Un ambiente envenenado opaca la crisis humanitaria de Ceuta un mes después

MadridLos fogones de la cocina de la ONG de Ceuta Luna Blanca continúan funcionando al máximo. Lo hacen desde la entrada los pasados 30 y 31 de julio de decenas de miles de personas –entre 70.000 y 80.000– que cruzaron la frontera con Marruecos. Pocas horas después salieron o fueron retornadas la inmensa mayoría. En Luna Blanca preparan 2.750 desayunos, 2.750 comidas y 2.750 cenas diarias que reparten entre los migrantes que continúan malviviendo en la ciudad, pero al principio de la crisis humanitaria habían llegado a repartir más de 6.000 raciones al día.

"Hemos dejado de repartir delante de la sede de la organización [la mezquita Sidi Embarek] porque ahora también se ocupa la Cruz Roja. Pero lo seguimos haciendo en otros puntos de la ciudad", explica Halima, que atiende a ARA por teléfono el jueves a mediodía, mientras algunos compañeros ya están repartiendo la comida en lugares como el exterior de las naves de El Tarajal, donde cientos de personas –sobre todo muchos chicos jóvenes– continúan durmiendo a la intemperie, en medio de una precariedad absoluta. El viernes, el gobierno español y el de Ceuta se ponían de acuerdo para habilitar más espacios temporales que se añadirán a los dos lugares ya en marcha.

Halima está agotada, confiesa. Pero sobre todo está preocupada. "El ambiente en la ciudad [un mes después] está envenenado [...] Esto es un polvorín", relata. Cuando hablamos, ni ella ni yo sabemos que horas después se producirá un intento de bloquear la ayuda de la Cruz Roja. Tampoco que habrá un ataque racista por parte de algunas personas con la quema de uno de los asentamientos que se han construido las personas migrantes. Hoy sus palabras resuenan como una clara advertencia para navegantes: "Se está produciendo una caza de brujas". Es contundente. Le pesa demasiado la sensación de que a kilómetros de Ceuta no se ha sido consciente de lo que pasaba en las calles de la ciudad. Y lanza un recordatorio: "La mitad de la población de Ceuta es musulmana".

Tres prismas

El estallido de la violencia está eclipsando una crisis humanitaria todavía muy presente en Ceuta. También la cara más cruda y casi sin consuelo de la tragedia. "Una lápida con un número, en eso se resume la travesía de muchas personas", lamenta la Halima. Desde hace unos días, en el cementerio musulmán, a pocos metros de la mezquita donde está Luna Blanca, se han comenzado a enterrar los 86 cuerpos recuperados en aguas españolas. En solo seis casos se ha podido identificar a la víctima.

En medio de lecturas geopolíticas, discusiones sobre el papel de Marruecos y una posible instrumentalización de la población migrante como moneda de cambio y enredos políticos por los avisos del CNI, la situación en Ceuta un mes después se explica por una mezcla de elementos, pero sobre todo por tres cuestiones clave, según transmiten diferentes personas de la ciudad autónoma con quienes el ARA habló hace casi un mes y se ha puesto en contacto de nuevo.

Cansancio acumulado

Una ciudadanía "cansada" que no "ve el final de la situación". Que también tiene "miedo y siente inseguridad". "No se puede hacer vida normal y eso claro que cansa", dice la Rayan. El pasado 6 de agosto ella misma decía a ARA –en este caso desde Ceuta– que la normalidad tardaría en llegar. Lo constata ahora: "No la hay". "Hace un mes que estamos así [...] A mí me gustaría poder ir tranquilamente a la playa o salir de fiesta", lamenta. El ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la local continúan patrullando. Todos los días se oyen sirenas. "Entiendo que haya malestar, pero atacar, insultar o quitar cosas a los migrantes no es justificable ni creo que represente a la mayoría de los ceutíes [...] También agredieron a gente de Ceuta [...] No es justo que se nos identifique por eso", denuncia, sobre los disturbios del jueves.

Deshumanización

Es el caldo de cultivo perfecto para quien deshumaniza y criminaliza a los migrantes con discursos que niegan sus derechos y los criminalizan. "Se llenan la boca hablando de invasores, de su expulsión y no, no se les puede meter en un autobús y hacerlos fuera. Así es la ley, gobierne quien gobierne", exclama la Halima. "Es una falta de responsabilidad política de aquellos que buscan hacer campaña electoral en medio de una tragedia en la que han muerto personas", lamenta el Ramsés, de la organización por los derechos humanos Elin, arraigada en Ceuta.

Para el director general de la Federación Sur Acoge, José Miguel Morales, es primordial la recuperación, precisamente, de la "responsabilidad política": "A un niño que tiene marcas de haber sido víctima de tráfico en Marruecos o a una niña que te dice que la querían obligar a casarse no se les puede retornar. Y punto. Es la dimensión humana y el Estado se debe comportar de acuerdo con los estándares de los derechos humanos", sentencia.

Inacción y lentitud

Y un tercer elemento. La inacción –o acción lenta y con mucho retraso acumulado– por parte de las administraciones públicas en lo que respecta a una asistencia humanitaria básica. Se están moviendo cosas, coinciden las personas contactadas, pero el Ramsés denuncia que hasta ahora la coordinación entre el gobierno local y central haya sido "inexistente". Cree que ha sido un "error" haber aplicado una gestión de la crisis desde un "prisma de la defensa de la integridad territorial antes que desde la emergencia humanitaria".

Continúa la ayuda vecinal

Mientras tanto, algunos barrios de la periferia de la ciudad siguen prestando una mínima asistencia básica, la más humana y digna posible, a pesar de la improvisación. Este miércoles y jueves, el mal tiempo ha obligado a desalojar el polideportivo del barrio de La Reina, donde la asociación de vecinos había acogido a niñas solas y mujeres, algunas embarazadas. Ahora han sido trasladadas a una zona cubierta junto a la mezquita.

No hay una última cifra oficial de las personas que entraron los días 30 y 31 de julio en Ceuta aunque el ministerio del Interior habla de unas 5.000 personas. Se sabe, eso sí, que hay como mínimo 1.500 menores de edad que ya se han registrado ante las autoridades, de los cuales 700 son niñas. "Tener a la gente en la calle no es una opción porque no volverán [por su propio pie]", avisan desde Elin.

Mientras tanto los retornos continúan, aunque ahora ya muy a cuentagotas. "Con los días hemos entendido que había una administración que estaba convencida de que, si no daba ningún tipo de protección, las personas volverían. Algunos lo han hecho porque ya no podían más, otros han sido acompañados por militares y policías que les han instado a volver. Me atrevo a decir que ha habido retornos que fueron un error. Perfiles de personas muy vulnerables", denuncia Ramsés.

Una cosa que también le preocupa es el impacto que puede tener todo ello en quien hace años que convive junto a la frontera sur y que tantas vidas ha roto: "Siento que hemos perdido o dado pasos atrás en el proyecto de concienciación que habíamos hecho de defensa de los derechos y dignidad de las personas [...] No sé hacia dónde vamos", reflexiona.