Sociedad 09/06/2021

Una nueva ley antidesahucios recuperará la que tumbó el TC

La norma tiene el apoyo de ERC, Junts, la CUP y los 'comuns' y se tendría que aprobar en octubre

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BarcelonaERC, Junts, la CUP y En Comú Podem han registrado este martes en el Parlament una proposición de ley para recuperar el decreto ley antidesahucios 17/2019, que el Tribunal Constitucional tumbó en enero. Impulsada por las mismas entidades que ya sacaron adelante la iniciativa legislativa popular que consiguió la ley 24/2015 de emergencia habitacional, la norma tiene suficiente apoyo para que se apruebe en el Parlament. Pero, a pesar de que se tramitará por la vía de urgencia, no se prevé que se pueda validar hasta octubre, y la moratoria de los desahucios por el covid-19 se acaba a principios de agosto.

La proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional recuperará la protección de las familias vulnerables y las obligaciones para bancos, fondos de inversión y grandes propietarios en general. Así pues, prevé que antes de empezar cualquier proceso de expulsión los grandes tenedores de vivienda tengan que ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables a las que se les acabe un contrato de alquiler, les hayan ejecutado una hipoteca o incluso, en ciertos casos, estén ocupando un inmueble vacío desde hace dos años o más. Como novedad, establece un plazo máximo para hacerlo: un mes y, según ha explicado Josep Babot, portavoz del grupo impulsor, permite interrumpir un proceso de desahucio que ya esté en marcha. Además, permite que los beneficiarios de un alquiler social, siempre que sigan siendo vulnerables, lo puedan renovar una vez.

También cambia la clasificación de los grandes tenedores, que se tendrán que inscribir en un registro: lo siguen siendo las personas físicas con más de 15 viviendas pero las personas jurídicas pasan a serlo a partir de 10. Los cambios pretenden evitar que algunas empresas busquen maneras de esquivar el cumplimiento de la norma. La proposición de ley, además, prevé que la administración pueda reclamar a un propietario que ocupe un piso o una casa que haga más de dos años que está vacía, y avisarlo de que si lo incumple puede llegar a tener que pagar mil euros al mes o incluso se lo puede llegar a expropiar temporalmente por la fuerza para que la administración misma lo alquile.

El Constitucional tumbó el decreto ley 17/2019 porque consideró que se habría tenido que tramitar como una ley, por una cuestión "formal", ha explicado Babot. Por eso confían en que, tramitándola como una ley, no se suspenderá. "La primera ley social de este Parlament será la que recuperará los alquileres sociales obligatorios para parar los desahucios", ha afirmado la portavoz del grupo impulsor de la proposición, Lucía Delgado, cuando ha presentado la proposición. Ha añadido que la pandemia ha agravado la emergencia habitacional y que 3.500 familias han perdido el alquiler social que tenían por culpa de la decisión del Constitucional. Delgado, sin embargo, ha destacado que es urgente que se apruebe la proposición cuanto antes mejor: "Calculamos que vendrá un tsunami con 26.000 desahucios en otoño" si no se hace nada para pararlo, ha avisado. Esta proposición de ley pretende frenar el alud.

Desalojos durante la pandemia

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre de este año, a pesar de que continuaba activa la moratoria por el covid, en Catalunya cada día se echó a 27 familias de su casa porque no podían pagar la hipoteca o el alquiler. Más de una por hora. Y esto sin contar los desalojos de ocupas. Catalunta sigue siendo la comunidad donde se hacen más desahucios: durante el primer trimestre se hicieron 2.437, un 6,2% más que en el trimestre anterior, la mayoría de ciudadanos que no podían pagar el alquiler (1.836). De hecho, las expulsiones por impago del alquiler crecieron un 7,8% respecto a los tres meses anteriores. El año pasado, a pesar de que la pandemia estaba en el punto más álgido, los desahucios tampoco se pararon del todo, muchos se frenaron, pero se llegaron a hacer 5.737. Los juzgados también recibieron 746 casos de viviendas ocupadas, y durante el primer trimestre del año ya se han denunciado 189. La exposición de motivos de la proposición recuerda que entre el 2008 y el 2020 se hicieron 135.739 desahucios en Catalunya, "el equivalente a 336.633 personas desahuciadas en 13 años".

A pesar de estas cifras, el consejo de ministros ha aprobado este martes mismo un decreto que habilita a las autonomías para pagar compensaciones a los propietarios de viviendas con desahucios parados por las medidas para proteger a personas vulnerables durante la pandemia. Las autonomías podrán usar el dinero del plan estatal de vivienda para compensar las pérdidas a los propietarios que tuvieran el inmueble alquilado o en proceso de vender o alquilar si quienes se tenían que desahuciar han estado ahí como mínimo tres meses de más.

El diputado de ERC Pau Morales ha destacado que la proposición era un "compromiso" de los acuerdos de investidura y que permitirá esquivar la decisión del Tribunal Constitucional, a pesar de que se tiene que aprobar "cuanto antes mejor para poder aprovecharla". La diputada de Junts per Catalunya Glòria Freixa ha pedido a los otros grupos que los ayuden a reclamar más recursos para la vivienda en España, y ha asegurado que la infrafinanciación los ha "obligado" a sacar adelante esta ley para dar respuesta a las familias afectadas. Por su parte, Montserrat Vinyets, diputada de la CUP, ha añadido que hacen falta más políticas "que vayan más allá" de esta ley y ha invitado a los grupos a superar "el marco competencial" proponiendo, incluso, que se haga una ley catalana de arrendamientos urbanos. La diputada Susanna Segovia, de En Comú Podem, ha criticado la pinza del Constitucional y el PP –que presentó el recurso– para tumbar el decreto ley, y también ha reclamado más recursos. Ha dicho que el Govern destina menos del 1% de los presupuestos a la vivienda y ha puesto como ejemplo a seguir el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de su partido, que, según ha asegurado, destina a ello un 8%.

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