Extranjeros extutelados, sin derecho a un abogado de oficio

BarcelonaLa administración deniega el derecho a tener justicia gratuita a los jóvenes extranjeros extutelados por la Generalitat, que llegaron al Estado jugándose la vida, solos y sin referentes familiares y muchos de los cuales, debido a problemas burocráticos o a la falta de un pasaporte, cuando cumplen la mayoría de edad quedan a la intemperie legal. A pesar de que tienen derecho a ello, muchos se quedan sin permiso de residencia o, cuando a los 21 años lo tienen que renovar, se encuentran con que les piden disponer de unos ingresos de 2.000 euros, una cantidad que en la práctica es un portazo para iniciar una vida. Muchas entidades que los atienden e incluso la dirección general de Atención a la Infancia (DGAIA) constatan que esto a menudo los empuja a la delincuencia para sobrevivir.

A muchos de estos jóvenes solo les queda reclamar por la vía judicial. Y aquí empieza otro vía crucis, porque, sin dinero y a menudo malviviendo en la calle o en casas ocupadas, no pueden pagarse la asistencia de un abogado que defienda sus intereses, pero tampoco pueden pedir un letrado de oficio. Para acceder a la justicia gratuita, la Oficina de Extranjería de Barcelona les requiere la documentación que acredite que están por debajo de los ingresos mínimos, pero el problema es que estos chicos, sin papeles, tampoco tienen autorización legal para trabajar y, por lo tanto, ni tienen sueldo ni declaración de renta o de la Seguridad Social, denuncia Albert Parés, abogado de la ONG Noves Vies, que hace años que trabaja con este colectivo. Además, no se les tiene en cuenta que, a pesar de que no tienen un sueldo, pueden tener cubiertas las necesidades básicas de comida o vivienda gracias a los programas subvencionados por la Generalitat a entidades que los apoyan en el paso del centro de menores a la vida adulta o la prestación de 664 que reciben todos los extutelados –también los de pasaporte español– vinculados a programas de formación.

Parés explica que, para evitar dejarlos desamparados jurídicamente, renuncia a sus honorarios como letrado, pero, como en la delegación de extranjería de Barcelona sistemáticamente rechazan las peticiones de los jóvenes, son condenados a pagar los gastos del proceso. "Son 200 euros, pero no los tienen", subraya el abogado, y señala que si se hace el recurso entonces todavía se tiene que añadir a la factura jurídica la minuta del procurador. "Se les está denegando el derecho a la justicia gratuita, sin posibilidad de rehacer la vida", se queja el letrado.

Recientemente la DGAIA estimaba que hay unos 6.000 jóvenes tutelados o extutelados de menos de 21 años que se encuentran con una situación especialmente vulnerable, sobre todo a raíz de la sentencia del año pasado en la que el Tribunal Supremo establecía unos ingresos mínimos de 2.000 euros para solicitar la residencia. Para Parés, la única "solución" es que se apruebe lo antes posible el nuevo reglamento de extranjería que hace dos meses presentó el ministerio de Inclusión Social y Migraciones y que, en principio, dará permiso de trabajo a estos chicos cuando cumplan 18 años, la gran reclamación del colectivo y de las entidades. Se anunció que la medida tendría carácter retroactivo, así que lo que deniegan los tribunales podría quedar resuelto por la ley a favor de estos jóvenes.