El gobierno español da respuesta a los menores solicitantes de asilo en Canarias a los cinco meses

MadridHan pasado cinco meses desde que el Tribunal Supremo dio 10 días al gobierno español para que se hiciera cargo de un millar de menores inmigrantes no acompañados que son acogidos en las islas Canarias y que solicitaron el asilo o tenían intención de hacerlo. Pero la respuesta del ejecutivo central no ha llegado hasta ahora. Tras una reunión entre el gobierno central y el autonómico celebrada este martes, se ha acordado que el traslado de estos menores a la Península comience la próxima semana, indican fuentes del encuentro.

En concreto, se empezará con el traslado de un grupo de ocho menores para que en el proceso "prime su integridad, bienestar e interés superior [del niño]", apuntan las mismas fuentes. La idea es que los traslados se vayan sucediendo de forma semanal por todo el Estado. Para cumplir con la orden del Supremo, el consejo de ministros aprobó una partida de 40 millones de euros y creará 1.200 nuevas plazas en centros de la Península.

"Es conveniente señalar que estos menores solicitantes de asilo presentan un perfil altamente vulnerable, muchos de ellos se encuentran solos y huyen de guerras", explican fuentes del encuentro, que aseguran que casi el 90% de los jóvenes migrantes no acompañados que están entrando en este procedimiento son oro. El gobierno español ha llevado a cabo un proceso de valoraciones individualizadas de los jóvenes junto con Engloba, la entidad colaboradora en Canarias. "El trámite es clave", indican desde el ejecutivo. Una vez se tienen los expedientes, gobierno español y gobierno canario se reúnen para realizar una selección de los primeros perfiles en función de las necesidades y destino final.

A principios de junio, el Supremo constató el "claro incumplimiento" de la orden emitida en marzo y dio un nuevo ultimátum al ejecutivo español para que tomara medidas de manera urgente respecto a los niños acogidos y que quieren pedir asilo. La orden iba acompañada de un aviso: si no se cumplía, el ejecutivo se exponía a "medidas coercitivas" que podían incluir sanciones e incluso responsabilidades penales.

Con todo, hay que tener en cuenta que este proceso es paralelo al reparto acordado con las comunidades autónomas de miles de menores migrantes que ahora se encuentran en Canarias. En principio, las comunidades están obligadas a facilitar la información sobre su situación actual y, posteriormente, a aceptar el reparto si no desean incumplir la ley. El ejecutivo tiene intención de iniciar este proceso a finales de agosto.