El Estado endurece el uso de la mascarilla como ya hizo Catalunya en verano: elimina la distancia de 1,5 m

MadridDesde este miércoles la mascarilla será obligatoria en todo el Estado independientemente de si se mantiene o no la distancia interpersonal de 1,5 metros y en cualquier espacio que no sea de ámbito privado, también en medio del bosque o en la cumbre de una montaña. La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, no supone ningún cambio para los catalanes ni para la mayoría de ciudadanos del resto de comunidades, puesto que el verano pasado la mayoría de gobiernos autonómicos, como el catalán, ya aprobaron que se tuviera que llevar siempre. Ahora la novedad es que se ha aprobado en forma de ley el decreto que reguló la llamada nueva normalidad una vez acabó el estado de alarma, en junio del año pasado. Y la norma, después de pasar por el Congreso y el Senado, endurece las condiciones para el uso de la mascarilla e incluso abre la puerta a la posibilidad de obligar a llevarla cuando se esté en la arena en la playa o bien en una piscina que no sea de ámbito privado, una posibilidad que la Generalitat ya descartó cuando se produjo el debate el verano pasado.

La publicación en el BOE ha sorprendido porque el ministerio de Sanidad no había informado de este cambio. Desde el gobierno español, sin embargo, han querido quitar importancia a la ley. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha puntualizado que se trata de un texto "desfasado" porque incluye la normativa de junio pasado y que por eso la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo llevará este miércoles a una nueva reunión del consejo interterterritorial de Salud para que las comunidades autónomas apunten si es necesario que se "revise" y que se hagan "las modificaciones oportunas" en el consejo de ministros para modificar la norma.

En concreto, la ley española obliga ahora a llevar mascarilla en todas las situaciones, ya se esté en la montaña o en un espacio donde no se vea a nadie más. La intención es que la norma esté en vigor hasta que el gobierno español y las comunidades autónomas consensúen que se ha acabado la crisis sanitaria por el covid-19 o bien se reformen algunos de los artículos. De este modo queda redactado que las personas de más de seis años tienen la obligación de llevar mascarilla en la vía pública, tanto en espacios al aire libre como en cualquier espacio cerrado de uso público o que esté abierto al público. También en los medios de transporte aéreo, marítimo, autobús y tren, así como en taxis y vehículos de hasta nueve plazas cuando no viaja el mismo núcleo de convivencia. En el caso de los cruceros no será obligatorio el uso de la mascarilla dentro del camarote.

Ahora bien, la ley estipula de nuevo que no se puede exigir la mascarilla a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que puede verse agravada por el uso de esta protección o bien que por discapacidad o dependencia no tengan autonomía para quitársela. Tampoco se exige en el caso del ejercicio de deportes individuales al aire libre, "ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias". Es justo en este último punto donde se da margen a cada comunidad para decidir –tal como hizo Catalunya en verano– qué pasa en espacios como playas y piscinas. Como también dentro de bares y restaurantes mientras no se come. En el caso de Madrid, por ejemplo, es obligatorio llevar la mascarilla mientras no se está consumiendo –puesto que la hostelería no está limitada–, pero en muchos casos no se cumple.

Validez jurídica para las sanciones de 100 euros

A efectos prácticos la ley de nueva normalidad publicada en el BOE no supondrá ningún cambio para los ciudadanos de Catalunya. De hecho, en agosto del año pasado el Govern también resolvió las dudas jurídicas que supusieron de entrada y ya fijó en 100 euros las sanciones por no llevar mascarilla.

La norma se aprobó hace dos semanas en el Senado después de una tramitación plácida también en el Congreso. El texto incluye cambios mínimos respecto al decreto de nueva normalidad del junio pasado. Más allá del endurecimiento del uso de la mascarilla, prevé que las consejerías faciliten toda la información que tengan al ministerio de Sanidad sobre pruebas diagnósticas de detección del coronavirus, y también se habilita a los funcionarios de Inspección de Trabajo y a los de las comunidades autónomas a velar por el cumplimiento de los empresarios en cuanto a las normas de salud pública respecto a sus trabajadores. En el terreno de la investigación, prorroga los contratos temporales que venzan entre el 2 de abril de este 2021 y el 1 de abril del 2023 –que pagará el ministerio de Ciencia– un máximo de cinco meses.