Bruselas expedienta a España por no proteger a los denunciantes

BruselasNuevo procedimiento de infracción de Bruselas contra España, esta vez por no trasladar la directiva europea que protege a las personas que denuncian violaciones de la ley europea, que pueden ir desde incumplimientos o irregularidades a la hora de cumplir normativas como la de blanqueo de capitales hasta la vulneración de normas medioambientales. La Comisión Europea ha notificado este miércoles que el 27 de enero envió el primer aviso escrito al gobierno español para que adapte esta legislativa comunitaria a su marco legal, algo que tendría que haber hecho antes de que acabara el año anterior.

Pero España no es el único país amonestado por el ejecutivo comunitario por este motivo; en total son veintiséis los socios de la Unión Europea que no han implementado esta legislación y que, por lo tanto, no protegen los delatores de delitos. Es decir, casi todos los estados miembros de la Unión, que tenían hasta el 17 de diciembre como fecha tope por trasladar la ley, pero la gran mayoría no lo han hecho. Concretamente, esta legislación busca reforzar la protección de personas que denuncian incumplimientos o violaciones de la ley europea, sean trabajadores del sector público o del sector privado. Esto quiere decir que puede aplicarse tanto en cuestiones de blanqueo de capitales como de protección de datos o incluso de protección ambiental o seguridad nuclear.

Este procedimiento de infracción sigue un proceso habitual largo y burocrático desde que Bruselas emite los primeros avisos hasta que eventualmente se llegan a convertir en una denuncia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, en último término, una sanción. De hecho, los gobiernos tienen varias oportunidades para trasladar las directivas o argumentar ante Bruselas qué problemas tienen a la hora de hacerlo antes de que se materialice cualquier castigo. Siguiendo este proceso, ahora los veintiséis gobiernos con el expediente abierto, incluido el español, tienen dos meses para transposar la directiva.

La infracción que sí que le ha costado a España una denuncia ante el tribunal europeo este miércoles es la que tenía abierta por no trasladar la directiva europea de protección contra la radiación. Esta es la ley que fija estándares de seguridad mínimos para proteger a trabajadores, pacientes y ciudadanía en general ante la exposición de radiaciones ionizantes. Además, también prevé un mecanismo de emergencia en caso de riesgo nuclear. España, sin embargo, no ha integrado completamente en su legislación todos los requisitos necesarios y hace cuatro años que lo tendría que haber hecho. Así oues, después de los reiterados avisos, el ejecutivo comunitario ha presentado una denuncia formal ante el TJUE.