La Generalitat destinará 120 millones de euros a hacer vivienda pública en Barcelona

BarcelonaA las puertas de la manifestación de este sábado por la vivienda, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona cerraron este viernes una batería de acuerdos que, entre otros, quiere acelerar la ampliación del parque público de pisos. En una reunión de la comisión mixta, ambas administraciones han pactado tres medidas por las que la Generalitat aportará 120 millones de euros para la construcción de vivienda pública en la capital catalana.

Este dinero, que está pendiente de la aprobación del presupuesto de la Generalitat, llegará a través de varias vías. Ambas administraciones se han comprometido a firmar un convenio en los próximos tres meses mediante el cual la Generalitat aportará 22 millones de euros para cofinanciar la construcción de 1.151 viviendas asequibles en la ciudad por parte del Instituto Municipal de la Vivienda ( IMHAB) antes del 2027.

Así pues, estos pisos, que el IMHAB ya tenía previsto desarrollar, recibirán un impulso económico destacado desde el otro lado de la plaza Sant Jaume. Entre los proyectos que se pueden beneficiar se encuentra, por ejemplo, el solar del barrio del Fort Pienc que se encuentra junto al Bingo Billares en la Gran Via -y que también incluirá un Centro de Atención Primaria-, algunos solares de la próxima fase de transformación del Bon Pastor y una promoción de las que deben realizarse en los Cuarteles de Sant Andreu.

La partida más importante, sin embargo, tiene que ver con el convenio que firmaron Incasòl y el Ayuntamiento hace un año y por el que Barcelona cedía solares a la Generalitat para que construyera vivienda pública. La Generalitat se ha comprometido a aportar 88 millones de euros para la financiación de la primera fase de ese convenio, que prevé construir 637 pisos en 11 solares, de modo que no tengan que financiarse con las fianzas del Incasol como estaba previsto hasta ahora.

Entre los acuerdos en vivienda firmados este viernes también está el compromiso de la Generalitat de adquirir por una cifra cercana a los 10 millones de euros las cuatro fincas que fueron objeto de subasta por parte de el Hospital Clínic y que todavía no tenían comprador. El otro bloque, el único que sí recibió una oferta, se le quedará finalmente el Ayuntamiento de Barcelona, ​​que anunció que antes de finalizar el año ejercerá el derecho de tanteo para quedárselo.

Ambos gobiernos han pactado también una declaración en defensa de la vivienda en la que, entre otros aspectos, se comprometen a impulsar las medidas legales que sean oportunas para asegurar y blindar jurídicamente la decisión municipal de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. También subrayan la necesidad de regular el alquiler de temporada con una norma eficaz que garantice la necesaria seguridad jurídica. Por último, se comprometen a impulsar el despliegue organizativo del Consorcio de la Vivienda de Barcelona.

Tras la reunión, el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, y el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, han destacado "la complicidad máxima" entre ambas administraciones. "Fue la comisión bilateral de la última década que fue capaz de alcanzar un mayor número de acuerdos y más relevantes", dijo Dalmau.

Tasa turística y metro

Entre los acuerdos firmados este viernes por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona también existe un compromiso para modificar la tasa turística. El objetivo es que Barcelona pueda subir su recargo –la parte que recauda íntegramente y que puede destinar a sufragar gastos no directamente relacionados con el turismo– desde los 4 euros actuales hasta un máximo de 8. Ésta era una de las peticiones que hizo Esquerra en el gobierno de Jaume Collboni para permitirle tramitar las ordenanzas fiscales.

El consejero de la Presidencia ha explicado que este cambio de la ley que regula la tasa turística quiere realizarse a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos. De modo que, para que pueda salir adelante, será necesario antes que ERC y los comunes voten a favor de las cuentas de la Generalitat en el Parlament. El alcalde, Jaume Collboni, ha subrayado que ampliar el tope hasta los 8 euros no significa forzosamente tener que agotarlo.

Los dos ejecutivos han pactado también acelerar el prolongamiento de la línea L4 del metro para que llegue desde la Pau hasta la estación de La Sagrera. El objetivo es tener adjudicado antes de finalizar el año el proyecto ejecutivo de esta obra, que debe fomentar la intermodalidad, ya que conectará la L4 con la L1, la L5, la L9, Cercanías y la futura estación de alta velocidad.

En el campo del transporte público, ambas administraciones se han comprometido también a hacer frente común para reclamar al gobierno español que convierta en estructurales las aportaciones actuales de 149 millones de euros para el transporte público mientras no se aprueba la nueva ley de movilidad sostenible.

Las inversiones previstas por la Generalitat en la ciudad de Barcelona también incluyen 15 millones de euros para los equipamientos de la segunda fase de la ampliación del Hospital del Mar, así como la promoción de la licitación de la primera fase de las obras para las nuevas instalaciones de consultas externas y otros servicios ambulatorios en el Hospital Vall d'Hebron.