Barcelona detecta 300 alojamientos turísticos ilegales cada mes

BarcelonaAún hoy, ocho años después de que el gobierno de Ada Colau impulsara una ofensiva contra los pisos turísticos ilegales que había entonces en Barcelona, ​​la lucha contra este tipo de alojamiento –sea piso entero o hogar compartido– sigue. Hasta el punto de que, después de haber cerrado ya cerca de 6.000, el servicio de inspección sigue detectando hasta 300 nuevos cada mes, según datos del consistorio. Es una clase de carrera infinita. Un juego del gato y la rata en el que cada vez que el Ayuntamiento cierra un piso se abre otro.

¿Pero, cómo es la lucha contra estos alojamientos? Es un trabajo largo que comienza con un profundo rastreo de internet. Cada mes se vacían los datos de los portales que anuncian alojamientos turísticos en la ciudad y se intenta detectar cuáles no tienen licencia para actuar. Una vez identificados como sospechosos, llega la hora de trabajar sobre el terreno por parte de los visualizadores, el equipo de personas que a pie de calle trata de encontrar la dirección exacta de estos pisos. Las plataformas no la facilitan.

A partir de ahí, los inspectores deben corroborar que se realiza actividad turística de forma ilegal y, en su caso, se pide a las plataformas que desactiven los anuncios. Una petición que, por si fuera poco complicado, en el caso de Airbnb no se puede hacer telemáticamente y debe hacerse a través de un correo ordinario enviado a Irlanda. Muchas veces, al cabo de un tiempo, los pisos vuelven a aparecer con fotos y descripciones diferentes.

Hecho el trabajo a través de los portales, comienza todo el proceso administrativo tanto para sancionar la actividad ilegal como para forzar su cese. Este proceso, si todo va bien, suele durar cuatro o cinco meses entre apertura del expediente, alegaciones, resolución, recurso y resolución final. Ahora bien, no siempre es rápido. El Ayuntamiento admite que en los últimos tiempos han detectado que la actividad ilegal se ha especializado y profesionalizado y han aparecido propietarios reincidentes y redes que intentan sortear la ley a través de todas las vías posibles.

Un ejemplo es el caso del edificio del calle Ancha a quien el Ayuntamiento reclama 420.000 euros después de años en que el propietario del inmueble siempre ha sorteado la sanción alegando que eran unos supuestos inquilinos –siempre diferentes– los que le habían engañado realquilando el piso a turistas de escondido suyo. Según fuentes de los servicios de inspección, ahora el propietario ha cerrado estos pisos turísticos para dedicarlos a alquiler de temporada. En el caso de la otra gran multa impuesta por el Ayuntamiento -600.000 euros al líder de un entramado empresarial que alquilaba decenas de pisos turísticos en la ciudad sin licencia–, las mismas fuentes apuntan a que está siendo un proceso mucho más pesado y asumen que habrá que llegar a la vía judicial.

El contencioso administrativo puede alargar aún más el proceso, hasta tres o cuatro años, y fuentes del servicio de inspección admiten que cuando entra la justicia el fin de los expedientes es incierto. Explican, por ejemplo, que en algunos casos se han encontrado con jueces que, pese a aceptar que se trata de pisos turísticos ilegales, rebajan las sanciones por debajo del mínimo de 60.000 euros que fija la ley por considerarla demasiado alta.

3.473 pisos recuperados

Según datos del Ayuntamiento, desde 2016 se abrieron unos 22.728 expedientes disciplinarios que han derivado en 9.679 órdenes de cese y 10.493 expedientes sancionadores. Todo ello, afirman desde el consistorio, ha permitido recuperar para uso de residencia habitual hasta 3.473 pisos que realizaban actividad turística ilegal. En declaraciones al ARA, la primera teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, defiende que "Barcelona es referente en la lucha contra la actividad ilegal de pisos turísticos", y asegura que continuarán actuando "con la máxima firmeza para impedir que nadie mercadee con un bien de primera necesidad como es la vivienda”.