Llop avisa al Govern de que la sentencia del 25% en castellano en la escuela "se tiene que cumplir"
La ministra de Justicia evita concretar si el Estado exigirá por la vía judicial que se aplique
BarcelonaEl pasado viernes se puso en marcha el cronómetro. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) notificó a la Generalitat la sentencia –ahora ya firme– que obliga a hacer un 25% de clases en castellano en las escuelas, una estocada a la inmersión lingüística. El tribunal dio dos meses al Govern para aplicar el mandato o pedir aclaraciones. Si la Generalitat no mueve ficha, el gobierno español o una entidad que demuestre interés en la cuestión puede pedir al tribunal que lo obligue a modificar la política lingüística educativa. En su momento, el president Pere Aragonès y el conseller Josep Gonzàlez-Cambray aseguraron que tenían el compromiso de que el ejecutivo del PSOE y Podemos no lo haría. Pero este lunes la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recordado que "en un estado de derecho se tiene que respetar la ley" y que "las sentencias se tienen que cumplir".
La ministra de Justicia –que se ha reunido con la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, y que previamente también había tenido un encuentro con el presidente del alto tribunal, Jesús María Barrientos– no ha querido aclarar si la Abogacía del Estado haría uso de la potestad que tiene para pedir el cumplimiento de la sentencia. La ministra ha dejado claro que, ahora mismo, la pelota está en el tejado del Govern, que es quien ha recibido la notificación del TSJC para dar cumplimiento a la sentencia y ha evitado "aventurar" futuros escenarios. Llop ha asegurado que desconoce cuál es la postura "oficial y extraoficial" tanto de la Generalitat como del propio gobierno español en esta cuestión y ha recordado que en todo caso tendría que ser la Abogacía del Estado quien diera el paso en nombre del ejecutivo español.
Aún así, Llop ha subrayado que todas las administraciones están obligadas a dar cumplimiento a las sentencias. "Estamos en un estado de derecho, y en un estado de derecho se respetan la ley y las sentencias, y las sentencias se tienen que cumplir", ha insistido Llop. Desde el momento en que el Govern supo que el Tribunal Supremo rechazaba sus alegaciones contra la sentencia, la Generalitat dejó claro que blindaría las escuelas y que no pensaba aplicar ningún cambio en las políticas de inmersión lingüística. "Esto nunca ha ido de porcentajes, sino de competencias; no tiene ningún tipo de sentido que se busquen porcentajes en un tema en el que ya se aplica. Todos los alumnos que pasan por el sistema educativo catalán tienen competencias en las dos lenguas", ha repetido hoy Ciuró junto a la ministra.
La sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano deriva de una demanda que presentó el gobierno español en tiempo del PP, cuando estaba vigente la polémica ley Wert. En este sentido, la ministra de Justicia se ha encargado de subrayar que el marco normativo ha cambiado, puesto que la ley del ministro de Educación popular ha quedado superada por la ley Celaá. Otra cosa es si este nuevo marco legal blinda la inmersión lingüística. En todo caso, Llop ha querido destacar el compromiso del gobierno español "con todas las lenguas oficiales". "Tenemos una ley educativa que busca que todos los alumnos adquieran competencias educativas en todos los idiomas. Esto es lo que entiende el gobierno que tiene que pasar, en el mismo nivel todas", ha subrayado la ministra.
Llop ha asegurado que el gobierno de Pedro Sánchez es "muy sensible" a la cuestión lingüística y ha recordado que si alguien detecta que "es necesario cambiar" o "adecuar" las leyes en este sentido, estas se pueden modificar, pero ha insistido en la necesidad de que las sentencias "se cumplan". La ministra también ha subrayado que las lenguas "no pueden entenderse como un elemento para enfrentar".
El encuentro entre las dos titulares de la cartera de Justicia también ha servido para abordar otras cuestiones como por ejemplo el bajo uso del catalán en la administración de la Justicia –las sentencias en catalán suponen un 7% del total–, la reforma de los delitos de rebelión y sedición, las reclamaciones del Govern en el ámbito de la financiación o la creación de un Consejo de Justicia de Catalunya, a pesar de que no se han anunciado novedades en ninguna de estas cuestiones.
