Aprobada la ley que tiene que mejorar la protección de los menores
Después de dos intentos fallidos, el Congreso da nuevas herramientas para combatir la violencia infantil
BarcelonaLa ley estatal para proteger a la infancia y la adolescencia contra la violencia empieza a ser una realidad. Después de dos intentos fallidos –en 2016 con el gobierno del PP y en 2018 con el del PSOE–, el Congreso de Diputados ha aprobado este jueves esta ley, a la que ahora solo le faltará el visto bueno del Senado para poder entrar en vigor. La también conocida como ley Rhodes, por la implicación que ha tenido el pianista y superviviente de abusos sexuales James Rhodes, quiere mejorar la protección de los menores con nuevas herramientas.
En el debate parlamentario, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha celebrado la aprobación de una ley que ha considerado "imprescindible y de enorme urgencia" y ha mandado un mensaje de apoyo a los niños: "Si alguien os hace daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Si alguien os hace daño en la escuela, pedid ayuda en casa. Nada de lo que os ha pasado ha sido culpa vuestra". El PSOE considera que la ley ayuda a los menores a crecer "sin violencia y sin miedo" y construye "una sociedad más humana y democrática".
La ministra ha remarcado la importancia de que la nueva ley amplíe la prescripción del delito hasta los 35 años y ha intentado "convencer" a los que no han votado a favor. "La función de esta ley es un cambio de paradigma, un cambio cultural, como ya lo hizo la ley de violencia de género en 2004. La violencia contra los niños y las niñas no es aceptable", ha dicho Belarra, que también ha agradecido a las organizaciones de la infancia su tarea, así como a James Rodhes, presente en la cámara durante el debate.
El momento de más ajetreo en la cámara ha llegado después de que Belarra acusara a la Iglesia de encubrir "demasiadas veces" la violencia sexual hacia los menores. "No estamos aquí para la comodidad, estamos aquí para hacer algo por los niños y niñas", ha sentenciado la ministra. Unas palabras que han hecho levantar a la bancada del PP y que han provocado el toque de atención de la presidenta del Congreso.
La ley ha quedado finalmente aprobada con los votos a favor del PSOE, el PP, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Compromís y Más Madrid, mientras que PDECat, JxCat y Bildu se han abstenido al considerar que la norma invade competencias, y el PNV –también por invasión competencial– y Vox han votado en contra.
A continuación presentamos seis de los cambios que se aplicarán para combatir la violencia infantil.
La prescripción comienza a los 35 años
Era una de las peticiones más repetidas de las entidades dedicadas a los delitos sexuales: que la prescripción empiece a contar más tarde. Un acuerdo cerrado el martes ha permitido que con la nueva ley la prescripción de los delitos contra los menores empiece a contar cuando la víctima cumpla 35 años -ahora es cuando cumple 18-. En principio estaba previsto que fuera a los 30 años, pero al final se ha retrasado a los 35, aunque las entidades querían que la prescripción empezara a contar a los 40 años. También se amplía la definición de violencia para incorporar, entre otros, los delitos cometidos en internet, como en las redes sociales.
Obligación de comunicar cualquier sospecha
Uno de los deberes que se ha incluido en la ley es la obligación de comunicar cualquier sospecha de violencia contra un niño o un adolescente avisando a la autoridad competente. La idea es que la sociedad sea más protectora, sobre todo entre los colectivos profesionales que tienen un contacto habitual. Uno de los derechos de los menores es que deben poder estar informados, no solo ser escuchados, en los procesos administrativos y judiciales, además de poder presentar una denuncia de manera personal y directa.
La figura del "coordinador de bienestar"
La ley ha previsto la creación de la figura del "coordinador de bienestar y protección" en los centros educativos, enfocada principalmente a trabajar contra el acoso escolar. Es una de las medidas junto a un refuerzo de la formación en los ámbitos que están más en contacto con la infancia, para saber detectar los indicios de peligro, así como la especialización de jueces y fiscales para reducir la revictimización. También se quieren impulsar unidades con la misma especialización a los cuerpos de seguridad y aglutinar la información en un registro central.
Con perspectiva de género
Otro de los cambios es la eliminación del síndrome de alienación parental (SAP): que un padre acuse a su ex pareja de manipular o interferir al hijo en contra. La ley se ha definido con perspectiva de género y sin permitir que se utilice la SAP, ante la falta de un aval científico, para culpabilizar a la madre. Se incorporan acciones del pacto estatal contra la violencia de género y propuestas de igualdad, como suspender de oficio el régimen de visitas cuando se ha dictado una orden de protección y haya indicios de que el hijo ha presenciado o sufrido la violencia.
Los servicios sociales, reconocidos como "agentes de la autoridad"
Uno de los puntos controvertidos, que no convence a las entidades, es que la ley ha reconocido los servicios sociales como "agentes de la autoridad". Esto ha generado recelos debido a que este poder pueda causar indefensión en las familias contra la administración, por ejemplo en casos en los que se retira la tutela por desamparo. En cuanto a los centros de menores, se han planteado herramientas para que los niños y adolescentes puedan presentar denuncias sin sufrir represalias y reforzar el rol de la Fiscalía en la supervisión.
La edad como motivo de discriminación
Para poder aplicar todos los cambios, la misma aprobación del Congreso prevé la reforma de una quincena de leyes. Una de las reformas debe ser la modificación de los delitos de odio para incluir también la edad como motivo de discriminación.
