El TSJC da 15 días a Cambray para implantar el 25% de castellano en todas las escuelas

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) ha ordenado la ejecución forzosa de la sentencia que exige que al menos el 25% de las clases se den en castellano en todas las escuelas e institutos de Catalunya. En un auto, los magistrados obligan al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, a "dictar las instrucciones y establecer las garantías de control" que sean necesarias para que en un periodo de quince días "todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata" un 25% de castellano en la escuela. Los jueces consideran que para garantizar "la utilización vehicular normal" de las dos lenguas, los alumnos tienen que dar castellano "y otra asignatura o materia de carácter troncal" en este idioma.

De nada han servido, pues, las medidas anunciadas para hacer frente a la sentencia del 25%. Ni el decreto que está preparando Educación, ni la reforma de la ley de política lingüística en el Parlament, ni tampoco la encuesta que se hará en los centros catalanes para conocer si sus usos lingüísticos son suficientes, a ojos de los jueces: "Las iniciativas desplegadas por la Generalitat no tienen un resultado concreto que se proyecte hoy por hoy en la actividad de los centros escolares", dice el auto, que recalca que el Govern tiene que garantizar exactamente lo que dice la sentencia: "Que los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata" la enseñanza en catalán y en castellano. El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha comparecido de urgencia para explicar que el Govern recurrirá lo que considera un auto "aberrante" y para pedir "tranquilidad" a los centros educativos y decirles que "no cambien nada" de sus proyectos lingüísticos.

En el texto –escrito en catalán y lleno de errores lingüísticos–, los jueces no citan en ningún momento a los directores de las escuelas e institutos, y trasladan la responsabilidad de hacer cumplir la sentencia a "la alta inspección educativa", un cuerpo que depende del ministerio de Educación español, que es quien tiene que "verificar el cumplimiento" de la sentencia y tiene que informar el TSJC de los pasos que da la Generalitat. Según ha confirmado el ministerio al ARA, hay dos personas de la alta inspección destinadas a Catalunya que tendrán que controlar lo que pasa en los 5.459 centros educativos catalanes.

El profesor de derecho administrativo de la UdG Josep Maria Aguirre asegura que esto pone "en el centro del conflicto" al gobierno español. Hasta ahora la Abogacía del Estado se había puesto de perfil en el procedimiento y, a pesar de haber sido el ejecutivo español quien había impulsado la demanda judicial –en época del PP–, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos no ha pedido la ejecución de la sentencia. De hecho, en el último escrito al TSJC, los abogados del Estado instaban al tribunal a evaluar "el grado de cumplimiento" de las medidas anunciadas por el Govern antes de pedir la ejecución.

Ahora serán los mismos inspectores del ministerio los que tendrán que hacer un informe mojándose sobre su cumplimiento. A pesar de todo, Aguirre advierte que la resolución del TSJC da entrada a un tercer actor, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, a quien legitima para formar parte del procedimiento. En caso de que unos u otros detectaran que la Generalitat no está aplicando el mandato judicial, el tribunal podría ordenar a la Fiscalía abrir la vía penal por desobediencia. "Vamos directos al conflicto", pronostica Aguirre.

"Libertad" para cómo ordenar el 25%

En su resolución, los magistrados ya avanzan que la Generalitat no está cumpliendo la sentencia dictada por la misma sala el 16 de diciembre del 2020. Y a pesar de que afirman que la Generalitat tiene "libertad" para decidir tanto "la manera de ordenar" como "el contenido" de las instrucciones a los centros, el TSJC deja muy claro que quiere evidencias que la conselleria cumple la sentencia: "La elección del medio para garantizar el resultado de la sentencia es facultad de la Generalitat, pero no tiene libertad para no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional". "Lo que es determinante en la sentencia no es el medio, sino el resultado", dicen los jueces, que insisten: "Lo que se condena es una inactividad en el dictado de normas, instrucciones o actos de aplicación que sean necesarios".

Aguirre explica que la sentencia del 2020 ya era muy "precisa" en este sentido y daba poco "margen" de maniobra a la Generalitat, que como mucho habría podido "discutir" el porcentaje y fijar "uno alternativo", valora el profesor de la UdG. Ahora el tribunal insiste que el mandato se tiene que cumplir, a pesar de que deje a criterio de la conselleria de Educación la vía para materializarlo, sea a través de un decreto o de una orden directa de Cambray. De hecho, los magistrados ya avanzan que no hacen falta grandes modificaciones legales de entrada y consideran que basta con empezar dando "instruccions internas de servicio" a las escuelas y, a partir de aquí, plantear las "innovaciones" o los cambios normativos que el Parlament decida. El conseller considera que el TSJC se ha "sobrepasado y extralimitado en sus funciones" porque, al hablar de una "instrucción" a los centros, no solo dice que la sentencia se tiene que cumplir sino que concreta cómo se tiene que hacer. "Los servicios jurídicos de la Generalitat no se habían encontrado nunca con un caso así", ha dicho.

Dos votos particulares

El tribunal ha forzado la ejecución de la sentencia porque así lo pidió la Asamblea por una Escuela Bilingüe, quien los jueces han reconocido ahora como parte afectada. En cambio, el TSJC desestima la misma petición que habían hecho algunos diputados del Parlament y el partido de ultraderecha Vox por "falta de legitimidad". Aun así, la resolución incluye un voto particular que subscriben dos de los cinco magistrados que han redactado el auto porque discrepan con el hecho de admitir cualquier alumno como parte legitimada para pedir la ejecución forzosa. Según estos dos jueces, como la sentencia no afecta a una escuela en concreto sino a todo el sistema educativo, no se puede aceptar como parte personada a alumnos individuales.

Para Aguirre, el voto particular de los dos magistrados plantea una cuestión "secundaria" como es la legitimidad de terceros, pero no cuestiona que la Generalitat tenga que cumplir con la sentencia y aplicar el 25%. En cambio, Cambray considera que los votos particulares ponen en entredicho que la Asamblea por una Escuela Bilingüe esté legitimada para formar parte del caso y ha dicho que esto, junto con el hecho de que los jueces se han "extralimitado" de sus funciones, es lo que alegará el Govern en el recurso de reposición. Si el TSJC lo tumba, el Govern todavía tendría una última bala, en forma de recurso de casación ante el Supremo. La batalla judicial, pues, será larga, y estará muy condicionada por los movimientos políticos. ¿Qué mandará el gobierno español a los inspectores destinados en Catalunya? ¿El ultimátum judicial facilitará el acuerdo para modificar la ley de política lingüística? Mientras tanto, en los centros educativos hay mucha inquietud: la Fundación Escuela Cristiana, una de las patronales de la concertada, ha insistido en reformar ya la normativa porque ante el nuevo auto las direcciones están "totalmente desprotegidas".