Sociedad 27/02/2021

Barcelona pide el indulto para Hasél y Valtònyc y rechaza la violencia en las protestas

El texto pactado por los comunes, ERC y JxCat insta a derogar la 'ley mordaza' y a revisar el modelo policial

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Manifestación a favor de Pablo Hasél en la Vía Laietana.

BarcelonaNo ha habido unidad en Barcelona a la hora de decidir cuál era la mejor respuesta política ante el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y de los disturbios que se han ocasionado durante las protestas para pedir su liberación . El pleno ha discutido este viernes hasta cinco propuestas diferentes, cada una con el sello y la ideología de un partido diferente. El mínimo común denominador de todas era la condena de los hechos violentos y los destrozos de mobiliario urbano y tiendas, pero solo dos han quedado aprobadas: la que los comunes han pactado con ERC y JxCat -sin el apoyo de los socialistas, que son sus socios de gobierno-, que pide tramitar de manera urgente el indulto para Hasél, Valtònyc y cualquier artista condenado por delitos similares, y la del PSC, que se ciñe al rechazo "sin matices" de los hechos violentos que se han vivido estos días y al reconocimiento a los servicios de emergencias, limpieza y mantenimiento. Los socialistas han defendido, durante el largo -y agrio- debate de las proposiciones sobre los disturbios, que no era el momento de entrar en las causas de las protestas ni acelerar debates sobre el modelo policial, sino solo de condenar la violencia.

El texto que han promovido los de Colau, además de pedir los indultos, también expone "inquietud" ante el hecho que se consolide la limitación de la libertad de expresión en la judicatura, pide al Congreso de Diputados que derogue la 'ley mordaza', apoya a los manifestantes y agentes heridos durante las manifestaciones -especialmente a la chica que perdió un ojo- y pide al Parlament que cree una comisión de estudio para revisar el modelo de las unidades policiales destinadas al orden público.

Este último punto es el que se ha modificado fruto de la negociación con JxCat, que es de quien depende la conselleria de Interior: en el redactado de los comunes se hablaba directamente de prohibir los proyectiles de foam y en el texto aprobado finalmente se pide un debate sobre el modelo. El regidor de BComú Jordi Martí ha remarcado, en este sentido, que es imprescindible revisar actuaciones policiales como la que encapsuló a manifestantes en la calle Gran de Gràcia y ha defendido que, mientras la derecha "surfea" por la realidad, la izquierda "tiene que ir a las causas" de los problemas.

"Ambigüedad"

En la misma línea se ha expresado el republicano Jordi Coronas, que ha insistido que el debate de hoy era el momento de hablar de política "en mayúsculas" y dejar a un lado la "trinchera" y que esto pasa no solo por condenar la violencia "venga de donde venga", sino también por reflexionar sobre las causas: "¿Qué pasa con los jóvenes?". Elsa Artadi, de JxCat, ha reconocido "la obligación" de revisar los modelos policiales, pero ha atacado las fuerzas del gobierno municipal -las mismas que en el Estado - por el hecho que ni se hayan hecho cambios en el Código Penal ni se haya derogado la 'ley mordaza'.

El resto de grupos de la oposición, que han rechazado el texto, han criticado especialmente que lo secundaran formaciones que gobiernan en la Generalitat o en el Estado y, también, "la ambigüedad" que, según grupos como Cs, tiene el redactado sobre los hechos: "O están con los vecinos y los comerciantes o están con los que destrozan y pasan por encima de las libertades de los primeros", ha dicho beligerante la portavoz naranja, Luz Guilarte.

Manuel Valls ha defendido que estos días se ha utilizado la libertad de expresión como "excusa" para la violencia, como ya pasó, ha dicho, durante las protestas contra la sentencia del Procés. "Se ha convertido al adversario político en el enemigo, en facha; quien no es independentista es facha", ha añadido, y ha instado al resto de grupos a pensar qué habría pasado si Hasél hubiera sido neonazi o yihadista : "No es libertad de expresión, es un delito de odio". Finalmente, Josep Bou, del PP, ha acusado al Govern y a veces también al Ayuntamiento de actuar con "tibieza" ante los disturbios. El PP ha exigido un informe cuantificado de los daños ocasionados en la ciudad a lo largo de todas las noches de disturbios y ha pedido buscar la manera para que costeen los gastos los causantes y no el conjunto de la ciudadanía.

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