Tribunales

El nuevo juzgado de violencia contra la infancia de Barcelona recibe 300 casos en solo tres meses

Los maltratos, las agresiones sexuales y el impago de pensiones están entre los delitos que más ha asumido

El tribunal de violencia contra la infancia y la adolescencia funciona en Barcelona desde el inicio de 2026 y se hace cargo de los casos en los que la víctima es menor de edad
02/04/2026
3 min

BarcelonaEl nuevo juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona ha recibido unos 300 casos en su primer trimestre de vida. Este juzgado funciona desde el 1 de enero en la capital catalana y entre los delitos que más ha asumido se encuentran los relacionados con el maltrato infantil y las agresiones sexuales a menores, según han explicado fuentes judiciales a el ARA. De hecho, es el responsable de la investigación del caso del bebé que continúa hospitalizado por maltratos y agresión sexual presuntamente por parte de sus padres.

Entre los delitos que más han llegado a este juzgado también se encuentran la pornografía infantil y el de descubrimiento de secretos, principalmente para captar imágenes de menores en vestuarios o lavabos públicos como ocurrió hace unas semanas en un centro de atención primaria (CAP) del Eixample. Otro delito que está centrando la agenda de este nuevo órgano es el de impagos de pensiones alimentarias en parejas separadas con hijos, que suponen aproximadamente el 20% de los casos que se han acumulado desde principios de año según fuentes judiciales.

Esta nueva especialidad judicial centrada en la violencia contra los menores no existía antes de la reforma de la ley de eficiencia, y se puso a prueba por primera vez en Gran Canaria. Finalmente, se ha implantado solo en tres ciudades en todo el Estado: Barcelona, Madrid y Málaga, con una plaza cada una. En la capital catalana la ocupa el magistrado Guillermo Benlloch, y se hace cargo de todos los casos en que las víctimas son menores de edad. Fuentes judiciales ponen en duda que un solo juez en Barcelona sea suficiente para el volumen de casos que hay en el ámbito de violencia contra la infancia, y señalan las dificultades para asumir el trabajo ordinario más allá de la urgencia.

Potenciar el juicio rápido

Para agilizar los casos, una de las cosas que han puesto en práctica en este nuevo juzgado es tramitar por la vía del juicio rápido impagos de pensiones, que son aproximadamente una quinta parte de los casos que Benlloch tiene sobre la mesa y que la jurisprudencia del Supremo considera violencia económica que perjudica tanto a los niños como al progenitor que no recibe la pensión, prácticamente siempre mujeres. Cuando es así, implica un delito de violencia machista que se puede tramitar como juicio rápido. De hecho, desde que se creó la especialidad judicial de violencia contra la infancia, ha habido diferentes dudas sobre competencias que podrían solaparse entre estos tribunales y los de violencia sobre la mujer.

Hasta ahora solo en Gran Canaria se había intentado tratar este delito por esta vía, aprovechando que la investigación de este delito es tan sencilla como comprobar la situación patrimonial del denunciado y verificar si ha hecho o no los pagos que harían falta. La penalista Noemí Martí explica que, en el procedimiento de juicio rápido, toda la instrucción del caso se hace en un solo día, durante el mismo turno de guardia en el que el juzgado ha recibido la denuncia. Si el infractor confiesa y cierra un pacto con la acusación, la ley prevé que tenga una reducción de un tercio de la condena, y el juzgado dictará la sentencia ese mismo día. Si no hay acuerdo, el juicio se programará para las semanas siguientes y, en el caso de impagos de pensiones, el acusado se expondrá a hasta un año de prisión.

En Barcelona, la primera valoración de este método es positiva. "Si conseguimos tramitar por juicio rápido los impagos, se acortan mucho los trámites judiciales. Beneficia al acusado porque puede optar a la reducción del tercio de condena si confiesa, y a la mujer porque se acortan tiempos", valora Martí. De hecho, fuentes judiciales aseguran que muchos infractores optan por confesar y aprovechar la reducción de pena ante la posibilidad de ir a juicio. En otros casos, apuntan las mismas fuentes, el solo hecho de verse con un juicio pendiente o con una acusación contra ellos hace que muchos hombres vuelvan a pagar las pensiones incluso antes de la vista.

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