Cuatro años de movilizaciones, multas y juicios contra un negocio privado en la garganta del Fluvià

GeronaVecinos y entidades ecologistas hace cuatro años que se movilizan para detener la actividad de la empresa Fluvià Náutico de Sant Pere Pescador, en la desembocadura del río Fluvià, junto al entorno protegido del Parque Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Este polémico negocio privado, en funcionamiento desde 2021, bloquea el camino para acceder a la playa con una barrera que da paso a un aparcamiento de coches. También tiene instalada una zona de pernoctación para autocaravanas y ofrece alquiler de motos de agua y embarcaciones.

Tanto la Generalitat de Catalunya como el Ayuntamiento de Sant Pere Pescador apuestan por la renaturalización de esta marina artificial sobre la que opera el negocio, construida hace más de 40 años, y han abierto todas las vías administrativas y judiciales para poner manos a la obra. Ahora bien, el promotor, Víctor Latorre, que compró los terrenos en los años 2000, cuando eran suelo urbanizable, mantiene el pulso y ha interpuesto todo tipo de recursos y apelaciones a los tribunales, mientras sigue operando con normalidad.

El último embate contra el Fluvià Náutico ha sido la aprobación por unanimidad, hace dos semanas, de una resolución en la comisión de transición ecológica del Parlament de Catalunya, presentada por la CUP. El texto insta al Gobierno a ejecutar "los procedimientos para proteger el patrimonio natural de la garganta del Fluvià", dado que la situación actual "vulnera el interés público y los derechos de la ciudadanía". Los vecinos de Sant Pere Pescador, constituidos como Grupo en Defensa de la Garganta del Fluvià, valoran positivamente el dictamen, pero lamentan la "tardanza" y la "inacción" de las administraciones para actuar: "Vamos consiguiendo cada vez más resoluciones que nos dan la razón, pero la situación sigue igual, se van manteniendo sin resolverse, ya que los gobiernos no se agote la vía legal, no pueden hacer nada", dice Catalina Victory, una de las portavoces de la plataforma ciudadana.

Antes de la comisión parlamentaria, la Diputación de Girona también se posicionó en la misma línea y, hace justo un año, la síndica de agravios emitió un informe avalando todas las denuncias del Grupo en Defensa de la Garganta del Fluvià. El documento recuerda que se trata de una zona protegida de la Red Natura 2000, clasificada como suelo no urbanizable de especial protección desde el año 2003, y constata que el negocio privado "ha instalado construcciones y actividades no autorizadas en zonas protegidas". La síndica también pone énfasis en que se han ocupado parcelas de titularidad del Ayuntamiento de Sant Pere Pescador y del Incasòl sin permiso, y que se ha cerrado el camino del Joncar, de uso público.

Juicios con el Ayuntamiento y multa de la Generalitat de 31.000 €

Ante la presión de los ecologistas, el Ayuntamiento alto-ampurdanés responde estar "atado de manos y pies" hasta que se resuelvan los tres procesos que tiene abiertos con Latorre. De hecho, el consistorio ya intentó precintar la barrera del aparcamiento para dar cumplimiento a la orden de apertura del camino, pero el propietario retiró las cintas y reanudó la actividad. "Posicionamientos como el de la comisión del Parlament son bienvenidos. Ahora bien, ya hemos dicho por activa y por pasiva que todos los pasos administrativos se han agotado y ahora todo está en la vía judicial. Lo tenemos en los juzgados y hemos pedido medidas cautelares de cierre, pero todavía no tenemos respuesta", explica el alcalde Agustí Badosa.

La Generalitat se encuentra en una situación similar. Actualmente trabaja con el ministerio de Transición Ecológica la modificación del límite de protección del dominio marítimo-terrestre de 20 a los 100 metros, lo que obligaría al propietario a restringir el uso de la lámina de agua donde alquila embarcaciones. El Gobierno catalán también interpuso en la empresa una sanción de 31.000 euros ordenando la paralización de las obras, la suspensión de las actividades indebidas y la retirada de las instalaciones fijas y desmontables, pero Fluvià Náutic interpuso un recurso contencioso administrativo, que se encuentra en tramitación en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

La expropiación, ¿única solución posible?

Ante este entramado de requerimientos y apelaciones cruzadas, la expropiación se cierne como posible solución más rápida y efectiva para resolver el conflicto. Esta vía ya ha empezado a plantearse con un primer borrador de convenio para acelerar el proceso, si bien tampoco se prevé inmediato, ya que comportaría un litigio para evaluar un justiprecio, con las más que previsibles apelaciones del propietario. La consellera de Territori, Silvia Paneque, en mayo del 2025 anunció que todo avanzaba en esa dirección, pero ahora mismo la respuesta oficial del departamento no detalla ninguna novedad y reconoce que trabaja "para dar salida" al caso.

El propietario no da el brazo a torcer: "Todos los políticos son ignorantes"

El propietario Víctor Latorre, por su parte, sigue enrocado en el discurso y afirma que todo se trata de una conjura de las administraciones, con corrupción y tráfico de influencias, destinada a beneficiar campings en la otra orilla del río. "Todos los políticos son ignorantes, en la comisión del Parlament incluso votaron a favor de la resolución PP y VOX; nadie me contrastó la información de una moción presentada por un partido, la CUP, que tiene miembros imputados por atacarme y que debería estar ilegalizado", afirma. Con un tono contundente, sentencia: "Tenemos un país con miles de funcionarios cobrando por corrupción y cohecho, firmando informes falsos, llevaré el caso de la democracia corrupto de España a la Comisión Europea". Y, sobre la propuesta de expropiación, asegura: "Desde el 2014 nadie de la Generalitat me ha recibido. Me plantaré en Madrid para que me reciba el ministro y se encuentre una solución con permuta e indemnización, pero, si me echan a mí, no se librarán de echar a todos los 100 bungalows de la zona".