Las barracas quedan fuera de los planes de emergencia por inundaciones

RubíNada más termina el asfalto y una calle se convierte en una pista de tierra para recorrer en paralelo el río Anoia, en Martorell. A ambos lados, los bordes se llenan de barracas, tapadas con plásticos, lonas o vallas metálicas que hacen ganar intimidad a todo lo que pasa puertas adentro. Es una de las zonas inundables que Protecció Civil ha detectado en Catalunya en su plan especial de emergencias Inuncat. En un escenario en el que los expertos alertan de que fenómenos como las riadas o las DANA serán más habituales, ¿quién se encarga de velar por la seguridad de las personas que se han instalado en ella? Con la ley en la mano, son los ayuntamientos los que tienen competencias, pero también son los que a menudo los niegan el reconocimiento de vecinos y el empadronamiento. "Cruzamos los dedos para que nunca pase nada", admite un ex alto cargo del Gobierno, preguntado por qué pasaría si las inundaciones barrieran cauces de ríos como ha ocurrido en Valencia.

La misma pregunta se ha hecho en diferentes organismos de la administración catalana. Desde Protección Civil, hasta la ACA –la Agencia Catalana del Agua, encargada de la gestión de los ríos– o la conselleria de Derechos Sociales: "Es una competencia municipal", repiten. Por su parte, los consistorios deben redactar planes municipales –los Duprocim– aunque no todos lo han presentado ni tienen capítulos específicos. En Rubí, con una zona de barracas en la riera, el documento ni hace referencia a él y desde el consistorio se ha evitado, a instancias del ARA, hacer valoración alguna. En Montcada i Reixac, con varios asentamientos en el Besòs, tienen un protocolo previsto para alertar y desalojar a los residentes: con una cuña pregrabada, la policía local pasa por el área advirtiendo del riesgo, y se ha marcado el pabellón municipal como punto de concentración.

Hace unas semanas el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mostró la preocupación por el riesgo de que supone la ubicación de campings en zonas inundables y anunció la voluntad de revisar las infraestructuras ubicadas en puntos críticos. Según el mapa de riesgos de Protección Civil, un 10% de los catalanes (800.000 personas) viven en zonas de riesgo.

Sin datos de sinhogarismo

El problema es que nadie sabe la dimensión del chabolismo en Catalunya. No existe ningún mapa de cuántas barracas hay, ni tampoco cuánta gente vive. Cierto que, como señala la administración, se trata de una población con mucha movilidad, y también, como afirman trabajadoras sociales, "son personas que quieren ser invisibles, no quieren problemas". Uno de estos residentes en la zona de barracas de Anoia primero niega que viva, visiblemente incómodo y también avergonzado por las condiciones en las que le tocan vivir. "Si no, ¿dónde voy?", pregunta alejándose.

Un viaje por el país o un paseo por la orilla de los ríos descubre la existencia del barraquismo que se creía superado. Son diversas las causas que explican este fenómeno: la sucesión de crisis, los precios de los pisos por las nubes y las dificultades para los migrantes sin papeles para alquilar un piso. En muchos casos, las chabolas se han reconvertido en viviendas (legalmente, infraviviendas) a medida que se ha abandonado la huerta. Ha pasado en Martorell, donde todavía conviven estos huertos, con talleres, hípicas y el chabolismo por pura necesidad. Y también en torno a la riera de Rubí, donde la histórica riada de septiembre de 1962 provocó cientos de muertos (no hay una cifra oficial) entre las personas que se habían instalado en las chabolas.

Desde la conselleria de Derechos Sociales, la nueva secretaria de Asuntos Sociales y Familias, Carolina Homar, incide en que, si bien la competencia es municipal, "tocaría hacer un mapa" para disponer de una aproximación del sinhogarismo y barraquismo en Cataluña y, poder actuar con conocimiento de causa. El acuerdo contra el sinhogarismo del 2022 faculta a los consistorios para hacer recuentos de personas que viven en la calle. Con los datos provisionales recogidos de ese año, hay 4.691 personas, una cifra que resulta poco ajustada. El próximo año el departamento prevé evaluar los resultados, aunque no todos los consistorios han facilitado los datos.

Pese a que el ARA ha comprobado el chabolismo a lo largo del Anoia, el alcalde, Xavier Fonollosa, asegura que en el municipio no hay ningún asentamiento. El de Martorell es uno de los consistorios señalados por la síndica de agravios y las entidades sociales por incumplir la ley de régimen local y negar el padrón a quienes no tienen un contrato de alquiler, pese a que el empadronamiento es "sólo un registro de las personas que viven en el municipio", obligatorio tanto por la administración como para el administrado, insisten desde la Red de Entidades por el Padrón, formada entre otros por Amnistía Internacional, la Confavc, o el Foro de Síndics Locals. Esta plataforma pone sobre la mesa una consecuencia de invisibilizar a esta población: "No puede ser que las personas que viven en peores situaciones se encuentren, como en el caso de Valencia, sin poder pedir ninguna ayuda porque no constan como empadronados en los municipios donde realmente viven". En este punto, Luisa Fernanda Pinto, referente de la misión de vivienda del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), señala la "dificultad de hacer un acompañamiento" de esta población si alguna vez ocurriera algo. "Serían muertos de nadie", indica.

El sinhogarismo y, por tanto, el chabolismo es un fenómeno que incomoda a todas las administraciones. E, incluso cuando se han visto las orejas en el lobo en Valencia, ninguno de los organismos consultados apuntan a una revisión de protocolos. En Montcada i Reixac, las 400 personas que viven en barracas (la mitad empadronadas en Barcelona y en la ciudad vallesana), junto a huertos y talleres, esperan una solución desde hace años, apunta José Luis Conejero, de la Coordinadora Vecinal del Bajo Besòs. Tras la muerte de una pareja en una barraca, la Generalitat, el Consorcio del Besòs y el propio Ayuntamiento se han comprometido a presentar un plan, pero, después de ocho informes, todavía no hay un calendario y se calcula que sólo limpiar la barriada va a costar tres millones de euros. Sin embargo, para ellos la última preocupación es que llegue una riada. "Estamos muy lejos del río", responden.

Tomar conciencia del riesgo

En cambio, para la física Carme Llasat, directora del Grupo de Análisis de Situaciones Meteorológicas Adversas de la Universidad de Barcelona, ​​la "concienciación del peligro real" es una de las lecciones que debe aprenderse de la catástrofe de la MUJER. "Porque un día la riada llegará", añade, y apunta que habría que realizar un trabajo de información sobre los peligros de instalarse en los cauces de los ríos o, incluso en zonas que la propia ley del agua lo prohíbe. "No todo lo construido en zonas de riesgo son ilegales, porque los ayuntamientos han dado permisos", relata. A las lecciones aprendidas añade las decisiones a tomar: "Hay que hacer un llamamiento para saber dónde están los asentamientos, y seguramente los ayuntamientos no pueden hacerlo solos".

En todo caso, tanto Homar como Pinto indican que las barracas son la expresión de la falta de vivienda. Homar sostiene que es un "problema global" complejo y con una solución muy difícil. Desde el PEMB, Pinto indica que en Catalunya sólo el 2% de las viviendas son de protección oficial, pero un porcentaje que Martorell, Rubí y Montcada multiplican por mucho. Por eso también subraya que hay que ampliar el foco para observar cómo la ley de extranjería o la vulneración de derechos condena a las personas a instalarse en barracas, que pese a que no son dignas ni seguras, son la única alternativa que tienen .