Mazón o Sánchez: ¿quién manda en la gestión de una catástrofe?

BarcelonaLa magnitud de los estragos causados ​​por la DANA en la Comunidad Valenciana ha desatado un pulso político entre las dos administraciones afectadas. La Generalitat Valenciana y el gobierno español se han intercambiado reproches sobre quién debería haber cogido el timón en la gestión de la crisis para reducir la tragedia. Así como el presidente valenciano, Carlos Mazón, culpa a la Moncloa argumentando que la dirección general de Protección Civil debería haber emitido alertas móviles con antelación, el ministerio del Interior recuerda que, en realidad, la gestión de los planes de protección civil es responsabilidad de las comunidades autónomas. Algunos partidos, cuerpos militares y de emergencias apuntan al gobierno valenciano. Otros acusan al ejecutivo de Pedro Sánchez de ser el responsable de frenar un dispositivo de rescate cuando la cifra de fallecidos no paraba de aumentar a medida que avanzaban los días. ¿Quién tiene razón?

En situaciones de catástrofes ambientales, la normativa de protección civil establece cuatro niveles de alerta, que decide la comunidad afectada. Los dos primeros (0 y 1) se refieren a situaciones que una comunidad autónoma puede gestionar con sus propios recursos. Desde el 29 de octubre, en Valencia y Castellón está declarado el nivel 2 del plan de emergencias, que implica que la catástrofe afecta únicamente a esta comunidad y que el gobierno valenciano sigue teniendo toda la responsabilidad a la hora de gestionar la crisis. Sin embargo, en este nivel de alerta se establece que la comunidad afectada “puede requerir la asistencia de medios de otras administraciones públicas, en particular de la administración general del Estado”. La petición y aceptación de ayuda depende, pues, del gobierno autonómico.

En cambio, para incorporar efectivos del ejército y aceptar la ayuda de otros países, como la que ha ofrecido por ejemplo Francia, es necesario que el gobierno autonómico lo pida explícitamente al ministerio del Interior. Es competencia del Estado movilizar a los recursos si la autonomía así lo requiere, según marca el Sistema Nacional de Protección Civil. Por tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sólo puede movilizar recursos ajenos al País Valenciano si el gobierno de Mazón lo pide, como ya ha hecho con los miles de agentes de distintos cuerpos policiales.

Descartado el nivel 3

La situación operativa de nivel 3, la de más alto nivel, está pensada para “emergencias de interés nacional” o que afecten a varias comunidades, e implica que el gobierno español asuma toda la responsabilidad y la coordinación de los operativos. Este nivel puede declararse tanto a petición de la comunidad autónoma como por imposición del ministro del Interior. También si el gobierno español declara el estado de alarma, excepción o asedio. Por tanto, para poder trasladar la coordinación de este operativo a Madrid, el gobierno español debería suspender unilateralmente la competencia de la protección civil en el País Valenciano. Una opción que la Moncloa ni siquiera ha previsto porque el Estado se rige bajo un modelo autonómico y sería cómo aplicar un 155. Además, la Generalitat Valenciana tampoco lo solicitó.

La apuesta del gobierno español ha sido unir fuerzas entre las administraciones con el mando de la Generalitat Valenciana y bajo el “principio de coordinación única”. Mazón podría declarar "la emergencia catastrófica", lo máximo que prevé la legislación autonómica, pero no lo ha hecho y no ha asumido personalmente la dirección única del dispositivo. En la situación actual, el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) depende de la consejería competente en protección civil, actualmente la consejería de Justicia e Interior. Este departamento es quien ha adoptado las últimas medidas como restringir el acceso a los pueblos más afectados con vehículo o caminando.