La justicia determina que España vulneró los derechos de los menores repatriados a Marruecos el verano pasado

BarcelonaCon el recuerdo todavía caliente de la tragedia de Melilla, con una veintena de muertos en el intento de saltar la valla, la justicia ha vuelto a estirar las orejas hoy a España por la repatriación de 20 menores desde Ceuta hacia a Marruecos el agosto del año pasado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado que el Estado vulneró los derechos de estos menores y ha desestimado uno de los dos recursos de apelación interpuestos por la Delegación del Gobierno español en Ceuta y por el Gobierno de la ciudad autónoma ante dos sentencias dictadas en febrero por el enjuiciado contencioso administrativo número 1 de Ceuta.

Las sentencias recogían conclusiones contundentes, como esta: "Todas las carencias a las cuales se ha hecho referencia [en la sentencia] conducen a estimar que nos encontramos ante una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores en la medida en la que no consta que nadie se hiciera cargo una vez repatriados a su país de origen, lo que determinaría que los jóvenes se encontraban en una situación de abandono o desamparados". Y ordenaba el regreso a España de los jóvenes expulsados. Ahora lo que se resuelve es el recurso de apelación planteado ante la sentencia dictada en el recurso para la protección de derechos fundamentales interpuesto por la Coordinadora de Barrios en representación de ocho menores que llegaron solos a España y se vieron afectados por las repatriaciones sin garantías iniciadas entre los días 13 y 15 de agosto.

Aun así, todavía está pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto por las dos mismas administraciones ante la sentencia dictada en el recurso para la protección de derechos fundamentales en el que la Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces representaron a 12 niños más en circunstancias parecidas. Estos 20 menores entraron en Ceuta sin la protección de ningún adulto cruzando la frontera del Tarajal abierta por Marruecos en mayo de 2021. Los jóvenes formaban parte de los miles de adolescentes que a mediados de mayo del año pasado entraron en Ceuta, 800 de los cuales se quedaron en la ciudad autónoma y posteriormente fueron expulsados.

Las dos entidades que presentaron los recursos defendiendo a los menores remarcan en un comunicado que ahora la justicia vuelve a avalar las tesis de los demandantes y del ministerio fiscal, que recoge que hubo una "situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física y moral" de los niños y que la Delegación del Gobierno español en Ceuta no individualizó los expedientes de regreso para cada afectado y omitió los trámites necesarios. "La sentencia recuerda a las autoridades que no puede haber recortes en los derechos de la infancia. Ahora queda restaurar el daño causado a los niños afectados, reconstruir su confianza y asegurar que una cosa así no vuelva a pasar", defiende Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que el operativo tenía como máxima prioridad "el interés superior del menor y la integridad moral", y lo calificó de "retorno asistido" y no de expulsión.