Europa pide a España que cambie el Código Penal sobre las injurias a la Corona

BarcelonaLa comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido por carta a España una reforma de los delitos de injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo, ofensas religiosas, discurso de odio y difamación después de mostrar su preocupación por "las crecientes condenas" a prisión a artistas y activistas de los últimos años. Sin citar explícitamente el caso de Pablo Hasél, Mijatovic expresa su preocupación por las penas de prisión dictadas contra artistas por "letras controvertidas y otras actuaciones". En una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, Mijatovic señala "el impacto negativo" de algunos artículos del Código Penal, que tienen un "efecto disuasorio" sobre la libertad de expresión, un derecho "de importancia crucial para un debate público libre y plural". La comisaria del Consejo de Europa, una institución con sede en Estrasburgo que vela por el estado de derecho y las libertades fundamentales, advierte de que las posibilidades de imponer restricciones a la libertad de expresión "son muy limitadas y tienen que ser proporcionadas".

Enaltecimiento del terrorismo

Un redactado "ambiguo e impreciso" del Código Penal

Según la carta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establece que los grupos religiosos tienen que tolerarse, siempre que no se incite al odio o a la intolerancia religiosa. Ahora bien, Mijatovic dice que el artículo 578 del Código Penal sobre justificación del terrorismo es "problemático" debido a su "ambigüedad y a su redacción imprecisa". Por eso se han generado "interpretaciones divergentes", a veces "contradictorias" con las normas internacionales de libertad de expresión. "Algunes decisiones judiciales en España no han determinado correctamente que el enaltecimiento del terrorismo conlleve realmente un riesgo real, concreto e inminente de peligro", lamenta la comisaria, que también critica que los magistrados españoles interpreten de manera "abstracta" la intención de los acusados, sin tener en cuenta el "contexto" y en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según dice la comisaria, la legislación antiterrorista solo tendría que aplicarse en casos que impliquen "el uso o la amenaza de violencia con la intención de sembrar el miedo y provocar el terror". En este sentido, avisa de que "un mal uso" de las legislaciones en materia de terrorismo pueden generar restricciones "desproporcionadas" de la libertad de expresión, especialmente cuando castigan comentarios que "no hacen apología del terrorismo, sino que incitan otras formas de violencia" o son "políticamente incorrectos", porque, "por muy no consentidas, chocantes o perturbadoras que sean", son declaraciones que están cubiertas por la libertad de expresión.

Insultos a la Corona

Hay que reformarlo en la línea de los estándares europeos

Sobre los insultos a la Corona, dice que la pena de prisión que se prevé en los artículos 490 y 491 del Código Penal "por un delito cometido como parte de un debate político" solo sería compatible con la libertad de expresión si incluyera un mensaje de odio o incitación a la violencia. Así, Mijatovic pide al gobierno español que lo reforme en la línea de los estándares europeos de derechos humanos. En particular, reclama a Sánchez que tenga en cuenta la sentencia del TEDH sobre la quema de fotografías del rey en Girona, que establecía un margen amplio de crítica para los representantes públicos.

Ofensas religiosas

Restringir la sanción a la xenofobia y el antisemitismo

Además de poner énfasis en la reforma de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona, en el centro del debate público en España, desde el Consejo de Europa también ven problemáticos los delitos de discurso de odio, ofensas religiosas y difamación. Por eso, ve "crucial" restringir este delito solo a la "xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia que incitan a la discriminación la hostilidad y la violencia" y despenalizar "las ofensas religiosas", puesto que pueden limitar la libertad de expresión y dificultar "un debate plural" en el Estado. Del mismo modo, exige despenalizar la difamación porque, tal como establece el alto tribunal de Estrasburgo, el solo hecho de que se puedan aplicar sanciones puede perjudicar la libertad de expresión.

Mijatovic ve necesarias todas estas reformas para "reforzar" la libertad de expresión en España y "facilitar" que los tribunales españoles rueguen decisiones en línea con la jurisprudencia de Estrasburgo. "También demostraría el compromiso del gobierno para proteger la libertad de expresión", asegura al final de la misiva. "El TEDH consideró que las críticas políticas a autoridades y personalidades públicas, aunque sean provocadoras y radicales, no se pueden considerar como discurso de odio o incitación a la violencia", recuerda Mijatovic.

El ministro de Justicia promete cambiar la legislación

Se revisarán los delitos que entran "en conflicto con la libertad de expresión"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respondido la carta de Mijatovic con una misiva en la que admite que "la regulación de algunos delitos relacionados con la libertad de expresión sigue planteando problemas, sobre todo por la imprecisión en la definición de la conducta delictiva", y, por lo tanto, expresa la "sintonía" del gobierno español con las preocupaciones de Estrasburgo. De hecho, asegura que en febrero ya anunciaron su intención de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a las instituciones del Estado, "entre otros", sin concretar si también se revisarán los delitos de discurso de odio, ofensas religiosas y difamación, tal como reclama la comisaria.

Campo dice que se está buscando un "equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y estos bienes jurídicos" porque las opiniones "odiosas o despreciables" no pueden ser delitos. Es decir, que se revisarán las sanciones y las penas para evitar "cualquier impacto disuasorio en el ejercicio de la libertado expresión" y a la vez proteger los derechos de los individuos ante las difamaciones. "Le manifiesto mi sintonía y la del gobierno con las preocupaciones que usted muestra en la carta y mi deseo de que podamos sacar adelante una reforma de estos delitos que contribuya a mejorar todavía más el legítimo ejercicio de la libertad de expresión", afirma Campos en la respuesta enviada el 18 de marzo.