El TSJC vuelve a golpear el catalán en la escuela pero pica la cresta a Escuela Bilingüe

BarcelonaNuevo golpe de la justicia al catalán en las aulas. Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado ejecutar provisionalmente la sentencia que emitió en septiembre pasado en la que anulaba una decena de artículos del decreto para blindar el catalán en las aulas. Una norma que aprobó el gobierno de Pere Aragonès en 2024 y que solo un mes después la suspendieron los tribunales, motivo por el cual todavía no se había llegado a aplicar nunca. De hecho, fuentes del departamento de Educación han asegurado que la resolución de este lunes no supondrá ningún cambio en el día a día de las aulas catalanas.

El TSJC ha estimado la petición que había presentado la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) en la que solicitaba que se ejecutase la sentencia sobre el decreto, a pesar de que diversas partes, como Plataforma per la Llengua o la misma Generalitat, anunciaron que presentarían un recurso. Ahora bien, en la resolución los magistrados también dan un toque de atención a la AEB por una serie de peticiones que el tribunal ha desestimado. La decisión de este lunes todavía no es firme y supone el enésimo capítulo del camino judicial del catalán en la escuela, ya que todavía está pendiente que el Tribunal Constitucional diga la última palabra sobre si se deberá garantizar un 25% de enseñanza en castellano.

El TSJC afirma que diversas peticiones hechas por la AEB son "completamente ajenas" al debate de la sentencia y que no le corresponde la función de ordenar a la Generalitat que redacte instrucciones generales. El tribunal acaba advirtiendo a la Escuela Bilingüe que lo que no puede pretender, "a la vista de una sentencia no firme parcialmente estimatoria, es diseñar un sistema de control de la Generalitat a través de los tribunales, de manera que los tribunales impongan obligaciones a la Generalitat más allá del procedimiento jurisdiccional, y sobre aspectos que no han sido debatidos ni cuestionados".

En diversas respuestas a peticiones de la AEB, los magistrados insisten en decir que se les pide que hagan una tarea que no les corresponde, y aseguran que la administración ya cumple la ejecución de la sentencia dictada por el TSJC. "Reiteramos que la sentencia es meramente declarativa y que la administración cumple con la ejecución a través de la no aplicación de los preceptos provisionalmente anulados por la sentencia, sin que este tribunal pueda exigir la elaboración de un informe sobre la elaboración de instrucciones que requiere la parte ejecutante y que no forman parte del presente procedimiento".

La decisión no afecta a las escuelas

Más allá de los advertimientos a Escuela Bilingüe, con la resolución de este lunes el TSJC ordena hacer efectiva la anulación total o parcial de once artículos que fijaban el catalán y el aranés como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje y como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa, las relaciones con las familias, los materiales didácticos y las evaluaciones. Ahora bien, desde Educació insisten en que "la ejecución provisional de la sentencia no altera la actividad ordinaria de los centros educativos", y aseguran que las normas de organización y gestión de los centros continúuón "plenamente vigentes, incluyendo los criterios de uso lingüístico". De hecho, Educació vuelve a repetir que el decreto en cuestión "ya estaba suspendido cautelarmente y no se había aplicado al curso 2025-2026".

A pesar de que no tendrá un impacto directo en las aulas, el departamento de Educació ya había interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC. En este sentido, fuentes de la consejería insisten en que el marco normativo actual "da plena seguridad jurídica" a los centros y a los proyectos lingüísticos. De esta manera, aseguran que el catalán –y el aranés en el Aran– se mantiene como lengua vehicular y, a la vez, el sistema "asegura una presencia adecuada del castellano como lengua curricular".

Pendientes del TC

El decreto del cual el TSJC ha anulado algunos de los artículos se sustenta en la doble normativa –un decreto y una ley– que el Gobierno de Pere Aragonès aprobó en 2022 para evitar la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Dos normas que están pendientes del Tribunal Constitucional (TC), ya que el TSJC le remitió la doble normativa para que decidiera si el decreto y la ley infringen la Constitución. Aunque a mediados del año pasado se advirtió que la sentencia sobre los porcentajes lingüísticos en las aulas se podría conocer pronto y que sería un revés para el catalán, de momento el Constitucional continúa sin mover ficha.

Aplicar los artículos que no se han anulado

Este mismo lunes el president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha pronunciado ante el movimiento del TSJC asegurando que el Govern "defenderá el catalán y la escuela catalana hasta el final". En este sentido, Illa ha defendido que pondrán al alcance "todos los recursos políticos y jurídicos necesarios para su defensa". También se ha pronunciado el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que en un mensaje en X ha insistido en decir que los servicios jurídicos de la Generalitat "están estudiando la sentencia para darle respuesta". También en una entrevista a TV3, Xavier Vila ha considerado que "históricamente" ha habido en Cataluña una "incomprensión profunda de amplios sectores de la judicatura" de lo que representa el catalán. Lo ha atribuido al hecho de que el porcentaje de jueces catalanes es "reducido" y ha reflexionado que "probablemente" esto "distorsiona la visión". Por ello ha opinado que la planta judicial de Cataluña "debería representar mejor a la sociedad".

Desde Plataforma per la Llengua –que también presentó un recurso contra la sentencia del TSJC– también insisten en que la resolución de este lunes "no debe encender ninguna nueva alarma", ya que a efectos prácticos no tendrá ninguna consecuencia en las aulas. Aseguran que el movimiento "responde" a la estrategia de Escuela Bilingüe de "marcar agenda y condicionar el relato, y no a un cambio real". En cambio, recuerdan que, desde la sentencia del mes de septiembre, el resto del decreto continúa vigente e instan al Govern a aplicarlo.

Entre los artículos que el TSJC no anuló se encuentra el quemantiene la exigencia del C2 para los nuevos docentes o el que incluye la posibilidad de sancionar a docentes que incumplan el proyecto lingüístico. "El departamento de Política Lingüística tiene margen real de actuación en la ejecución de esta resolución. Hace falta voluntad para ejercerlo", insisten.

También ha reaccionado a la resolución el sindicato mayoritario en el sector educativo: la USTEC ha reclamado que el Govern haga una declaración inmediata para "blindar el catalán" en las aulas y ha exigido una reunión urgente con el departamento para "trabajar medidas que garanticen la protección y la seguridad jurídica del profesorado ante esta situación".