Los docentes han cerrado este miércoles cinco días de huelga contra la política educativa del departamento de Educación. Lo han hecho con una manifestación por el centro de Barcelona, que ha reunido a unas 6.000 personas, y también con una concentración en la sede de ERC, a quien acusan de "traición". En las aulas, el seguimiento de la huelga ha sido del 8,44%, según datos del departamento con cifras del 84% de centros. Se trata del seguimiento más bajo de los cinco días: del 33% del primer día se bajó a la mitad el segundo (15%), mientras que en los tres últimos días se ha movilizado uno de cada diez docentes (9,85%, 9,9% y 8,4%). El día de la huelga contra la sentencia del 25% secundaron la convocatoria el 6,49% de profesionales educativos. Este jueves, con el choque más cronificado que nunca, los sindicatos tienen una nueva reunión con la conselleria en el marco de la mesa sectorial, pero solo se presentarán si Educación les hace una buena propuesta para negociar.
"El decreto de la escuela inclusiva es un engaño"
Familias y educadoras se manifiestan delante del departamento para exigir más recursos y formación para atender la diversidad
BarcelonaEn el último día de huelga educativa, un grupo de familias y docentes han desafiado la lluvia para visibilizar una de las dificultades más grandes del día a día de escuelas e institutos: el tímido despliegue del decreto de la escuela inclusiva, que desde 2017 tiene que garantizar que los niños con necesidades educativas especiales puedan escolarizarse en centros ordinarios. El plan era que escuelas e institutos incorporaran especialistas de orientación educativa, horas de atención a la diversidad o fisioterapeutas para poder escolarizar a los alumnos que tienen lo que antes se conocían como necesidades educativas especiales y que ahora se denominan necesidades específicas de apoyo educativo de tipo A, es decir, con discapacidad o trastornos de conducta. Hay unos 30.000 en Catalunya.
"Desde 2017 tenemos más niños con necesidades especiales, pero los pocos recursos de siempre", han explicado cuatro maestros de una escuela pública de Barcelona. Se han concentrado este miércoles en las puertas del departamento de Educación para quejarse de que el decreto de la inclusiva "es un engaño": "Te pones en la piel de las familias y sientes mucha frustración e impotencia y como maestra te genera un desgaste muy grande, porque nosotros los querríamos atender, pero no tenemos los recursos ni la formación", han explicado al ARA. El plan contaba con casi 142 millones de euros de 2017 a 2021, pero es verdad que durante unos años la situación presupuestaria ha impedido dotar a las escuelas con los profesionales necesarios y con la formación adecuada. El exconseller Josep Bargalló admitió que el decreto estaba encallado por el dinero y por cuestiones políticas. Un informe de la Fundación Bofill sobre el estado de la educación en Catalunya reveló que los centros recibían un apoyo "insuficiente" para garantizar la inclusión de los alumnos, a pesar de que el número de docentes para los SIEI (apoyo intensivo para la escolarización inclusiva, siglas en catalán "suport intensiu per a l'escolarització inclusiva") pasaron de 316 en el curso 2010-11 a 765 en el curso 2019-20.
"Todos los niños tienen los mismos derechos"
Las familias denuncian, con agotamiento, que el departamento tiene "guardada en un cajón" la normativa: el decreto que tenía que servir para que cada alumno tuviera "los recursos adecuados" para facilitarles el aprendizaje, en la práctica solo los sirve para conseguir "las migas", siempre en función de la presión que hace la familia a las instituciones. "Si tu hijo tiene recursos o no, no depende de la administración, sino de la capacidad de movilización de la familia", aseguran. "Pero todos los niños tienen los mismos derechos, esto tendría que ser una prioridad de país", afirma Rat Basterretxea, presidenta de Suma Castellar. La entidad nació en 2018 gracias al impulso de las ocho escuelas del municipio cuando vieron que el decreto no cumplía las expectativas generadas. "Nuestro objetivo es desaparecer, porque querrá decir que la inclusión es real", dice. Pero, mientras tanto, se siente obligada a luchar: dice que hay muchos alumnos en las escuelas que necesitan un apoyo especial, pero no lo reciben, y que a menudo los que necesitan más recursos son los que están atendidos con gente menos preparada y que problemas que se consideran menos leves, como puede ser una dislexia, casi ni se tienen en cuenta.
Marta ha venido de Vallgorguina porque tiene dos hijos con necesidades especiales y sufre en primera persona la falta de recursos. "El mayor tiene autismo y necesita una veladora porque no puede estar ni cinco minutos sentado, pero solo la tiene dos horas a la semana. Ahora nos han dicho que tendrá que volver a hacer P5 porque en primaria no tendrá recursos", explica. Y añade: "Y el pequeño tiene dificultades motrices y nos han dicho que empezará P3 sin ningún apoyo y que en el patio se siente en el arenero y ya está". Pablo y Emilia llegan empujando la silla de ruedas de su hija Elena, de 4 años, afectada por una paraparesia espástica a raíz de una parálisis cerebral. Están muy agradecidos con las maestras de la escuela –"Con lo poco que tienen, hacen maravillas", dicen–, pero denuncian un problema estructural: "Elena necesita un apoyo para el tiempo de comedor, y no lo tiene, y tampoco puede hacer extraescolares". Los padres reclaman un plan de choque que agilice el cumplimiento del decreto y ponen el grito en el cielo por la falta de un referente sanitario en el centro. "Una docente no puede ser enfermera", dicen.
En la concentración han tomado la palabra testigo que evidencian la desconexión entre las normativas que se aprueban y la realidad de las aulas. Como un padre de un niño con autismo: "Estamos gestionando un fracaso, pero estoy aquí para hablar en nombre de mi hijo, porque por encima de sus dificultades es capaz de sobrevivir en un mundo hostil". Padres y madres, docentes y educadores que, en un grito de auxilio, reclaman nada más y nada menos que se cumplan las leyes aprobadas.