Selectividad

El ministerio propone una selectividad con menos exámenes y una prueba de madurez

El borrador incluye un modelo transitorio hasta el curso 2026-27, cuando entrarían en vigor los cambios definitivos

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Selectividad

BarcelonaQue las pruebas de acceso a la universidad se reformarán ya se sabía (así lo dice la ley), pero hasta ahora se desconocían los detalles. El ministerio de Educación ha planteado este martes su propuesta para la nueva selectividad: según el borrador presentado en las comunidades autónomas, las pruebas de acceso a la universidad (PAU) tendrán menos exámenes e incluirán una prueba de madurez. Ahora se abre un periodo para hacer aportaciones y, a pesar de que se había anunciado que el nuevo modelo entraría en vigor en 2024, el documento del ministerio habla de una aplicación progresiva hasta 2025-26. Es la reforma más importante de las PAU desde que fueron creadas, hace más de cuatro décadas.

Según el documento del ministerio, que ha avanzado el diario El País y al cual el ARA también ha tenido acceso, se propone que en la fase de transición se hagan cuatro exámenes en total, cada uno valdría un 25% de la nota total: historia de la filosofía, historia de España, una materia sobre la modalidad del bachillerato escogido y un cuarto ejercicio en el que se valore la competencia lingüística y se evalúe la madurez académica del alumnado. Hasta ahora los estudiantes catalanes hacían cinco exámenes obligatorios (lengua catalana, lengua castellana, lengua extranjera, historia y una materia específica del bachillerato) y podían subir nota evaluándose de hasta tres materias optativas más. Otra de las novedades es que se eliminaría la posibilidad de escoger entre la opción A y la opción B, como pasa ahora, y todos los estudiantes tendrían que responder las mismas preguntas.

La gran transformación llegará a partir del curso 26-27, es decir, lo estrenarán los alumnos que el curso que viene empiezan 2.º de ESO. El modelo definitivo constaría de solo dos pruebas. Por un lado, se mantendría el examen de una asignatura específica del bachillerato, y por el otro, el ejercicio de madurez, que sustituiría a las pruebas comunes (las de filosofía e historia, y también las lenguas) y pasaría a contar el 75% de la nota. Este examen sería una especie de dosier formado por documentos (textos, imágenes, infografías, gráficos...) sobre un mismo tema, que servirían de base para evaluar las materias comunes del bachillerato, pero de forma integrada y más global. Esta prueba constará de tres partes: 15 minutos para leerla detenidamente y analizarla; 40 minutos para responder 15 o 20 preguntas "cerradas o semiconstruidas", algunas de las cuales se tendrán que responder en inglés, y una tercera parte de 45 minutos con tres preguntas abiertas, una en inglés, que no tendrán una sola respuesta correcta. La prueba servirá para analizar la capacidad de "pensamiento crítico, reflexión y madurez" del alumno. Falta por ver cómo se encajan el catalán, el euskera o el gallego, pero el documento del ministerio deja claro que también habrá que responder una parte del examen en las lenguas cooficiales.

Se mantiene la prueba voluntaria

Lo que sí que se mantiene más o menos igual respecto al examen actual es una segunda fase específica para acabar de determinar el orden de admisión a la universidad. La intención del ministerio es que "al menos en un futuro próximo, el formato sea similar al actual", es decir, que quien quiera pueda examinarse de dos asignaturas de 2.º de bachillerato para poder subir nota (hasta 14), a pesar de que se insiste en que los modelos de exámenes tengan un "enfoque competencial y eviten las preguntas que consisten en la simple reproducción de contenidos académicos, memorizados para la ocasión". Por lo tanto, a partir del curso 2026-27 se plantea que los estudiantes hagan como mínimo dos exámenes (los obligatorios) y un máximo de cuatro, la mitad que ahora. Se mantiene igual, eso sí, el peso del bachillerato en la nota final (un 60%) y el de la selectividad (un 40%).

A pesar de que se descarta hacer una prueba única para toda España (es lo que siempre ha pedido Ciutadans), el ministerio sí que habla de avanzar hacia un diseño "más equilibrado y homologable" entre las diferentes comunidades autónomas, tanto en el diseño de los exámenes como en su corrección. Con la reforma de las PAU, el Gobierno español da un paso más en la reforma educativa iniciada con la aprobación de la nueva ley educativa (Lomloe o ley Celaá), en la que –entre otros objetivos– se busca evitar que las PAU condicionen el bachillerato.

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