¿Quién debe investigar las violaciones de niñas que denuncian de adultas? Jueces y Fiscalía se pasan la pelota

BarcelonaDurante el último año ha llegado a los juzgados una nueva especialización, centrada en investigar los delitos en los que las víctimas son niños o adolescentes. Esto ha planteado varias dudas sobre los límites de sus competencias, y todavía es motivo de discrepancia entre la judicatura y la Fiscalía. La ley que diseñó esta especialidad no concretaba, por ejemplo, si las agresiones sexuales a niñas deben recaer en estos nuevos tribunales o bien en los de violencia sobre la mujer, a los que la misma reforma judicial adjudicaba la competencia sobre todos los delitos sexuales. La reforma tampoco estipulaba quién debe hacerse cargo de las agresiones sexuales a niñas que se denuncian años después, cuando las víctimas son ya adultas, como plantea ahora una magistrada de Barcelona en un auto al que ha tenido acceso el ARA.

Entre la judicatura y la Fiscalía hubo voces que se posicionaron de distinta manera en este debate. Por una parte, algunos planteaban que la violencia sexual contra las niñas debían investigarla los mismos juzgados que se hacen cargo de las agresiones sexuales a adultas. En lo que va de año, ya raíz de esta misma reforma, los juzgados de violencia sobre la mujer tienen competencias sobre toda la violencia sexual y no sólo sobre la violencia dentro de la pareja, como hasta entonces.

En cambio, otros juristas alertaban de que esto comportaría que las agresiones sexuales a menores deberían derivarse a distintos juzgados en función de si la víctima era un niño o una niña: ellos irían a los tribunales de infancia y ellas a los de violencia sobre la mujer. Otro argumento a favor de dejar todos los casos en manos de los nuevos tribunales de violencia contra la infancia es su especialización y el hecho de que utilizan recursos como los Barnahus, donde se puede tomar declaración a los menores a través de psicólogos y educadores y en un entorno menos hostil para el niño que una sala de vistas.

Supremo y Fiscalía, divididos

A principios de año el Tribunal Supremo aclaró en una sentencia que las agresiones sexuales a menores son competencia de los nuevos tribunales de violencia contra la infancia –por el momento sólo se han creado en Barcelona, ​​Madrid y Málaga–, y que donde no exista esta especialidad se ocuparán los juzgados de instrucción. Es lo que hace la Fiscalía de Barcelona, ​​que ha puesto en marcha un servicio pionero especializado en infancia y víctimas vulnerables, pero ahora ha topado con una orden contraria de la Fiscalía General del Estado. La fiscal general, Teresa Peramato, ha criticado públicamente la posición del Supremo por considerar que no tiene en cuenta la perspectiva de género, y ha ordenado a todos los fiscales que las agresiones sexuales a niñas se deriven en los juzgados de violencia contra la mujer.

La fiscal jefe de Barcelona, ​​Neus Pujal, admitió que la orden de Peramato les había sorprendido, pero dijo confiar en la posibilidad de que hubiera una excepción en las tres ciudades del Estado que sí tienen tribunal especializado en infancia. Por ahora, esto está ocurriendo en Barcelona –estos casos quedan en manos de los fiscales de infancia y adolescencia–, pero sus escritos necesitan siempre el visto bueno de la fiscal delegada de violencia sobre la mujer.

Casos antiguos

Con este debate todavía encendido, ahora en los juzgados de Barcelona emerge otro desacuerdo a raíz de la falta de concreción sobre las competencias de estos tribunales. ¿Qué juzgados deben hacerse cargo de las agresiones sexuales a niñas que denuncian años después, cuando ya son adultas?

Cuando la juez de violencia sobre la mujer 2 de Barcelona, ​​Cristina Serrano, recibió un caso así consideró que no era competencia suya y le envió al nuevo juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia, que se lo devolvió porque creía que era ella quien debía ocuparse porque la denunciante ya es . Ahora Serrano ha elevado a la Audiencia de Barcelona la duda para que resuelva quien debe ocuparse. La Audiencia es quien ahora tiene la pelota en su tejado.

Fuentes judiciales dicen que es habitual que cuando hay una reforma del sistema judicial o cuando una ley nueva entra en funcionamiento hagan falta este tipo de aclaraciones. El objetivo es que un ente superior –la Audiencia para la demarcación, y finalmente el Supremo para todo el Estado– unifique el criterio que siguen los jueces para evitar contradicciones.