Delincuentes a los 13 años: ¿cómo se evita que reincidan?

BarcelonaLos adolescentes de entre 14 y 17 años que cometen un delito entran en los programas de reinserción del sistema de justicia juvenil de la Generalitat, que solo el año pasado atendió a 5.594 jóvenes infractores, la gran mayoría en régimen abierto. ¿Pero qué pasa cuando el delito lo comete un menor de 14 años? El código penal español considera que estos niños son inimputables, es decir, que no pueden responder ante los tribunales por las infracciones cometidas. Ahora bien, esto no quiere decir que no tengan que asumir ninguna responsabilidad. La vía para ellos es a través de los servicios sociales de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que solo el año pasado atendió a 883 niños y niñas menores de 14 años denunciados.

De hecho, el número de niños menores de 14 años infractores ha crecido en los últimos tres años. En el año 2019 se registraron denuncias contra 763 niños inimputables, mientras que en 2020 fueron 669, si bien el dato es más bajo fruto del descenso de la delincuencia en todos los ámbitos debido a la pandemia y el confinamiento. Casi la mitad de las infracciones cometidas por estos menores son lesiones y delitos contra la propiedad sin violencia, por ejemplo pequeños hurtos, pero solo el año pasado el 11% de denuncias eran por acoso escolar y un 8,5% por delitos contra la libertad sexual. El último ejemplo es el menor de 13 años denunciado por violar a una adolescente de 15 en Tarragona el fin de semana pasado.

Cuando un menor de 14 años es denunciado por un delito, los Mossos d'Esquadra ponen el caso en conocimiento de la DGAIA, que abre un expediente. Desde hace una década, la Generalitat cuenta con el programa EMI-14 para los casos más complejos. Cuando se activa, no solo hay una coordinación inmediata de todos los técnicos implicados (psicólogos, educadores, etc.), sino que se hace una evaluación de riesgo del entorno del niño. Después de plantear una primera hipótesis sobre qué lo ha llevado a delinquir, se decide el circuito que seguirá, que puede ir desde la derivación a los servicios sociales hasta la atención de los equipos de la DGAIA. En función de la diagnosis previa y de las circunstancias que trabajar, se establece el tipo de tratamiento, que a menudo implica también un trabajo en el entorno del menor: la familia, la escuela, los amigos... Si hace falta una intervención superior, se hace un acompañamiento educativo o un acompañamiento externo terapéutico.

El objetivo, según la directora de la DGAIA, Ester Cabanes, es evitar “que vuelva a pasar”, es decir, que el niño reincida, sea mientras es adolescente o ya de adulto, pero también que asuma la responsabilidad por lo que ha hecho y “empatice” con la víctima. “No podemos entrenar a los menores para que no tengan determinadas conductas, tenemos que hacerles entender cómo se sienten los otros hacia lo que han hecho, enseñarles a gestionar la empatía y las emociones”, dice.

La tasa de reincidencia en menores infractores es baja y a menudo, explica Cabanes, si vuelven a delinquir, influye el entorno y, sobre todo, la mochila de experiencias que algunos de estos menores cargan sobre los hombros. “Cuando de tan pequeños cometen un delito grave es porque ya hay un malestar previo”, asegura la directora de la DGAIA.

Descentralizar la intervención

Actualmente el programa de intervención en menores inimputables de la DGAIA se concentra en Barcelona, pero ya hace tiempo que los técnicos del departamento estudian cómo descentralizarlo. Cabanes admite que es “necesario” llegar al resto de los territorios, pero asegura que hace falta una reflexión profunda sobre cómo hacerlo sin perder "la esencia del programa”, que hasta ahora ha dado muy buenos resultados, y confía en que este mismo año se pueda cerrar una propuesta en este sentido.

De hecho, Catalunya tiene una larga tradición de trabajo en justicia restaurativa y reeducativa en medio abierto, no solo para los menores, sino también en el sistema penitenciario. En otros puntos del Estado, ante el aumento de delitos por parte de los menores de 14 años, se ha abierto una reflexión sobre si habría que rebajar a los 12 o 13 años la edad en la que la ley valora a un menor como imputable para insertar a estos niños en el circuito de justicia juvenil. Cabanes lo descarta y recuerda que en Cataluña la DGAIA ya se coordina con Justicia Juvenil para que no se pierda el seguimiento de los menores infractores. “Hacen falta medidas reeducativas y no desde el punto de vista punitivo”, concluye la directora.