los trabajadores –menos el jefe de cocina y el jefe de sala– serán personas que han vivido en la calle y que estará vinculado a un piso para permitir que durante un tiempo tengan sueldo y vivienda y puedan dar después el salto a empresas privadas.