Hay pisos de alquiler para autóctonos pero no para inmigrantes

Olot / Arenys de Mar / Barcelona“Hay pocos pisos de alquiler y mucha gente en lista de espera”, contesta la comercial moviendo la cabeza de un lado a otro en signo de negación y sin apenas mirar a Newma a la cara. “El anuncio decía que teníais un piso de alquiler de dos habitaciones por 600 euros”, insiste la chica balbuceante y plantada de pie en el vestíbulo de la Cambra de la Propietat Urbana en Olot. “Sí, pero ya no lo tenemos”, le interrumpe la mujer de forma seca. 

Newma hace cinco años que busca un piso de alquiler en Olot o en cualquier otro municipio cercano. A pesar de eso, en todo ese tiempo no ha encontrado absolutamente nada. Su caso no es un problema de dinero. Trabaja en una empresa cárnica como limpiadora y compartirá el piso con su hermana, que también tiene un contrato fijo a jornada completa. Es decir, puede pagar perfectamente un alquiler de 500, 600 o 700 euros, que son los precios en los que se mueven los pisos en Olot.

Newma, sin embargo, tiene una pega. Es catalana y habla perfectamente catalán, pero viste un hiyab y es negra. Sus padres son originarios de Gambia. El ARA la acompaña a diversas inmobiliarias para comprobar si realmente es tan difícil encontrar piso. Para no condicionar la respuesta, la periodista también se cubre la cabeza con un velo como si fuera musulmana. Y, efectivamente, todas las inmobiliarias contestan lo mismo: no hay ni un solo piso de alquiler en Olot.

La cosa cambia radicalmente sin un velo en la cabeza. “Tenemos un piso de dos habitaciones y 560 euros”, afirma la misma comercial de la Cambra de la Propietat Urbana que hace menos de una hora ha dado una negativa rotunda a Newma, cuando esta periodista regresa sin cubrirse el cabello. Un piso así es justo lo que necesita Newma. En esta ocasión, la comercial se muestra amable, me ofrece asiento, me enseña fotos de la vivienda, me propone visitarla e incluso está dispuesta a esperar un día a que yo decida si me interesa. Asimismo me enseña imágenes de un segundo piso de alquiler que también está disponible, aunque es un poco más caro.

“Río por no llorar”, dice Newma mientras se le escapa una risa nerviosa, de incredulidad, cuando escucha boquiabierta la conversación con la comercial que ha grabado el ARA. Ese piso le cambiaría la vida, asegura. Su marido está en Gambia –lo conoció en unas vacaciones de verano- y la reagrupación familiar depende ahora de que ella consiga un piso de alquiler. En la actualidad vive con su hijo de 3 años en casa de sus padres, pero allí ya no cabe nadie más. “Hago turno de noche en el trabajo y todas las horas extras que puedo para cobrar más, pero ya veo que no se trata de un tema de dinero -lamenta la chica-. Yo no quiero irme a vivir a Gambia. Yo soy de aquí, no conozco ese país”.

La responsable de la delegación en Olot de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona declina hacer declaraciones al ARA cuando este diario la contacta por teléfono para aclarar la razón de la diferencia de trato. Se da la circunstancia de que, en 2021, el Ayuntamiento de Olot impulsó un proceso participativo para abordar el racismo inmobiliario en el municipio, en el que se implicaron profesionales de la administración local, asociaciones de vecinos e inmigrantes, pero también los propios agentes de la propiedad. Fruto de aquel trabajo, se hizo una diagnosis de la situación y se acordaron una serie de medidas.

“Llevamos dos años esperando a que el Ayuntamiento haga algo”, se queja Mari Drammeh, de la plataforma Stop Racisme Lloguers, que considera que la diagnosis estuvo muy bien, pero no ha servido para nada práctico. En cambio, el concejal de Urbanismo y Vivienda de Olot, Jordi Güell, asegura que sí que se han hecho avances: “Hemos formado a los trabajadores municipales y nos hemos puesto en contacto con Figueres, Salt, Banyoles y otros Ayuntamientos de la zona. Todo el mundo detecta el problema, pero nadie sabe qué hacer”. Según él, es la Generalitat la que tiene que tomar cartas en el asunto: “El Ayuntamiento de Olot no resolverá el problema solo. Hace falta una voluntad política de país”.

Rosa Padilla hace tres años que busca un piso de alquiler en Arenys de Mar o en cualquier otra localidad del Maresme. Es hondureña, hace más de una década que vive en España y apenas tiene acento latinoamericano cuando habla. Pero su fisonomía la delata, es claramente extranjera. “No tengo ni un solo piso de alquiler”, asegura la comercial de Finques Blaumar, en Arenys de Mar, pensando que está hablando con dos inmigrantes. El ARA acompaña a Rosa de la misma manera que lo hizo con Newma. Una vez en la calle contacta con la inmobiliaria por teléfono y hablando en catalán, y la respuesta es totalmente diferente a pesar de que solo han pasado cinco minutos: “Tenemos un piso de tres habitaciones con párking por 1.100 euros al mes”, contesta otro comercial.

“Te sientes impotente y con rabia”, confiesa Rosa, visiblemente dolida. En la actualidad vive en un piso de una sola habitación con su pareja, su hija de 11 años y su hermana, en el que literalmente no caben. Necesita uno más grande. En su caso, el dinero tampoco es un inconveniente. Puede pagar un alquiler de 1.100 euros o incluso más.

Medidas que no se han materializado

Infinidad de informes corroboran que hay racismo inmobiliario en Catalunya. No se trata de una percepción, sino de una realidad. La propia Generalitat anunció en octubre la puesta en marcha de 70 medidas contra el racismo, y algunas iban destinadas precisamente a combatir este problema. La directora general de Migraciones, Refugio y Antiracismo del departamento de Igualdad y Feminismo, Eunice Romero, afirma que de momento solo han tenido tiempo de formar sobre este tema al personal de la Agencia Catalana de la Vivienda y a los profesionales de los servicios de acogida de migración. “Una experiencia piloto con agentes inmobiliarios en las comarcas de Girona para combatir el racismo no se podrá llevar a cabo por la no aprobación de los presupuestos”, lamenta. Asimismo, tampoco se ha podido aprobar antes de la convocatoria de las elecciones el anteproyecto de ley contra el racismo, que ya se había redactado. O sea, de nuevo, lo plasmado por escrito no se hace realidad.

“¿Me puede decir su nombre para saber cómo dirigirme a usted?”, dice al otro lado del teléfono la comercial de una oficina de Tecnocasa, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Con esta fórmula, las inmobiliarias pueden deducir el origen de su interlocutor sin necesidad de preguntárselo directamente. En Tecnocasa también aseguran que no tienen pisos de alquiler cuando creen que están hablando con una persona extranjera, pero contestan lo contrario al cabo de una hora cuando se les contacta hablando en catalán.

“Tal vez mi compañera no tenía constancia de que teníamos ese piso disponible”, argumenta el responsable de la oficina de Tecnocasa, David Sánchez, para justificar la diferencia de respuesta. Esa misma razón arguye Mar Buch, de Finques Blaumar en Arenys de Mar, aunque reconoce que un 25% de propietarios les piden que el inquilino no sea inmigrante. “Entonces yo tengo que buscarme una excusa, porque el propietario es el que decide. Otros tampoco quieren animales o niños”, admite con total sinceridad.

La abogada del servicio de atención y denuncia de SOS Racismo Catalunya, Úrsula Ruiz, recuerda que el artículo 512 del Código Penal y la ley del Parlamento 19/2020 sancionan el racismo inmobiliario. Las multas van de los 10.000 a 40.000 euros. El problema, sin embargo, es conseguir las pruebas. “Hace falta el registro de llamadas con la inmobiliaria, los emails de confirmación de cita para visitar un piso y después la cancelación…”, enumera por ejemplo. “Las inmobiliarias dilatan el proceso en el tiempo o dicen que el piso ya está alquilado”, afirma. Es decir, el racismo no es flagrante, sino sutil y eso aún dificulta más la denuncia.

Sanciones

A pesar de eso, el Ayuntamiento de Barcelona sancionó a dos inmobiliarias con 45.000 y 90.000 euros por discriminación, cuando gobernaban els Comuns. La ONG Provivienda también ha conseguido algunos frutos en ese sentido. “Hasta que no se pongan multas, las inmobiliarias no cambiarán”, opina su abogado, Miguel Ruíz Díaz-Reixa. El año pasado Mehdi el Madyouni, de origen marroquí y que contó con el apoyo legal de esta asociación, obtuvo una indemnización de 4.000 euros de la inmobiliaria Finques Pagès, de Reus, por daños morales por discriminación. Sin embargo, los que se animan a seguir un proceso así son pocos. La abogada de SOS Racismo explica por qué: “Una denuncia supone una inversión de tiempo y de energía y no garantiza conseguir un piso”.