El matrimonio Colau-Collboni entra en el tramo espinoso del mandato

BarcelonaDos presupuestos aprobados por la vía del pacto de dos posibles. Ninguna reprobación en los hombros. Ruedas de prensa conjuntas con grupos de la oposición para anunciar grandes proyectos encallados, como el enlace de los tranvías. Si una cosa ha conseguido Ada Colau en su segundo mandato en Barcelona es, más allá de polémicas como la del urbanismo táctico, pasar página a la crispación que marcó el ascenso de los comuns en 2015: la alcaldesa acumuló en el mandato pasado hasta ocho reprobaciones, no pudo pactar ningún presupuesto y se llevó sonadas bofetadas en los plenos en proyectos como el mismo tranvía o la quiebra multiconsulta. El Procés tensionaba entonces el debate político día sí día también, y la inseguridad, con la crisis de los narcopisos, se erigía como el gran dolor de cabeza de la ciudad –y parece que se mantiene arriba de todo del ranking, según lo que recogen las encuestas.

Ahora, con un gobierno de coalición con el PSC forjado desde la investidura como parte de la maniobra para arrebatar la alcaldía a ERC, suma 18 regidores de 41 y ha encontrado el apoyo de los republicanos para aprobar presupuestos y proyectos estratégicos como el nuevo 22@. Todo, eso sí, teñido por el velo de la pandemia, y la crisis social, que ha obligado a rehacer presupuestos y diseñar planes de reactivación.

Sin embargo, parece ser que esto puede ponerse más hostil: el mandato ensarta ahora la mitad convulsa, la que ya tiene en un horizonte de dos años unas nuevas elecciones, y con los alcaldables a punto para reivindicarse como alternativa. Y esto se puede notar tanto internamente –con unas discrepancias entre socios de gobierno (BComú y PSC) que se han hecho más notorias en temas como la ampliación del aeropuerto– como externamente con los posibles socios. ERC ya ha empezado a levantar el tono a la hora de pedir concreciones en el presupuesto acordado para este año – con cifra récord de más de 3.200 millones de euros–. Exige, por ejemplo, que se gasten los 30 millones destinados a comprar edificios singulares. “No están sacando fruto de la potencia que les hemos proporcionado”, recela la cabeza de filas republicano, Ernest Maragall, que vaticina un nuevo periodo de más exigencia y contraste.

Tensiones internas

De puertas hacia dentro, las discrepancias entre socialistas y comuns, que de entrada se habían ceñido –cuanto menos, públicamente– a temas políticos como la situación de presos y exiliados, se han hecho más evidentes en las últimas semanas: con los socialistas pidiendo no descartar la ampliación del aeropuerto que proyecta Aena, reclamando la llegada de cruceros como “oxígeno” o compareciendo con el grupo de Manuel Valls para presentar una nueva mesa de grandes empresas. Los portavoces de las dos fuerzas, sin embargo, niegan que las tensiones tengan que estallar en el tramo final del mandato y aseguran que la coalición es estable y obtiene buenos resultados y que no hay nada que haga prever una ruptura apresurada como la del pasado mandato.

El gobierno llega al ecuador del mandato con la posibilidad de exhibir triumfos: de hacerse fotos colocando primeras piedras de nuevas promociones de vivienda –y sacar pecho de los más de 2.300 pisos público en construcción–, de hacer lucir el acuerdo con el Govern para enlazar los tranvías, de haber recuperado para la ciudad el Port Olímpic –también ha visto, por el contrario, como el Estado se subastaba los locales del frente marítimo– y de estar a punto de estrenar el túnel de Les Glòries. A la vez, sin embargo, es esclavo todavía de las grandes promesas incumplidas de la primera etapa de Colau, como la de cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o generar 8.000 pisos en un mandato, o la funeraria pública, que continúa en el limbo. Y con una ofensiva judicial que coarta proyectos como el anunciado dentista municipal y obliga a rehacer el plan hotelero, además de poner el foco sobre las subvenciones a entidades afines. 

Medidas contra el tránsito

Este mandato es el del debut de la zona de bajas emisiones (ZBE), las pacificaciones con urbanismo táctico, la extensión del área verde de aparcamiento en los barrios periféricos y el programa para proteger entornos escolares del tránsito. Es también el mandato de la extensión del sistema puerta a puerta de recogida de basura, que se probó en Sarrià, y ahora llega a Sant Andreu. Y el del impulso a las nuevas promociones de pisos en el barrio de la Marina del Prat Vermell.

“Estamos materializando las expectativas”, defiende el regidor de Presidencia, Jordi Martí (BComú), convencido que cuando se plantea una “gran transformación” el primer mandato es el de las explicaciones y el trabajo que no se ve, y el segundo el que empieza a evidenciar cambios. Unos cambios que se plantean como una carrera de fondo, dice, a 12 años – “ahora estaríamos a la mitad del ciclo”, defiende– para “cambiar el ADN de la ciudad”, y que asegura que ya se empiezan a intuir en medidas como la prometida pacificación del Eixample o la multiplicación de los carriles bici, que se han doblado en cuatro años, con alguno de estratégico como el de la calle Aragó. El Ayuntamiento ha consolidado el Pla de Barris, con una segunda edición de 150 millones de euros y la propuesta de escalarlo al ámbito metropolitano. 

La cabeza de filas socialista, Jaume Collboni, a su vez, pone en valor la estabilidad del gobierno y el hecho que tenga “proyectos a medio y a largo plazo”. Considera que, a pesar de la pandemia, se ha dado un salto en tres áreas clave: en vivienda –volviendo al ritmo de construir mil pisos públicos al año–, en ocupación y también en seguridad.

El examen de la oposición

Los grupos de la oposición acusan al gobierno “de no escuchar ni dialogar”, como lamenta Elsa Artadi, de JxCat, que ve acabado el tiempo de los comuns y cree que los socialistas tienen “nula influencia" sobre la alcaldesa. También le reprochan funcionar como “un tripartito de facto", en palabras de la líder de Cs, Luz Guilarte. Y le echan en cara que haya “agravado problemas como la movilidad”, como defiende Eva Parera de Barcelona pel Canvi. Josep Bou (PP) acusa al gobierno de actuar con “un exceso de ideología y escuchar poco".