La Fiscalía investiga las devoluciones en caliente de menores en Ceuta
El ministerio público pide identificar a los soldados que expulsaron ilegalmente a un chico de 16 años que había llegado con un flotador hecho de botellas
BarcelonaA pesar de que el gobierno español había insistido en que no había ningún menor de edad entre los migrantes devueltos de manera exprés en la frontera de Marruecos con Ceuta, la Fiscalía ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de la Fundació Arrels por el caso de un chico de 16 años que llegó nadando –ayudado por un flotador hecho de botellas– hasta la playa de la ciudad autónoma y poco después la policía lo acompañó hasta la frontera para expulsarlo. La ley española y el derecho internacional prohíben las expulsiones de menores de edad porque forman parte de un colectivo con una protección especial que no puede quedar sin tutela y, por eso, cuando llegan a un país son las administraciones públicas las que se hacen cargo de ellos mientras no se localiza a su familia. A pesar de que las diligencias se abren a raíz de un caso concreto, el ministerio público ha matizado que si se pueden documentar otras expulsiones también se investigarán.
La historia de Aschraf, de 16 años, es la de los más de 1.500 menores de edad que en solo 48 horas –la Fiscalía habla de 800– consiguieron entrar en Ceuta, la mayoría nadando. Un periodista captó en un video a este chico intentando mantenerse a flote con un rudimentario flotador hecho con trozos de botellas de plástico alrededor del cuerpo, pero evitaba tocar tierra porque creía que los soldados les pegarían.
En las imágenes, que se han aportado a la causa, aparece llorando y pidiendo comprensión a los militares españoles que custodiaban la playa para evitar entradas irregulares. "Intenten entendernos, por favor", les implora. Una vez en la arena, Aschraf intenta marcharse corriendo, pero dos soldados lo cogen y, después de consolarlo, lo acompañan hasta la frontera. Era la tercera vez que el joven intentaba acceder en territorio español en un día, según publicó El País, que lo localizó en Marruecos.
La directora de la Fundació Arrels, Lourdes Reyzábal, ha celebrado la decisión de la Fiscalía de investigar el caso del joven, pero ha advertido de que la prisa de las autoridades españolas para expulsar a las más de 8.000 personas que llegaron esos dos días hizo imposible que se tuviera cuidado de los menores y de los solicitantes de asilo, que también cuentan con una legislación específica que les da protección. A pesar de que un convenio de 1992 entre Marruecos y España permite las devoluciones en caliente, la ley y sentencias de tribunales españoles y europeos subrayan que los retronos tienen que hacerse con plenas garantías judiciales y después de una entrevista individualizada con cada uno de los afectados que permita conocer el detalle de su situación personal. En el caso de los menores de edad, además, no entran en estos supuestos y el gobierno español tiene la obligación de atender a los que encuentra sin referentes adultos.
Según ha avanzado el Diario Sur, la Fiscalía ha pedido a la Comandancia General de Ceuta que identifique a los soldados que estaban en la playa, así como a sus superiores, para determinar quién dio la orden de expulsar a menores, y ha solicitado, además, cuáles son las instrucciones que se dieron para las devoluciones en caliente.
Ya en 2015 la ONU recriminó al gobierno español la expulsión de menores de edad. En esa ocasión, se trataba de D.D., que tenía 14 años y consiguió saltar la valla de Melilla pero que, una vez la Guardia Civil lo detuvo, lo esposó y lo expulsó automáticamente entregándolo a las fuerzas de seguridad, sin haber cumplido los trámites pertinentes que recoge el derecho internacional.
