Un juez encarga a los Mossos investigar si el Govern prevaricó con las vacunas de la policía

BarcelonaUn juez de Barcelona ha encargado a los Mossos d'Esquadra que investiguen si la Generalitat prevaricó al no vacunar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya con el mismo porcentaje que la policía autonómica hasta que en abril pasado se lo ordenó la justicia. Así lo ha acordado el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona en un auto, avanzada por El Mundo y al que ha tenido acceso la agencia Efe, en el que acuerda incoar diligencias previas a raíz de la denuncia contra la Generalitat interpuesta por el sindicato de la Policía Nacional Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil por los delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores.

Además de encargar la investigación a los Mossos, el juez también ha decidido remitir la denuncia de Jupol y Jucil a la Fiscalía para que solicite las diligencias que estime oportunas para determinar si la Generalitat incurrió en algún delito en el proceso de vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó el 27 de abril pasado a la Generalitat que "sin ninguna excusa" garantizara "inmediatamente y sin dilaciones" la vacunación a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Catalunya para que en diez días consiguiera la misma proporción que en los Mossos, como finalmente acabó pasando.

El Govern vacunó a los agentes de estos cuerpos en mayo, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) diera a la Generalitat un plazo de diez días para garantizar la misma proporción de dosis que se habían puesto a los Mossos d'Esquadra. La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC urgió a la Generalitat a estimar la medida cautelar solicitada por Jupol y Jucil para que la conselleria de Salud, entonces liderada por la republicana Alba Vergés, empezara a vacunar contra el covid de manera inmediata y generalizada a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya. El alto tribunal catalán apreció entonces una "apariencia de discriminación" en perjuicio de los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el proceso de vacunación contra el coronavirus en Catalunya.

Para el TSJC, eran "elocuentes" los datos aportados por la Generalitat en este proceso, en el que la conselleria de Salud detalló que el 22 de abril estaban vacunados en Catalunya el 80,3% de los efectivos de los Mossos d'Esquadra, el 79,1% de la Guardia Urbana de Barcelona, el 71,2% de las policías locales, el 9,9% de la Policía Nacional y el 6,3% de la Guardia Civil. La Generalitat acató la orden del TSJC y el 8 de mayo ya había vacunado a más de 3.700 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya, cosa que equiparaba su situación a la de los Mossos d'Esquadra. 

En su día, el departamento de Salud explicó que la vacunación de la Policía Nacional y la Guardia Civil tardó en arrancar por problemas en la entrega del censo por parte de los propios cuerpos. Además, fuentes de Salud argumentaron que se pusieron trabas a la vacunación en puntos AstraZeneca, donde se administraban las dosis a todos los colectivos esenciales, y que desde estos dos cuerpos de seguridad habían reivindicado una vacunación "a la carta", con espacios de administración en los propios cuarteles y comisarías, en función de los turnos de trabajo. Finalmente, cuando se pusieron de acuerdo con puntos de vacunación móviles, según Salud, se tuvo que parar la inoculación por la suspensión cautelar del uso de la vacuna de AstraZeneca. En la reanudación de esta vacuna, tanto agentes de la Policía Nacional como de la Guardia Civil quedaron afectados por la limitación de edad fijada por el ministerio de Sanidad, que la vetó a los menores de 60 años de todos los colectivos esenciales, sin excepciones.