España solo aprueba un 5% de las solicitudes de asilo

BarcelonaEn España se aprobó una de cada veinte solicitudes de asilo el año pasado. Es una de las principales conclusiones del informe anual publicado por la Comisión Catalana del Refugiado (CCAR), que recoge que de las más de 88.000 peticiones de protección internacional que el estado español recibió en 2020, solo se resolvieron favorablemente un 5% del total –es decir, unos 6.000 expedientes–, lejos del 33% de la media de los países de la Unión Europea. A la vez, España autorizó la residencia por razones humanitarias de cerca de 41.000 personas, la mayoría de las cuales procedentes de Venezuela.

En términos generales, el 2020 fue el año con más peticiones resueltas, cerca de 115.000, el doble que en 2019 y casi diez veces más que en 2018. Aún así, todavía se amontonan en la Oficina de Asilo más de 103.000 peticiones pendientes de resolver, y algunos procesos se han retardado debido a las restricciones. "Durante todo el estado de alarma las personas no pudieron solicitar protección internacional o renovar sus documentaciones", ha denunciado durante la presentación de los datos Estela Pareja, directora de la CCAR, cosa que implica, entre otras cosas, "no poder firmar un contrato de trabajo o abrir una cuenta en un banco".

Entre los demandantes de asilo atrapados en las deficiencias del sistema de acogida hay gente que huye de la violencia de las bandas de Honduras o que lo hacen de países como Irán por motivos religiosos. La mayoría de expedientes, sin embargo, son de personas originarias de Colombia, Siria, la República del Congo y el Yemen, ya habituales en el informe que elabora la CCAR cada año. La entidad denuncia, a la vez, que en el caso de las personas procedentes de Siria, Palestina, el Yemen o el Líbano –países con conflictos armados abiertos y tensiones políticas– se exija un visado de tránsito para poder recibir protección internacional.

Catalunya, en segunda posición

La Comunidad de Madrid fue la que registró un número más elevado de solicitudes de protección internacional (34.000), seguida de Catalunya, que recibió cerca de 9.000, casi un 11% de todas las del estado español. La mayoría de estas peticiones se presentaron en Barcelona (83%), donde, considerando la situación en España y Europa, se rompió con la tendencia al alza de los últimos años y el número de demandantes de asilo disminuyó un 27% respecto al año anterior.

En cuanto a menores no acompañados, en 2020 la dirección general de Atención a la Infancia (DGAIA) acogió a más de 800 niños y jóvenes, sobre todo procedentes de Marruecos y de África subsahariana, una cuarentena de los cuales han solicitado protección internacional. Pareja ha alertado de que en los países de origen de muchos de estos menores hay conflictos armados y vulneraciones de derechos fundamentales, y que por eso es probable que haya muchos más casos susceptibles de pedir protección internacional que, por alguna razón, no se tramitan.

Més muertos en el Mediterráneo

El informe también detalla el número de personas que llegaron al Estado atravesando el Mediterráneo: más de 62.000 el año pasado, de las cuales murieron y desaparecieron cerca de 2.000. Según los mismos datos, prácticamente 900 personas de los dos miles que murieron lo hicieron intentando llegar a costas españolas. Pareja ha destacado que las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras de muchos países a raíz del covid-19 provocó que muchas personas hayan optado este último año por "utilizar rutas más peligrosas" y otras muchas directamente "se hayan visto atrapadas en sus países de origen".

El presidente de CARR, Miguel Pajares, que también ha asistido a la presentación, ha destacado que en los últimos años se han doblado el número de demandantes de asilo que buscan protección en el mundo, una cifra que en Europa, por el contrario, se ha reducido. "Es mentira que los refugiados quieran ir a Europa o a otros países ricos, pero la UE mantiene su política de cerrar y externalizar las fronteras", ha denunciado. Pajares ha exigido a las autoridades europeas que "cumplan" los acuerdo de acogida de personas refugiadas y permitan la actividad de los barcos de rescate "parados".