La censura va afilando el ingenio y sofisticando los métodos. En sociedades con déficits democráticos, esto favorece el desarrollo de modos verdaderamente perversos de presionar a la prensa. La pareja de Isabel Díaz Ayuso pidió que el juez intervenga las comunicaciones durante nueve meses de una serie de periodistas que, según su denuncia, participaron en la filtración de su caso. Este secuestro propuesto de los móviles choca frontalmente con uno de los derechos de los periodistas más esenciales, que es el del secreto profesional. Las fuentes deben poder hablar con informadores sin temer que después serán expuestas. La sospecha, claro, es que el ilustre comisionista pide diez meses de comunicaciones y ubicaciones de los profesionales porque sabe que, si se lo conceden, habrá hecho jackpot: tendrá acceso a cientos de conversaciones sensibles, algunas de carácter privado, que pueden dejar a los periodistas en un lugar vulnerable si empiezan a filtrarse y llegar a las redacciones de siempre.
He hablado a menudo en esta columna de las llamadas slapp (acciones judiciales para amedrentar medios sin recursos suficientes para asumir una defensa legal contra empresas de bolsillos mucho más profundos). Son uno de los problemas del periodismo moderno, ya que no se plantean por ganar: sólo por amordazar con el miedo que generan. Lo que ahora pretende elfirst gentlemanmadrileño –investigado por dos fraudes fiscales y falsificación de documentos– es claramente una ofensiva que juega también con la presión máxima y que acaba siendo pura persecución de periodistas, con el agravante del trasfondo político derivado de que él es pareja de quien es. La ganancia, además, es completa porque todo ello le funciona también como excelente cortina de humo: se está hablando mucho más de la filtración que de lo peculiarmodus vivendide la pareja de Ayuso y sus vínculos con la administración pública. Tanto desacomplejamente hiere.