El Congreso impulsa la reforma (y no derogación) de la 'ley mordaza' después de dos intentos frustrados

MadridIgual que pasó con la ley para despenalizar la eutanasia, parece que a la tercera irá la vencida. El Congreso ha impulsado este jueves la reforma de la polémica ley de seguridad ciudadana de Mariano Rajoy del 2015, conocida como 'ley mordaza', con la superación del debate de enmiendas a la totalidad. El paso adelante llega después de dos años de intentos frustrados. Primero, durante la última legislatura de Rajoy, cuando tenía minoría en el Congreso, y que acabó de forma abrupta hace dos años con la convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez. Entonces quedó en papel mojado el consenso a qué llegaron todos los partidos en la comisión de interior para eliminar los aspectos más polémicos de la norma. El segundo, durante la breve legislatura del 2019. Y ahora, otra vez de la mano del PNV, que se ha adelantado al gobierno español a pesar del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para derogar la ley.

A pesar de que a finales del 2018 el PP se mostró a favor de reformarla en la comisión de interior del Congreso, los de Pablo Casado se han opuesto este jueves a tocarla. La enmienda a la totalidad de los populares se escudaba en el hecho de que tocar la ley en un contexto de pandemia podría generar "inseguridad jurídica" tanto para las autoridades como para los cuerpos de seguridad y ciudadanos que tienen que ejercer sus "derechos y libertades en medio de las medidas restrictivas, cierres de movilidad y estados de alarma". "La única mordaza que vemos es la que pone este gobierno a los españoles ante un presidente que amenaza su libertad con leyes como la Celaá o la de la eutanasia", ha dicho la diputada popular María Teresa Jiménez-Becerril, que ha presentado una enmienda calcada a la ley actual repleta de errores, y que desde el PSOE han tildado de "chapuza" porque incluso han copiado el organigrama del ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz.

Delante se ha encontrado una cámara convencida de modificar la ley, en mayor o menor medida. Incluso Vox ha votado en contra de la enmienda porque es partidario de endurecer la norma. De hecho, Ciudadanos ha apoyado desde su llegada al Congreso modificar los aspectos más lesivos en lugar de derogarla. El diputado naranja Miguel Ángel Gutiérrez ha criticado que el PSOE defienda derogar la ley cuando el ministerio del Interior se ha aferrado a ella durante el estado de alarma. "Se ha aplicado más durante seis meses que en todo el tiempo que gobernó el PP", ha asegurado. A su vez, la diputada de ERC Maria Carvalho ha hecho un llamamiento "a derogar" la norma, una palabra que sorprendentemente no ha utilizado en ningún momento Unidas Podemos durando el debate. El diputado Enrique Santiago ha reclamado, igual que los republicanos, acabar con las devoluciones en caliente -que Interior continúa practicando a pesar de que los lilas están en el gobierno español- así como garantizar, cueste lo que cueste, el derecho de manifestación.

Debate sobre las devoluciones en caliente

El Tribunal Constitucional avaló a finales del año pasado casi la totalidad de la ley de seguridad ciudadana, incluidas las devoluciones en caliente de inmigrantes y las sanciones por disturbios en las concentraciones conocidas como lo "rodea el Congreso". Fueron justamente estas protestas las que llevaron al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar la ley en un contexto de recortes de derechos a raíz de los recortes económicos por la crisis del 2011.

La propuesta del PNV, que ahora recibirá un alud de enmiendas -según ya han avanzado los partidos que de momento la han avalado- propone retocar un total de 44 apartados. Entre los más reivindicados está la eliminación como infracción grave del uso no autorizado de imágenes o datos de agentes, así como la falta de respeto a la autoridad en un espacio público. También suprimir los cacheos en la vía pública y eliminar la práctica de cacheos corporales en las dependencias policiales "como norma general" y no castigar la perturbación de espectáculos u oficios religiosos, que actualmente está tipificado como infracción grave. Al final de la norma, propone incorporar tres disposiciones para revisar las devoluciones en caliente, a pesar de que no pide prohibirlas, así como "acotar el término 'seguridad ciudadana' para que no haya ambigüedades.