El Govern confía que el TSJC avalará el toque de queda catalán

BarcelonaAún no se sabe si el Govern prorrogará las restricciones vigentes la semana que viene, pero todos los ojos están fijados en el 9 de mayo. La incertidumbre que se ha intensificado los últimos días rodea qué pasará en Cataluña cuando acabe el actual estado de alarma que decretó el Estado. La intención de la Generalitat es continuar con el toque de queda y por eso el consejo ejecutivo del próximo martes aprobará una modificación del decreto ley 27/2020 para intentar blindarlo. Es el decreto ley hecho deprisa y corriendo en verano cuando la juez de guardia de Lleida tumbó el confinamiento domiciliario en el Segrià. Esto no garantiza que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que sin el estado de alarma supervisará las medidas, avale el toque de queda, pero el Govern confía en que lo haga.

El vicepresidente, Pere Aragonès, ha defendido este jueves en el Parlament que el cambio legislativo permitirá que se continúen aplicando restricciones “que se tendrán que mantener unas semanas más”. Según Aragonès, el toque de queda estará amparado por la modificación del decreto ley, que a efectos prácticos servirá para reforzar la ley catalana de salud pública. Esta idea ya la avanzó la consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, que este martes explicó que estudiaban cambiar el decreto ley para que el confinamiento nocturno reciba el visto bueno del TSJC. En verano se aprobó que en pandemia se puedan limitar las actividades o los desplazamientos de personas. Ahora el Govern lo quiere ampliar para que incluya el toque de queda.

Aragonés también ha asegurado que las medidas se flexibilizarán en función de la vacunación de la población y que se podrán aplicar siempre que reciban ratificación judicial. Pero este es el misterio que no se resolverá hasta que la Generalitat leve al TSJC la propuesta de las restricciones que quiere mantener sin el estado de alarma y los jueces se pronuncien.

Las propuestas que necesitan un aval

Las medidas que afectan los derechos fundamentos y que, por lo tanto, sin el estado de alarma necesitan el aval judicial son principalmente el toque de queda, la limitación de los desplazamientos por territorios y fijar un número máximo de personas en los encuentros. A diferencia del verano, cuando las restricciones pasaban por los juzgados de guardia ordinarios de la zona afectada, ahora las decisiones estarán centralizadas al TSJC.

Hasta ahora los jueces no se han tenido que pronunciar nunca sobre el toque de queda porque se aplica desde el 25 de octubre, cuando entró en vigor el actual estado de alarma, que acaba el 9 de mayo.