Conflicto lingüístico

Una empleada de la Diputación de Alicante se muestra incapaz de entender el catalán: “soy de Madrid y no sé valenciano”

La Plataforma per la Llengua denuncia que el caso ejemplifica el "incumplimiento" del deber que tiene la administración de atender en las dos lenguas

Ara
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ValenciaUna empleada de la Diputación de Alicante se ha mostrado incapaz de entender a una trabajadora de un ayuntamiento de la comarca valenciana de la Marina Alta para expresarse en catalán en una conversación telefónica y lo ha justificado por su procedencia. "Soy de Madrid y no sé valenciano". Así lo ha denunciado la Plataforma per la Llengua, que ha difundido los audios grabados por la empleada, que habría telefoneado a la Oficina Provincial de Fondos Europeos para gestionar unas subvenciones. La entidad lingüística no ha facilitado el nombre del municipio afectado para salvaguardar el anonimato de la trabajadora.

En la Diputación de Alicante no es obligatorio hablar en valenciano”, aduce la empleada de la Diputación de Alicante según se puede escuchar en la grabación, en unas palabras a las cuales la trabajadora de la administración local responde que aquello que le reclama no es que le hable en catalán, sino que lo entienda y no le obligue a cambiar de lengua. "Hace falta que me atiendas para que yo te pueda hablar en valenciano”, resume.

Conversación entre la empleada de la Diputación de Alicante y la trabajadora de un ayuntamiento de la Marina Alta

Para apoyar a la trabajadora municipal, el alcalde de la localidad de la Marina Alta ha enviado una queja al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que a la vez es el presidente del Partido Popular al País Valenciano, en la cual califica los hechos como “una situación propia de tiempos pasados”. En el escrito, el primer edil solicita a la presidencia de la Diputación que “dote de los medios que sean necesarios para el efectivo desempeño" de la ley de uso y enseñanza del valenciano -vigente desde el 1983- que proclama el catalán como “lengua propia de la administración valenciana”.

Desde la Plataforma per la Llengua ha subrayado que la norma afecta a la Diputación de Alicante. Desde la entidad han difundido una nota de prensa donde han destacado que la ley de la función pública valenciana también establece que el personal empleado público tiene derecho a no ser discriminado por razón de lengua. "A pesar de que no se obliga a los funcionarios individualmente a saber valenciano, sí que existe en la administración un deber de organizarse de tal manera que la atención esté disponible en las lenguas oficiales", han detallado.

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