La Generalitat propone que los servicios sociales puedan parar temporalmente un desahucio si se acredita vulnerabilidad

BarcelonaLa Generalitat quiere que los desahucios se puedan parar de manera temporal si los servicios sociales acreditan una situación de vulnerabilidad de los afectados. Así consta en el nuevo borrador del protocolo de desahucios en el que trabaja el Govern y que tiene que sustituir al que está vigente desde 2013, tal como ha avanzado este martes El Periódico y ha podido confirmar el ARA. Se trata de una actualización del protocolo que hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había querido aplazar, porque consideraba que actualmente las medidas extraordinarias que se han tomado en el ámbito de los desahucios a raíz de la crisis sanitaria ya han retocado muchas de estas normas.

Fuentes de Justicia confirman a este diario, sin embargo, que ahora el nuevo documento ya se ha enviado al colegio de procuradores y de abogados y a otros estamentos judiciales y entes locales, y está abierto al debate. Incluso se ha creado un grupo de trabajo específico dentro de la comisión mixta entre el Govern y el TSJC para retomar las negociaciones. El nuevo redactado del Govern quiere fijar como definitivas muchas de las medidas de emergencia que se han tomado durante la pandemia. "El grupo de trabajo también quiere evaluar cuántos desahucios hay ahora mismo retenidos por la moratoria estatal y así tener más capacidad de reacción cuando la moratoria se acabe", aseguran fuentes del gobierno.

Avanzar la detección

Así, el objetivo del nuevo protocolo es que la detección de las vulnerabilidades "se pueda activar de la manera más sistemática, automatizada y anticipada posible" y sean el eje sobre el que gire la actuación judicial, remarcan las mismas fuentes. Por eso, el texto quiere establecer como definitivo que los jueces informen a los servicios sociales si detectan un posible riesgo de exclusión social y así la administración pueda redactar, si lo considera oportuno, un informe de vulnerabilidades que pare temporalmente el desalojo, al menos hasta que se pueda garantizar una alternativa habitacional.

El nuevo texto también plantea la creación de un registro electrónico que facilite la gestión entre todas las partes y más previsión para poder planificar, si procede, el acompañamiento policial a la comitiva. También plantea la creación de una unidad específica en materia de conflictos de vivienda dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. El texto también propone un órgano mixto de vigilancia y control que vele por el cumplimiento del nuevo protocolo.