Doce años con el catalán en la escuela en falso

BarcelonaUna de las críticas más repetidas desde que el jueves se anunció el pacto de cuatro partidos para mantener el catalán como lengua vehicular y reconocer el castellano como lengua de aprendizaje en la escuela es que el acuerdo liquida la inmersión lingüística. La afirmación es confusa, porque la inmersión no es un modelo educativo como tal, sino una metodología de aprendizaje que promueve la exposición intensiva para aprender una lengua. Depende, pues, del compromiso de profesores, maestros, educadores y todos los profesionales de una escuela. En el caso catalán, esta metodología toma sentido después de la dictadura franquista y, especialmente, en los territorios y en los barrios con más castellanoparlantes: la primera escuela donde se aplica la inmersión es la Rosselló Porcel, en Santa Coloma de Gramenet, donde solo dos alumnos eran catalanohablantes cuando el 1983 se empezaron a hacer todas las clases en catalán porque así lo habían pedido las familias. Diez años después, la inmersión ya se aplicaba en toda Catalunya.

La inmersión se ha acabado utilizando como sinónimo de asegurar el catalán como lengua vehicular en la escuela, pero la realidad es que legalmente siempre se ha recogido como un sistema de aprendizaje flexible y la Generalitat nunca ha entrado en definir el peso que tiene que tener cada lengua dentro de un centro. Esta indefinición está en la base del conflicto que han desencadenado las sentencias judiciales que, ahora sí, han marcado cómo se tiene que aprender el castellano y cuánto se tiene que aprender. Todo ello, en un contexto de evidente retroceso del uso social del catalán. Esta es la cronología que explica como el catalán (y la inmersión lingüística) en realidad hace años que está en falso a nivel legislativo.

Ley de normalización lingüística (1983)

El castellano se tiene que enseñar "obligatoriamente"

El primer gran impulso legal del catalán en la escuela llega en 1983, con la ley de normalización lingüística, que reconoce el catalán como la lengua propia del país "y también de la enseñanza en todos los niveles educativos" y establece que el catalán y el castellano "deben enseñarse obligatoriamente en todos los niveles" para que "al final de los estudios básicos" todos los alumnos las puedan utilizar "normalmente y correctamente". Y en contra de la idea de Jordi Pujol, que optaba por crear una doble red escolar en función de la lengua vehicular (el modelo vasco), se deja claro que los alumnos no podrán ser separados en centros diferentes por razón de lengua.

Ley de política lingüística (1998)

"Presencia adecuada" de catalán y castellano

La ley de 1998, que es la que ahora se propone modificar, incorpora por primera vez que el catalán se tiene que utilizar "como lengua vehicular y de aprendizaje". Pero en el mismo articulado también se deja claro que el castellano tiene que tener una "presencia adecuada" a los planes de estudio y, como si fuera una copia calcada de la ley del 83, establece que al final de la educación obligatoria los alumnos tienen que poder usar las dos lenguas "normalmente y correctamente". Por lo tanto, la ley seguía legislando el objetivo final más que el camino para llegar a él.

Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)

Nace Ciutadans y entran los primeros recursos al TSJC

En 2006 el gobierno de Zapatero aprueba la LOE sin referencias a la vehicularidad del catalán o del castellano. Aquel año, entra en el Parlament el grupo de Ciutadans, que encuentra en el ataque a la política lingüística en las escuelas una de sus razones de ser. Su manifiesto critica que el modelo educativo catalán ha provocado "uno de los niveles más bajos del mundo desarrollado". Con esta semilla institucional, tres familias denuncian la Generalitat al TSJC para que se les reconozca que el castellano es lengua vehicular en la misma proporción que el catalán.

Estatuto de Autonomía (2006)

La sentencia que lo cambia todo

El nuevo Estatuto reafirma que el catalán se debe "utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria" y que, a la vez, se tiene que garantizar una "presencia adecuada" de las dos lenguas a los planes de estudios. Pero el Tribunal Constitucional de 2010 decreta que este artículo del Estatuto es legal siempre que se interprete que "no se priva el castellano de la condición de lengua vehicular y de aprendizaje" en Catalunya. "El catalán tiene que ser lengua vehicular, pero no la única que disfrute de tal condición. El castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje", afirma la sentencia. Aquel texto lo ha cambiado todo: la condición del catalán como "vehicular" está en falso desde entonces.

Ley de Educación de Catalunya (LEC, 2009)

Se deja en manos de los centros el peso del castellano

Un año antes de que saliera la sentencia del Estatuto se aprueba en el Parlament la LEC, la ley de educación que todavía está vigente en Catalunya. De nuevo, se establece que el catalán "es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo", pero a la vez se deja claro que al final de la ESO los alumnos tienen que "garantizar el pleno dominio" del catalán y del castellano y que los proyectos lingüísticos de los centros tienen que garantizar "el proceso de enseñanza y de aprendizaje del castellano". Por lo tanto, se deja en manos de los centros definir qué peso tendrá el castellano en las aulas. La idea se desarrolla con el decreto de autonomía de centros el año siguiente, que da margen a cada escuela para decidir "el tratamiento y el uso de las lenguas" en función de su realidad sociolingüística. Es el mismo espíritu que se recoge ahora en la proposición de ley planteada por ERC, Junts, el PSC y los comuns.

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013)

Wert impone el castellano como vehicular en Catalunya

Valiéndose de la sentencia del TC contra el Estatuto, la ley Wert impone que el castellano es "la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado ". Pocos meses más tarde, en enero de 2014, y después de un largo tira y afloja en los juzgados, el TSJC dictamina que las familias que lo habían pedido tienen el derecho a recibir un 25% de clases en castellano en el aula. Los jueces argumentaban que si hasta entonces la Generalitat nunca había concretado qué peso tenía que tener el castellano, lo decidían ellos, y el Supremo consideró razonable el porcentaje. Las resoluciones ponían por primera vez contra las cuerdas a los directores, que estaban obligados personalmente a cumplir la sentencia. Desde entonces han llegado decenas de sentencias que obligan a hacer un 25% de castellano, todas motivadas por denuncias individuales de las familias. Educación siempre ha acatado, y ahora hay 35 aulas donde se hace una materia troncal en castellano.

A partir de aquella controvertida ley, y viendo que los juzgados de primera instancia ya daban la razón a las familias que lo pedían, el gobierno español del PP pone un recurso en 2015, a través de la Abogacía del Estado , para denunciar que la Generalitat no cumple la ley porque no se está garantizando que el castellano es también vehicular en Catalunya. El golpe judicial llega en diciembre de 2020: el TSJC obliga a que el 25% de las clases sean en castellano en todas las escuelas de Cataluña ante la "inactividad" del Govern para garantizarlo. El departamento de Educación recorrió la resolución al Supremo, pero el tribunal lo desestimó y la sentencia se convirtió en firme.

Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, 2020)

La normativa de Celaá que no blinda el catalán como lengua vehicular

Pocos días después de la sentencia del 25%, entró en vigor la Lomloe, conocida como ley Celaá. Los partidos catalanes negociaron el texto y ERC votó a favor, sin pedir al gobierno español, en manos del PSOE y Podemos, que retirara el recurso de la Abogacía del Estado. Quedará para siempre la incógnita de saber qué hubiera pasado si los partidos catalanes hubieran presionado para que el gobierno español deshiciese la batalla judicial. ERC y Junts se pelearon en público: los republicanos sacaron pecho por haber logrado "blindar la inmersión" con el redactado de la Lomloe, mientras que JxCat alertaba de que el PSOE había "marcado un gol" a ERC. Si bien es verdad que se eliminaban las referencias al castellano como lengua vehicular que tenía la Lomce, se mantenía que serán las "administraciones educativas" las que garantizarán las enseñanzas "en castellano y en el resto de lenguas cooficiales". Es decir, se pasaba la pelota a la Generalitat para concretar cuál es el peso del castellano en las aulas catalanas.

Proposición de ley para modificar la ley de política lingüística

El dilema entre claudicar o jugar el último partido

El departamento de Educación, en manos de ERC, ha defendido hasta ahora que la ley Celaá cambia el panorama y, borrando la palabra "vehicular" para el castellano, resta argumentos al TSJC para decretar la aplicación forzosa de la sentencia del 25%. Pero los jueces ya han dicho en alguna sentencia que la nueva ley de educación "no cambia las cosas", tal como también avisaron al ARA varios expertos consultados, porque el carácter vehicular del castellano "deriva directamente de la Constitución".

Mientras tanto, entre leyes y decretos, sentencias y recursos, el catalán ha ido perdiendo territorio tanto en el aula como en la calle: el número de profesores que siempre hablan en catalán en clase ha pasado del 61% en 2013 al 46,8% en 2021, hasta el punto que, según el Síndic de Greuges, el castellano ya se utiliza durante el 33,1% de la jornada escolar. Todo ello, es un reflejo de lo que pasa más allá de las paredes del centro: en Barcelona, por ejemplo, solo el 19,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años tienen el catalán como lengua habitual, un retroceso de 10 puntos en solo cinco años. Hay quien dice que, con estos datos en la mano, el Govern ya podría aplicar un 25% de castellano y garantizar, por lo tanto, que el 75% de las clases sean en catalán. Pero esto sitúa el departamento de Educación en un dilema: claudicar y dar la orden en todos los centros para que hagan una asignatura troncal más en castellano o bien jugar la partida política y judicial y hacer un último gesto para convencer al TSJC de que el castellano ya está garantizado en la enseñanza. Es en este frágil equilibrio que se tiene que enmarcar el pacto entre ERC, Junts, el PSC y los comuns. La duda ahora es si con el redactado propuesto por el Parlament, que no concreta ningún porcentaje de castellano, habrá suficiente o, en cambio, los jueces acabarán generalizando a golpe de sentencia lo que desde 2014 ya pasa en algunas aulas del país.