Calvet está convencido de que el Govern recuperará, después del 14-F, "el escudo social de alquiler" que ha tumbado el TC

BarcelonaEl conseller de Territori y Sostenibilitat, Damià Calvet, ha criticado duramente la decisión del Tribunal Constitucional de descabezar buena parte de los artículos del decreto ley que aprobó el Govern el diciembre de 2019 –y convalidó la cámara catalana–. Es el decreto ley que ampliaba en materia de vivienda la protección a familias vulnerables y las obligaciones de bancos y fondos. El responsable del departamento ha dicho que está "seguro" de que el Govern y el Parlament no se rendirán y superarán esta "traba" y que los representantes escogidos el 14-F sacarán adelante una proposición de ley similar al decreto ley que ha tumbado el Tribunal Constitucional para recuperar "el escudo social de alquiler" que, según Calvet, es un referente en el Estado y en Europa. "El Parlament que salga de las elecciones tendrá que abordar inmediatamente la resolución de esta traba", ha insistido.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, declara inconstitucional por unanimidad dieciséis preceptos de la norma. En resumen, el árbitro constitucional ha dejado sin efectos la ampliación del alquiler social obligatorio para garantizar que las familias vulnerables desahuciadas por un gran tenedor fueran realojadas, la extensión del concepto de gran tenedor a los propietarios con más de 15 inmuebles y la capacidad de la administración de poner multas coercitivas para evitar las viviendas vacías.

"Parece que el Tribunal Constitucional no quiera entender que la regulación en materia de vivienda, de acuerdo con la Constitución y el Estatut, es competencia exclusiva de la Generalitat. La decisión exuda un desprecio patológico al autogobierno de la Generalitat, al Parlament y a los ciudadanos del país", ha dicho Calvet. Además, el conseller también ha recordado que los tribunales tienen que ponderar las consecuencias sociales de sus decisiones, lo que, a parecer suyo, no ha hecho el TC. "La sentencia, animada por el PP, quiere crear un enorme problema social: puede dejar sin protección a miles de familias y unas 4.000 más que están pendientes de desahucios y de un posible alquiler social, y deja en una gran incertidumbre a 4.000 catalanes y 1.900 casos de adjudicación", ha dicho Calvet, que también ha subrayado que no hay bastante vivienda pública en Catalunya en medio de una pandemia y una crisis social y económica. Además, según Calvet, la decisión del tribunal causará "mucha incertidumbre jurídica" y aumentará "la vulnerabilidad y la exposición de ciudadanos ya angustiados por un eventual desahucio".

El conseller también ha criticado que el TC haya tumbado el decreto ley por una cuestión de forma y no de fondo, puesto que considera que no deja de ser una excusa para evitar que Catalunya avance en la protección al derecho a la vivienda. Además, ha defendido que la aplicación del decreto ley está "totalmente justificada en un contexto de emergencia social y habitacional urgente que exige una respuesta urgente". En todo caso, cree que después de las elecciones, "con un calendario político diferente", el Govern presentará una proposición de ley en vez de un decreto.

Críticas al gobierno español

De hecho, Calvet se muestra convencido de que en Catalunya hay una mayoría social y política amplia a favor de las políticas de vivienda que propugnaba el decreto ley que ha tumbado el Tribunal Constitucional, y ha destacado que los comuns votaron a favor y que el PSC se abstuvo.

Aún así, Calvet ayer jueves ya criticó al "gobierno más progresista de la historia". “Vergüenza e inacción de socialistas y comunes”, pió. Y este viernes ha asegurado que, a pesar de que la Generalitat quiso dialogar sobre el decreto ley y estaba abierta a hacer algunos ajustes que podrían haber influido en la decisión del TC, PSOE y Podemos no se mostraron colaborativos y, por lo tanto, según Calvet, "favorecieron la destrucción de este escudo social".

La sentencia se dará a conocer en los próximos días

La sentencia entera se dará a conocer en los próximos días, pero ayer ya se avanzó la parte dispositiva y el "argumento central" y básico que ha llevado los jueces a tumbar determinados preceptos. Según informó el tribunal en una nota de prensa, no se dan las condiciones "de extraordinaria y urgente necesidad" para aprobar un decreto sobre vivienda. A la espera de conocer la totalidad de la motivación, el TC insinuaría que se tendría que haber abordado el debate en el Parlament.

El Consejo de Garantías Estatutarias ya advirtió que había puntos del decreto de dudosa "constitucionalidad", pero se refería a los derechos de los propietarios. Un decreto posterior aprobado en enero del 2020 modificaba el concepto de vivienda vacía y incorporaba aquellas que está ocupadas a pesar de que el propietario tenga abierto un pleito judicial para recuperarla, hecho que el Consejo concluyó que vulneraba el derecho a la propiedad privada. Este fue uno de los principales argumentos que esgrimió el PP en su impugnación, si bien este artículo en concreto no ha sido anulado por el TC.