La vía de la expulsión para combatir la reincidencia no ha servido hasta ahora

BarcelonaMartes un operativo conjunto de los Mossos y la Policía Nacional identificó en dos horas a 70 presuntos carteristas en el metro de Barcelona. Uno de ellos terminó arrestado porque tenía una orden policial de detención como miembro de una red de carteristas del metro desarticulada recientemente. La policía española detuvo a 22 personas más por incumplir la ley de extranjería. Finalmente el juez ha ordenado el ingreso en el CIE de 11 de ellos, de los que habrá que ver cuántos acaban definitivamente expulsados. Un balance similar han tenido las otras macrorredadas en las que han sumado esfuerzos la policía catalana y la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional: los dos operativos contra el grupo de ladrones georgianos que se escondía en el instituto de Barcelona donde se rodó la serie Merlí de TV3 se cerraron con 87 detenidos, 61 de los cuales porque no tenían papeles. Según fuentes policiales consultadas por el ARA, sólo 20 han acabado expulsados. En el caso de las personas identificadas en la macrorredada contra los lateros de la droga del Raval de junio, no hay constancia aún de ninguna expulsión efectiva.

La apuesta policial por vías alternativas como la ley de extranjería para luchar contra la multirreincidencia o la demanda de la conselleria de Interior para dotar a los jueces de más herramientas para acordar prisiones preventivas ha despertado voces contrarias en las últimas horas. Desde el peligro de que se acabe criminalizando el conjunto de ciudadanos extranjeros a la duda sobre la efectividad de este tipo de operativos. El abordaje de la delincuencia reincidente por parte del departamento de Interior (PDECat) también contrasta con las políticas que apuestan por la reinserción que hasta ahora ha llevado a cabo la conselleria de Justicia (ERC). Otras entidades, como el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia, recordaron que en 2015 el Parlament aprobó un texto pidiendo el cierre del CIE de Barcelona. "No podemos pasar del #CiesNo al Parlamento en 2015 a esta situación en 2019", tuiteaba la entidad en referencia al operativo del metro.

Tanto Mossos como Policía Nacional insistieron el martes que el objetivo eran los delincuentes reincidentes y no identificar personas por su situación legal en Cataluña.

Efectividad

El decano del Colegio de Criminólogos y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Daniel Limones, considera que este tipo de operaciones "mejoran la percepción de seguridad" entre la ciudadanía, aunque duda de su "efectividad". El criminólogo también apunta que a pesar del incremento de robos con violencia o homicidios de este verano, Cataluña continúa con un registro de hechos delictivos muy por debajo de la media europea, como ya avanzaba el ARA, y considera que hay que esperar a evaluar el balance cuando se cierre el año.

En el caso de los hurtos del metro, se trata de delitos leves que desde hace dos años el Tribunal Supremo consideró que tenían que castigarse con multa y no con cárcel. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha pedido modificar el Código Penal para dar más herramientas a los jueces para castigar la reincidencia con prisión preventiva y órdenes de alejamiento. Ayer, el juez Francisco González Maillo, delegado de los juzgados de instrucción de Barcelona -los que se encargan de investigar los casos penales-, recordaba que los ladrones que actúan con violencia o intimidación "van preventivamente en prisión" en la mayoría de los casos. En una entrevista a la agencia Europa Press explicaba que para que se aplique esta medida es necesario que se cumplan una serie de requisitos, tales como que haya suficientes pruebas contra esa persona o que se puedan demostrar los hechos que se llevan a los juzgados.

En el caso de los hurtos, Maillo también apuntaba que para entrar en prisión hay que acreditar que esa persona ya haya sido condenada anteriormente por un delito similar. En las últimas tres macrorredadas contra la delincuencia reincidente en Barcelona, se ha acordado el ingreso preventivo en prisión de 27 de los detenidos: 14 de los arrestados en las dos operaciones contra los ladrones de origen georgiano y 13 de los detenidos en el dispositivo contra los lateros de la droga en el Raval.

Limones pone en duda que la lucha contra la reincidencia pase exclusivamente por la ley de extranjería o por la prisión preventiva. Para el criminólogo hay otras vías a explorar, como las medidas penales alternativas y los trabajos para la comunidad. "Hay que intentar que la persona se inserte en la comunidad". El criminólogo y profesor colaborador de la UOC también considera que hay que hacer un "análisis calmado" del problema y que los actores sociales y profesionales puedan participar en la "decisión de políticas de seguridad".

Diferentes políticas en el Gobierno

De hecho, la demanda de medidas judiciales contundentes como la prisión preventiva que ha hecho la conselleria de Interior contrasta con la apuesta por las políticas de reinserción que desde hace años impulsa la conselleria de Justicia. Fuentes del departamento consultadas por el ARA evitan pronunciarse sobre este hecho aunque apuntan que el debate sobre la reforma del Código Penal "merece una reflexión profunda y no se puede hacer en caliente".

Cuatro operativos y un CIE ineficiente

• Unos sesenta de los detenidos en los dos operativos incumplían la ley de extranjería. Veinte han sido expulsados. El juez envió a prisión 14 personas más.
• La macrorredada de junio contra la venta ambulante de droga en el Raval terminó con 105 identificados y 54 arrestados. No hay constancia de ninguna expulsión.
• De los 70 identificados en la redada en el metro del martes, 23 terminaron arrestados, todos menos uno por incumplir la ley de extranjería. Once han ingresado en el CIE.
• La mayoría de internos en el CIE no han delinquido. En 2018 la Fiscalía sólo pidió expulsar 149 internos que habían cometido un delito menor.