Una asociación de guardias civiles reclama al TSJC la ejecución de la sentencia del 25% en castellano

BarcelonaMás leña al fuego en el debate del catalán en la escuela. La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), considerada la entidad profesional mayoritaria en el cuerpo, se añade a la petición que este lunes harán las entidades contrarias a la inmersión lingüística para pedir formalmente al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ejecute de manera forzosa la sentencia que obliga a todas las escuelas del país a hacer un 25% del horario en castellano. Los guardias civiles dicen que es "notorio y evidente que la Generalitat no ha cumplido" la sentencia.

Después de que esta semana Escuela de Todos, un grupo que aglutina varias entidades antiinmersión, anunciara que el lunes pedirá la ejecución forzosa de la sentencia en nombre de 1.500 personas, este domingo las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han anunciado que harán lo mismo. En un comunicado, han explicado que harán la solicitud de ejecución también en nombre de esta entidad de guardias civiles para conseguir que "todos los centros de enseñanza tengan que introducir el español como lengua vehicular en al menos un 25% del horario lectivo", lo que equivale a una asignatura troncal en primaria y dos en la ESO, dicen. Argumentan que los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se sienten "legitimados" para pedir al TSJC que obligue ya a la Generalitat a cumplir la sentencia, porque los guardias civiles y los policías destinados en Catalunya tienen derecho "a la conciliación familiar": explican que con la situación actual "no encuentran colegios públicos" que garanticen un 25% en castellano y que "son casi inexistentes en la red concertada". Esto, argumentan, "atenta contra su derecho a la conciliación familiar" porque les impide instalarse en Catalunya con la familia si se los destina aquí.

Según han informado las entidades, este lunes pedirán al TSJC que inste "al personal e individualmente a todos los directores de centros educativos de Catalunya" a cumplir con la sentencia a partir del trimestre que viene. Además, como consideran que durante este segundo trimestre la Generalitat no ha cumplido la resolución a pesar de que ya era firme (el TSJC la consideró firme a finales de enero), las entidades contrarias a la inmersión piden que se reconozca "el derecho de los afectados a ser indemnizados con 450 euros por el daño moral producido" y se vayan pagando 450 euros más a los miembros de la Guardia Civil con hijos en edad escolar en Catalunya por cada trimestre que la Generalitat "incumpla" la resolución judicial.

Nueva injerencia en la escuela

El paso de esta entidad de guardias civiles es una nueva evidencia de las injerencias en el modelo escolar catalán. Pero, lejos de los tribunales que emiten sentencias que imponen un 25% en castellano en la escuela y de los despachos de políticos que hacen y deshacen acuerdos sobre la lengua, las escuelas y los institutos intentan seguir con el día a día y protegerse del temporal judicial y político que tienen encima, y que amenaza con hacerse cada vez más grande. Los directores consultados por el ARA avisan del riesgo de ejecutar la sentencia del 25%: aparte de que consideran que la inmersión es el mejor modelo para aprender el catalán, creen que en un contexto competencial en el que los límites de las asignaturas son cada vez más difusos es "antipedagógico" intentar contar las horas y los minutos en los que se aprende una lengua u otra. Es, en este sentido, que avalan el acuerdo anunciado por ERC, Junts, el PSC y los comunes para darles autonomía para que la lengua vehicular sea el catalán, pero que también se incluya el castellano como lengua de aprendizaje, en función de la realidad sociolingüística de cada centro. Ahora bien, también piden la protección de la administración para aprobar sus proyectos lingüísticos.

En su comunicado, las entidades adjuntan un escrito de Susana Crisóstomo, la directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que aboga por el "cumplimiento de la normativa vigente, así como el de las resoluciones judiciales dictadas al respecto". Se trata de un escrito de respuesta a la asociación Hablamos Español, el sindicato policial Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil, en el que Crisóstomo dice: "Coincido con usted en que las necesidades de escolarización para los hijos de estos funcionarios, que o bien por el traslado voluntario derivado de un ascenso o bien por cualquier cuestión personal tienen que escoger modelo lingüístico, tendrían que estar resueltas independientemente del territorio donde se solicite plaza escolar, sin que la elección de un determinado modelo sea un inconveniente o genere conflictos", y después deja la cuestión en manos del ministerio de Educación. La conselleria siempre ha dicho que tiene "garantías" de que el Gobierno español no pedirá la ejecución forzosa de la sentencia, pero esto no impide que algún tercero lo pida.

De hecho, además de los guardias civiles y las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, también la plataforma Escuela de Todos instará mañana a la ejecución forzosa de la sentencia. Si el TSJC les reconoce un legítimo interés en el caso, la sala tendrá que escuchar los argumentos de los solicitantes y de la Generalitat, y entonces decidir si con el plan que ha presentado el Govern hay suficiente (reformar la ley de política lingüística para que el catalán sea la lengua vehicular e incluir, sin fijar porcentajes, que el castellano tiene que ser "empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro") o no. Si el tribunal entendiera que la sentencia no se cumple, puede ordenar que se haga efectiva "de manera forzosa" y por la vía "de advertencias".