Un lío administrativo deja en el limbo a una sesentena de vecinos del Eixample

BarcelonaA finales de julio de 2025, Sigrid recibió la primera notificación del Ayuntamiento de Barcelona. Cuando la leyó, empezó a temblar y tuvo un ataque de ansiedad. Cuarenta y cinco años después de comprar el piso, el consistorio de la capital catalana le comunicó que su casa no se podía utilizar como vivienda, ya que en los archivos municipales consta que el edificio tiene uso industrial. Como ella, la sesentena de vecinos de este inmueble de la calle Rosselló —en la Esquerra de l'Eixample— viven desde entonces en un limbo. "Mi primer abogado me dijo: «Puedes llegar a casa y encontrártelo todo precintado, y no poder entrar. Te pueden echar de casa»", relata Sigrid. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, aseguran que se trabaja para evitar este extremo.

"El piso tiene cédula de habitabilidad, en el catastro figuramos como residencial y pagamos el IBI residencial. Si el Ayuntamiento hubiera hecho algo, no habríamos comprado el piso en 1994", explica otra propietaria, Àngels. La pesadilla de los residentes de este bloque comenzó el verano pasado a raíz de una denuncia de una vecina enfrentada con el resto, pero el lío administrativo se remonta a muchos años antes: al momento en que se construyó el edificio. El galimatías lo resume perfectamente la licencia de obras del edificio y el certificado final de la dirección de la obra, que los vecinos han encontrado después de rebuscar entre la papelería original del proyecto.

En la licencia de obras del año 1977, consta la petición de cambio de uso para pasar de edificio industrial a edificio de oficinas. En el certificado final de dirección de obra, sin embargo, se habla de un edificio de oficinas con 42 "viviendas". "Empezó siendo industrial, pero después pasó de oficinas a vivienda", defienden los vecinos, que consideran que en algún momento el consistorio perdió documentación. Los informes del Ayuntamiento, en cambio, niegan las modificaciones: "No consta ninguna licencia concedida para un cambio de uso industrial a uso de vivienda, ni principal ni parcial, de ninguna de las entidades del edificio".

A pesar de la taxatividad de los informes del consistorio, la sesentena de vecinos afectados denuncian que hasta ahora ninguna administración había cuestionado que sus pisos no fueran viviendas. Más allá de pagar el IBI residencial, subrayan que en todo este tiempo se han vendido pisos, se han hecho hipotecas, se han hecho contratos de alquiler, sin que nunca saltara ningún aviso sobre el hecho de que eran oficinas. Incluso un certificado catastral reclamado por Albert —uno de los vecinos afectados— establece que el inmueble de la calle Rosselló es de vivienda tanto en la primera revisión del catastro urbano en 1988 como en la digitalización de 1997, y en la actualidad.

Sin embargo, el expediente del Ayuntamiento que les comunicaba la situación irregular de sus pisos negaba este extremo, sosteniendo que siempre han tenido uso industrial. En consecuencia, les instaba a "derribar las obras hechas" para convertirlos en oficinas "en el plazo de un mes". Si no lo cumplían, la notificación decía que se procedería a "la ejecución forzosa de esta resolución" y la imposición de multas coercitivas "reiteradas" de entre 300 y 3000 euros. "¿Qué obras? Si lo compramos hecho. Hay una cocina, salidas de humos...", relata Àngels. "¿Qué tenemos que derribar? Esto es una amenaza. Es prevaricación", remacha su marido, Albert.

Presión residencial

En el caso de Sigrid, compró el piso sobre plano en el año 1981. Unificaron cuatro pisos en uno y el Ayuntamiento de la época lo validó. "Lo compramos como piso y nos lo han cobrado como piso", añade. Los impuestos que han pagado a lo largo de estas décadas, como el IBI, han sido residenciales. Impuestos que han pagado al mismo consistorio que ahora pone en duda que el lugar donde viven sea una vivienda. En el caso de Albert y Àngels, tienen el piso alquilado desde hace pocos meses a una pareja joven. "¿Los echamos?", se preguntan. No entienden cómo, en medio de un contexto de tensión residencial –teniendo en cuenta que en Barcelona falta vivienda–, el Ayuntamiento notifica a una sesentena de vecinos que pretende expulsarlos de casa. "¿Quieren vaciar 30 pisos mientras faltan en la ciudad?", plantea la pareja.

Ruth también se encuentra en una situación similar. Compró la vivienda para ir a vivir allí después de la jubilación. "Y ahora, de repente, me dicen que es una oficina. ¿Tengo que venderla? En las hipotecas que nos concedieron era una vivienda", lamenta. A pesar de que los vecinos han hecho fuerza juntos, cada expediente se está tramitando de manera individual. Algunos, los más mayores, han desistido y ya no han presentado recurso. "Hay gente mayor, vecinos de 90 años", exponen subrayando la vulnerabilidad de algunos afectados.

El Ayuntamiento busca una solución

Los propietarios también se quejan de los tiempos y de la manera como ha procedido el consistorio. Recibieron las primeras notificaciones a finales de julio de 2025, a las puertas de las vacaciones de verano, y con la necesidad de encontrar un abogado para poder presentar los recursos en pocos días. Además, denuncian que se encontraron comunicaciones abiertas y cerradas de manera torpe con cinta adhesiva y, en algún caso, sin alguna de las hojas. Aseguran que a sus viviendas no ha entrado ningún técnico para hacer una inspección, a pesar de que el consistorio dice lo contrario.

Después de insistir, consiguieron la denuncia original, en la cual se solicita al consistorio "la inspección del edificio" porque se trata de un inmueble industrial" que los vecinos usan como residencial desde 1980", y en el cual hay "vivienda turística" y "alquiler de habitaciones". Los vecinos consideran que hay mala fe, en la denuncia de esta inquilina.

Ante este lío, fuentes del Ayuntamiento descartan que los vecinos sean expulsados de sus pisos. Aseguran que están hablando con la Generalitat para buscar una solución estructural que regularice los pisos y que vaya más allá del bloque de Rosselló, ya que, apuntan, hay otros edificios en todo el país con situaciones similares. De momento, sin embargo, no han ofrecido ninguna solución concreta a los vecinos.