Sociedad  /  Educación 28/04/2022

La escuela concertada pide al Parlament modificar ya la ley del catalán para proteger los centros

Avisan por carta a Borràs y a los grupos de que las direcciones están ahora "totalmente desprotegidas" ante el 25%

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Un niño de ESO trabaja haciendo trabaja del instituto a casa, en una imagen de archivo

BarcelonaA la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se pronuncie sobre las peticiones de ejecutar forzosamente la sentencia que impone un 25% de castellano a todas las escuelas del país, los partidos políticos siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo afrontar legislativamente este problema. Pero los centros educativos reclaman medidas y las reclaman ya. En una carta dirigida a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y a los partidos que firmaron el pacto para reformar la ley de política lingüística, las patronales de la escuela concertada (representan 700 centros), las asociaciones de familias de estos centros y el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres han pedido al Parlament que envíe de urgencia esta modificación legislativa "para tener cobertura jurídica y frenar la ejecución de la sentencia que puede ser exigida pronto" a todos los centros del país.

"Si llega un requerimiento de aplicación de un 25% de castellano a un centro educativo, las direcciones de las escuelas del Servei d'Educació de Catalunya están totalmente desprotegidas jurídicamente para mantener los proyectos lingüísticos", avisan las entidades en la carta, a la cual ha tenido acceso el ARA. En el texto dejan claro que valoran "positivamente" que se modifique la ley de política lingüística "para tener un marco más estable y de más protección de la escuela catalana". La propuesta que hicieron ERC, Junts, el PSC y los comuns incluía por primera vez que los alumnos catalanes tienen derecho a recibir las enseñanzas de las lenguas oficiales "y en las lenguas oficiales", de forma que se admitía que el castellano, como lengua oficial en Catalunya, también es una lengua de aprendizaje en la escuela, a pesar de que se evitaba decir que es vehicular, como sí que se mantenía en el caso del catalán. Las formaciones políticas defendieron, de entrada, que el acuerdo era una capa de protección más para evitar que el TSJC obligue a la Generalitat a decretar el 25% de las clases en castellano, porque el nuevo redactado establecía que el castellano "también es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro".

Pero el hecho que en el texto se incluyera que el castellano también se tiene que usar como lengua de aprendizaje despertó un alud de críticas en las redes sociales y Junts puso el acuerdo "en el congelador", a la espera de buscar más consenso entro algunas entidades. Desde entonces –y ya hace más de un mes– se ha posicionado prácticamente todo el mundo: la Plataforma per la Llengua, Som Escola, Òmnium Cultural, los partidos, algunos directores de centros o alcaldes y alcaldesas, pero no hay manera de llegar a un acuerdo para llevar este u otro redactado al pleno del Parlament. Mientras tanto, la Generalitat ha presentado sus alegaciones al TSJC para defenderse de la ejecución forzosa que han pedido varias entidades anti-inmersión, que pondría contra las cuerdas a directores y directoras y también al mismo conseller, Josep Gonzàlez-Cambray. El Govern defiende que ya está tramitando iniciativas legislativas por "garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales", pero la realidad es que esta está parada, al menos durante quince días más.

La otra, en cambio, sí que sigue su curso, pero está en los inicios. La conselleria de Educación anunció un nuevo decreto para modificar la ley de educación de Catalunya (LEC) que "reafirme el modelo de escuela catalana" y "dar respuesta al tribunal" con un nuevo marco normativo que no se base en porcentajes. En la carta enviada a Borràs y a los grupos, la escuela concertada también reclama acompañar la modificación de la ley de política lingüística del "despliegue reglamentario correspondiente por parte del departamento". Además, las patronales y las asociaciones de familias rechazan en el texto "la politización que determinados grupos y entidades" han hecho durante estas últimas semanas y piden que los debates pedagógicos se hagan "dentro del ámbito educativo". Todo ello llega solo unos días después de que Borràs se dejara ver en un acto de Plataforma per la Llengua en rechazo a la modificación de la ley del catalán.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, junto al 'expresident' de la Generalitat Quim Torra .

El enésimo choque entre Cambray y los sindicatos

En materia educativa, este jueves también ha sido noticia el enésimo choque entre Cambray y los sindicatos, después de que se hayan roto las negociaciones. El conseller de Educación ha criticado las imágenes de "personas violentas" entre los actos de boicot y protesta de los sindicatos, después de que un grupo de docentes vinculados a algunos sindicatos entraran el lunes al paraninfo de la UB para "sabotear" un acto público del conseller. En declaraciones a RAC1, ha dicho que estas personas "no representan" a los maestros y suponen un mal ejemplo para los alumnos, y también ha dejado claro que los boicots no impedirán sacar adelante medidas anunciadas, como el adelanto del curso escolar o el despliegue de los nuevos currículums. "No me pararán", ha afirmado.

A su vez, los sindicatos han negado que sus acciones sean violentas y han dicho que son "de protesta y con ruido". Las organizaciones ya preparan más movilizaciones e incluso huelgas durante el tercer trimestre. "Situaremos más días de huelga ahora en el mes de mayo, y acabaremos el curso movilizándonos", ha dicho en TV3 la portavoz de USTEC, Iolanda Segura. Los sindicatos han mostrado hasta ahora una imagen de unidad con comunicados conjuntos recurrentes, pero los sindicatos CCOO, Usoc y la Intersindical no se hicieron eco del boicot a Cambray en sus redes sociales.

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