Albert Planell será el nuevo director de la Agencia de Residuos de Cataluña

BarcelonaEl gobierno de Salvador Illa aún mantenía hace una semana más de 200 cargos que habían sido nombrados por el ejecutivo anterior, de ERC, según avanzó el ARA. Sin embargo, la lista va acortándose con salidas como la del hasta ahora director de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), Isaac Peraire, que será cesado este lunes por el consejo de administración de la ARC, después que él mismo reclamara su cese en una carta publicada en la red social X (antiguo Twitter), en la que instaba a nombrar una nueva dirección. El encargado de suceder a Peraire será Albert Planell, que hasta ahora había ocupado el cargo de gerente del Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental.

En la carta dirigida a la nueva consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, el todavía director de la Agencia de Residuos de Cataluña hace un repaso del trabajo realizado durante estos tres años y destaca proyectos como el nacimiento del cluster de residuos de Cataluña, el impulso del Pacto para la Moda Circular o conseguir que 325 municipios catalanes implementen la recogida de residuos puerta a puerta. Peraire también reconoce que hay acciones que no han podido completarse "porque han ido tarde o porque ha faltado tiempo". Serán deberes que queden para su sucesor.

De la retirada de amianto a la esperada ley de residuos

Albert Planell es licenciado en ciencias políticas y sociología y en filosofía y letras, pero en los últimos años se ha especializado en ingeniería de residuos industriales y domésticos y, entre otras cosas, en asociaciones, fundaciones y organizaciones del tercer sector. Después de haberse responsabilizado de la gerencia del consorcio de residuos vallesano durante casi cinco años, Planell ahora toma el cargo de dirección de la ARC.

Sobre la mesa se encontrará una carpeta prioritaria, la de dar luz verde, de una vez por todas, a la esperada ley catalana de residuos, una normativa que tiene como objetivo romper con la cultura de los productos desechables e impulsar la reutilización y el reciclaje en Cataluña y que, en principio, el gobierno anterior dejó encarada una vez presentó el anteproyecto de ley ante las entidades sociales, ambientales y empresariales el pasado mes de abril. Ahora habrá que ver cuáles son los tempos en la nueva etapa socialista para sacar adelante la norma, que, entre otras cosas, prevé obligar a las tiendas textiles de más de 1.200 m² a reservar un espacio para comprar ropa de segunda mano o prohibir la venta de productos que contengan microplásticos. También prevé incentivar económicamente a los ciudadanos para que reciclen cobrando un depósito por envases de plástico, latas o vidrio que se recuperen al devolver el envase vacío, así como un sistema específico para las colillas de cigarrillo, las pilas y baterías, los residuos de aparatos eléctricos y envases de residuos químicos de uso doméstico.

La aprobación de esta ley será un paso importante para llegar a cumplir otro de los deberes pendientes en cuanto a la gestión de residuos en Cataluña: reducir un 15% los residuos en el año 2030 y que, de aquí a una década, más del 80% de los envases de cerveza y refrescos sean reutilizables; un hito por el que el gobierno necesitará contar con la complicidad no sólo de los ciudadanos, sino también de las empresas.

Por otra parte, entre los objetivos más urgentes de la nueva etapa de la Agencia de Residuos de Cataluña también está la retirada y gestión del amianto que todavía existe en muchos puntos del país. Aunque el año pasado el gobierno de Aragonès aprobó el Plan Nacional para la Erradicación del Amianto en Cataluña 2023-2032, el último censo, en abril, mostró que todavía hay muchísimo trabajo por hacer: en Cataluña hay más de 122.000 tejados con amianto y siete de cada diez municipios aún no han investigado dónde ni qué cantidad hay entre sus construcciones, según recogió la síndica de agravios en un informe este verano. Éste es un dato preocupante teniendo en cuenta que, según marca la ley estatal, todos los ayuntamientos deberían haber elaborado el censo y el calendario de la retirada de este material antes de abril del 2023.