La justicia avala el cordón sanitario en Vox en el Ayuntamiento de Barcelona
Todos los grupos menos el PP firmaron el pacto que impide sacar adelante iniciativas de la extrema derecha
BarcelonaEl pacto en el Ayuntamiento de Barcelona que deja al margen a Vox de las presidencias de distritos y comisiones y de los encuentros con entidades y grupos de trabajo municipales no vulnera los derechos de la formación de extrema derecha. Así ha resuelto el juzgado de lo contencioso administrativo número 11 de Barcelona el recurso interpuesto por la formación extremista, en el que alegaba que el acuerdo municipal vulneraba el derecho fundamental a la participación política ya la libertad de expresión. La magistrada considera que el cordón sanitario que promovieron los comunes y que fue suscrito por todas las demás formaciones –PSC, TriasxBCN y ERC– salvo el PP “no tiene efectos jurídicos”.
“No se ha demostrado que, a resultas del acuerdo, los representantes políticos [de Vox] se hayan visto perturbados en el ejercicio de participar en los asuntos públicos”, concluye la juez. La sentencia, avanzada por ElDiario.es ya la que ha tenido acceso el ACN, también reprocha a Vox que en su recurso sólo argumente que la decisión del consistorio "limita su discurso político". El líder de la formación de extrema derecha, Gonzalo de Oro, calificó este movimiento de “cordón antidemocrático” y “apartheid institucional”. El juzgado considera que no queda demostrado que la mayoría de los grupos se impongan a una minoría política tal y como aducía Vox, que tiene 2 de los 42 concejales.
Acuerdo "de naturaleza política"
El acuerdo tomado en la comisión de presidencia quiere evitar que Vox tenga roles de representación institucional y prevé que los partidos firmantes no suscriban ninguna iniciativa de impulso y control conjunta con ellos, así como evitar que prosperen sus iniciativas. El pacto también declaraba el Ayuntamiento como una institución "libre de discursos de odio y donde no tengan lugar el racismo ni las discriminaciones de ningún tipo".
Según la magistrada, el pacto “se ha dirigido a fijar unas directrices comunes para encaminar la lucha contra los discursos de odio, reforzando el compromiso con la democracia, los derechos humanos y la diversidad”. Y concluye: "El acuerdo es una iniciativa y una declaración de naturaleza política".
