La ATM adelanta hasta 14 millones de euros a la empresa adjudicataria para que termine la T-Mobilitat

BarcelonaEl proyecto de la T-Mobilitat, el polémico sistema de tarjetas recargables para sustituir los actuales billetes de cartón en el transporte público, colgó de un hilo el otoño pasado. Después de que CaixaBank —tal como avanzó ayer domingo el ARA— amenazara con retirarse del proyecto, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) movió ficha para evitarlo y asegurarse de que la T-Mobilitat salía adelante con la configuración inicial, es decir, con un consorcio —SOC Mobilitat— liderado por la misma CaixaBank además de Indra, Fujitsu y Marfina.

La concesionaria se había quedado sin dinero, entre otras cosas porque CaixaBank, cansada de incumplimientos en los compromisos de pago del consorcio, retiró la financiación el año pasado. Para desbloquear la situación, la ATM decidió adelantar una parte de los ingresos a la empresa, "hasta un máximo de 14 millones de euros (IVA excluido)" en 2021, para garantizar "la liquidez" de la concesionaria y asegurarse que finalizará la tarea que le encomendaron en 2014. Así consta en el último informe jurídico, redactado para justificar los motivos de la administración ante una nueva modificación (la cuarta, en concreto) del contrato original. La ATM ha confirmado al ARA que desde finales de diciembre ya se han pagado 10,6 millones, IVA aparte.

La autoridad del transporte asegura que este adelanto no tiene impacto en los números del proyecto, porque este dinero se tenía que pagar igualmente a lo largo del contrato de concesión. En concreto, el dinero anticipado corresponde a "ingresos por tarifa de gestión garantizada de los últimos dos años" de la concesión, que acaba en 2033. Es decir, la empresa empezará a cobrar una parte del dinero previsto antes incluso de que la tarjeta esté en marcha o que se haya establecido un calendario definitivo para su implantación.

La administración, de hecho, reconoce que este pago no previsto en el contrato inicial "modifica" las retribuciones pactadas y que SOC Mobilitat recibe con este dinero "un flujo de caja que no recibiría según las previsiones iniciales del contrato".

La ATM argumenta que la modificación se hace "atendiendo a la situación excepcional en la que nos encontramos" después de la pandemia, los múltiples retrasos y la amenaza de retirada de CaixaBank y la justifica "con tal de preservar el mantenimiento del contrato del proyecto T-Mobilitat, garantizar el servicio público derivado y facilitar liquidez a la sociedad contratista para hacer viable la puesta en servicio".

El informe señala que llegar a un acuerdo con la concesionaria es básico porque el sistema no podría soportar que el proyecto —que ya acumula seis años de retrasos y sobrecostes multimillonarios— se parara y una nueva empresa se tuviera que volver a hacer cargo de todo desde cero. De hecho, según sus cálculos, desgarrar el contrato con la actual concesionaria aplazaría la T-Mobilitat cuatro años más, con los sobrecostes que esto implicaría (por ejemplo, el mantenimiento de los billetes de cartón actuales cuesta a la administración 6 millones de euros anuales, tal como también ha explicado este diario).

Los problemas de implantación que está teniendo la T-Mobilitat son sobre todo de tipo tecnológico, según se desprende del informe, en el cual se afirma que la ATM tiene una "grave preocupación" cuando se empiezan a hacer pruebas en operadores como los Ferrocarriles de la Generalitat o el Tranvía de Barcelona. El socio tecnológico del consorcio, Indra, recibió quejas de las otras empresas de SOC Mobilitat y, durante 2020, esta compañía llegó a anunciar que dejaba de prestar sus servicios al proyecto.

Un impacto económico "neutro", según el ATM

El informe se esfuerza en remarcar hasta una decena de veces que el adelanto de hasta 14 millones, que salen del fondo de reserva de la autoridad del transporte, tiene "un impacto neutro" sobre el coste total del proyecto. "Esta retribución ya quedaba garantizada a la sociedad contratista durante la fase de explotación del proyecto T-Mobilitat y, por lo tanto, no supone mayor impacto económico ni retributivo en favor de esta", reitera. "Simplemente, dadas las dificultades —sigue el informe— únicamente pretende adaptar el sistema retributivo inicialmente previsto".

Así, el acuerdo al cual llegaron la concesionaria y la ATM en diciembre para sacar adelante la T-Mobilitat también incluye un sistema de regreso de este dinero anticipado: es un adelanto que la ATM prevé recuperar de aquí a 10 años. Entonces, en 2032 y 2033, la cantidad pagada se deducirá "mes a mes" de los ingresos efectivos que esté teniendo SOC Mobilitat en concepto de tarifa de gestión. Ahora bien, esta devolución dependerá de que el proyecto no sufra nuevas trabas y que se mantengan las previsiones de ingresos.

Para disminuir los riesgos, la ATM también pone algunas condiciones a la concesionaria, como por ejemplo que haga un nuevo plan económico y financiero (que se tenía que presentar el pasado 31 de enero) y que implante las fases 1 y 2 de la T-Mobilitat (para las cuales el informe no pone fecha). Si no se cumplen estos requisitos, la empresa adjudicataria tendrá que devolver el dinero. El primero de los condicionantes, el plan financiero, no se ha presentado todavía. Según confirma la ATM, se ha decidido ampliar el plazo de entrega de este plan hasta el 31 de marzo.

Parar el proyecto tendría "consecuencias nefastas" y generaría "rechazo"

Durante las más de 90 páginas que tiene el informe, la ATM expone los motivos por los cuales considera indispensable este cambio de criterio en la retribución. La autoridad del transporte asegura que un nuevo retraso en la ejecución de la T-Mobilitat o cualquier situación de parada del proyecto y del contrato "tendría un impacto nefasto, no solo en recursos económicos del sistema, sino también hacia el usuario y hacia los operadores, debido a las numerosas consecuencias negativas para el interés público".

La ATM detalla en cantidad suficiente las consecuencias económicas, sociales y de reputación que supondría un nuevo atraso y asegura que la ciudadanía vería con "rechazo" un fracaso del proyecto.